ALTEA, (EFE). El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha presentado una denuncia penal ante el juzgado de guardia contra el alcalde de Altea, Jaume Llinares, de Compromís, y también contra el concejal de Personal, Rafael Mompó, y el secretario accidental municipal por un presunto delito de prevaricación administrativa al no reincorporar en su puesto al intendente jefe de la Policía Local, cesado recientemente.
Desde el sindicato han afirmado que el cese del intendente es “ilegal” por cuanto se basa en una sentencia judicial sobre un proceso selectivo “que ya no está en vigor”. Además, han indicado que el intendente jefe participó y aprobó otro proceso selectivo distinto para cubrir en propiedad esa plaza “que nunca fue impugnado ni está afectado por ninguna sentencia judicial”.
Tras solicitar la “restitución inmediata” del intendente en su puesto el secretario general de esta central sindical, Francisco Ángel González, ha explicado que han esperado "un tiempo prudencial para que recapacitaran y accedieran a nuestras peticiones, pero nos hemos encontrado con personas que evaden sus responsabilidades que mienten y falsean la realidad”.
Por ello han interpuesto denuncia penal ante quienes consideran responsables del cese y “contra todos aquellos que aparezcan responsables durante la tramitación de la causa”.
González ha recordado que el IVASPE dio quince días al alcalde para nombrar al intendente jefe como funcionario de carrera pero que no lo hizo, y ha añadido que su sindicato no va "a tolerar situaciones chapuceras que pueden ser constitutivas de un posible delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal”.
De esta forma, ha acusado al gobierno alteano de “poner cortinas de humo para evadir su responsabilidad y lavarse las manos después del perjuicio causado”.
Por su parte desde el ayuntamiento han manifestado que el SPPLB “está en su derecho” de acudir a los tribunales pero que desde el gobierno no se van a “dejar presionar” y además también ejercitarán las acciones que crean convenientes.
Desde el consistorio argumentan que el cese del intendente se debe al cumplimiento de una sentencia judicial y que, pese a que el trabajador cesado aprobó otro proceso selectivo, no se puede "cubrir aun la plaza de intendente porque, por normativa, para ello debe haber dos inspectores y en el ayuntamiento solo hay uno”.
Aún así, afirman que “en breve” se va a convocar el proceso selectivo para cubrir la otra plaza de inspector y ello posibilitaría al consistorio disponer de un intendente jefe.
