Una asociación de padres pide al Gobierno que lleve al Constitucional la Ley de Plurilingüismo

ALICANTE. La asociación alicantina de padres de alumnos Idiomas y Libertad, creada expresamente para oponerse a la aplicación de la Ley de Plurilingüismo de la Generalitat, ha pedido al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa autonómica, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anulase esta misma semana el decreto-ley de plurilingüismo (que la Conselleria aprobó para poner en marcha la actual Ley, cuando el mismo TSJCV suspendió la aplicación del decreto original en 2017 por el recurso de la Diputación de Alicante). 

La asociación, una de las más combativas con la política lingüística del Consell, y que ha organizado ya varias manifestaciones en Alicante junto a otras asociaciones y sindicatos, propone la misma medida al Defensor del Pueblo, o a un grupo de 50 diputados o senadores, dado que también están habilitados para presentar ese recurso ante el Tribunal Constitucional. La asociación recuerda que el recurso que ha anulado parcialmente el decreto derogado por Educación fue presentado por el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, del cual forma parte junto a Concapa y Covapa.

Idiomas y Libertad considera que los mismos motivos que han servido al TSJCV para anular el decreto-ley de 2017 (que se basaba en otro decreto suspendido cautelarmente) se han trasladado a la ley de 2018, por lo que los Programas Lingüísticos de Centro establecidos en la nueva ley serían, a juicio de la asociación, también ilegales. Por este motivo la asociación pide "de manera urgente la interposición de un recurso de inconstitucionalidad al Gobierno Central, actuando con determinación y firmeza, a diferencia de otras actuaciones del pasado que pretendían, como primer objetivo, evitar enfrentamientos con los gobiernos regionales".

Al mismo tiempo, "ante una previsible inacción del Gobierno Central, queremos solicitar la ayuda de 50 diputados o 50 senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad con carácter urgente". Para este recurso están legitimados el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores o el presidente del Gobierno. Puede interponerse en el plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de la ley (plazo para el que restan tres semanas). El plazo puede ampliarse a nueve meses en el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el presidente del Gobierno.

Por otra parte, la asociación pide a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio para determinar si Miquel Soler (secretario autonómico de Educación) y Vicent Marzà han incurrido en un delito de prevaricación y desobediencia, puesto que los designados por la Generalitat como responsables de hacer cumplir el auto de suspensión cautelar del Decreto 9/2017, tal como se trasladó al TSJCV. "Incluso al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por tratarse de una cuestión de responsabilidad en daños irreparables en la educación de un gran número de menores, agravado con reincidencia al dar continuidad a un decreto suspendido a través del Decreto Ley 3/2017, e incluso de la Ley 4/2018, publicada con anticipación a la sentencia para esquivar la legalidad vigente".