ALICANTE. El grupo municipal Cambiemos Orihuela acusa a los responsables de Urbanismo de "inacción" ante las infracciones del Club Máximo. De no acometer las medidas amparadas por la legislación dado el tipo y variedad de infracciones, el grupo municipal no descarta emprender acciones legales.
Desde mayo, la Policía Nacional y la Policía Local han llevado a cabo en este establecimiento siete intervenciones. Fruto de éstas, solicitan en un escrito a la concejalía de Urbanismo, a principio de mes, el cierre del local. El "objeto del negocio es el amparo del ejercicio de la prostitución". En este sentido, explican, no cabe la intervención por la vía penal dado que no se ha podido comprobar que se coarta la libertad de quien ejerce la prostitución en este espacio. Tampoco cuenta con las licencias correspondientes para desarrollar la actividad económica que desempeña. Ofrece espacios dedicados a contratar habitaciones, cafetería y terraza.
En las inspecciones han corroborado que las actividades desempeñadas se hacen sin licencia, incumple las medidas de seguridad y sanidad, el aforo máximo autorizado y no disponer de responsabilidad civil. Además, en referencia al estado actual y de los últimos meses de pandemia, señalan el quebrantamiento del estado de alarma en materia de movilidad, entre otras medidas ante la covid.
A finales de septiembre, el grupo municipal denunció formalmente en un escrito dirigido a la concejalía de Urbanismo la situación del local. Recuerda que el municipio se adhirió a la Red de Municipios Libres de trata y explotación sexual. "Sin denuncia de alguna de las mujeres no es posible saber si existe situación de vulneración de sus derechos. Lo que sí sabemos es que se ejerce en régimen de alquiler de habitaciones, la llamada tercería locativa, que está a las puertas de volver a incluirse en el Código Penal. Entendemos que desde las entidades locales cabe margen político de acción en esta materia por los motivos explicados que son más que suficientes para el cierre del local" señalan en un comunicado.
En octubre, el área de Urbanismo comunicó a los responsables de la empresa la apertura de un procedimiento de disciplina ambiental. Se le emplazó a subsanar las reclamaciones detalladas en el plazo de diez hábiles. De no hacerlo, le detallan, podría iniciarse el cierre o clausura de la actividad, y se adoptarían las sanciones que las infracciones implica, mediante los órganos competentes de la Generalitat Valenciana y del propio Ayuntamiento. Los propietarios presentaron alegaciones. En ella explican que desarrollan su actividad desde 2001, y en 2015 y 2018 presentaron declaraciones responsables, que no fueron aprobadas dado que el establecimiento no reúne las licencias correspondientes. En febrero de este año solicitaron a la Conselleria la Declaración de Interés Comunitario (DIC). En sus alegaciones explicaban que dado que estaba en proceso de tramitación la DIC, solicitaban la suspensión cautelar de clausura o cierre. Según muestra la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la solicitud de la DIC ya está resuelta con un resultado de "inadmitido a trámite".
Hace unos días, el área de Urbanismo otorgaba al propietario dos días hábiles para presentar alegaciones. Al no contar con licencia, y tras los informes policiales en cuanto a quebrantamiento de la normativa sanitaria contra la covid, es considerado como un foco de difusión del virus. Por esto solicita a la autoridad competente que evalúe sobre la conveniencia o no del cierre. En cuanto a las medidas provisionales y las sanciones los órganos competentes son la Generalitat y el Ayuntamiento. "El Gobierno local tiene competencia para llevar a cabo el cierre del prostíbulo tal y como establece la legislación valenciana 14/2010 en materia de espectáculos, actividades y establecimientos, en su artículo 316. E incluso de forma previa y con carácterurgente al inicio de procedimiento sancionador" manifiestan desde la formación.
