BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha salido airoso de otro recurso sobre la gestión de los terrenos privados que hay en el Parque Natural de Serra Gelada. Una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº4 de Alicante del pasado 29 de marzo desestima las pretensiones del histórico empresario Antonio Manuel Puchades Orts. Alegaba silencio administrativo positivo sobre la solicitud de indemnización en función del convenio firmado en 2003 por los terrenos que se quedaban sin urbanizar tras su protección ambiental.
Como se recordará, el Ayuntamiento arrastra desde hace 18 años un acuerdo con los empresarios por el que se comprometían a compensar con edificabilidad en otros terrenos esas parcelas que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. Se daba un plazo de cinco años, pero los empresarios siguen sin respuesta y con aprobación de prórrogas durante los lustros siguientes.
En concreto, el empresario recurrió ante la magistrada lo que ellos consideran silencio administrativo positivo a la solicitud efectuada en agosto de 2018. En él pedían la indemnización económica por el valor del aprovechamiento urbanístico no compensado. Además, iba contra la resolución de julio de 2020 que desestimaba el recurso de reposición que presentaron en este sentido, tal y como contó este diario en su momento. Asimismo, alegaban que se había incumplido con el convenio de 2003 por no haber dado respuesta a su solicitud.
Hay que recordar que Puchades reclamaba entonces que se le compensara mediante el abono de 230 millones de euros sobre la base de un informe pericial aportado por el interesado. Pasaron los tres meses sin obtener contestación, por lo que entendió que se le había concedido por silencio administrativo positivo.
Ttras la revisión del expediente y la valoración de la prueba en la vista, la magistrada ve "claro y palmario" tres puntos: que el convenio sigue en vigor, la empresa ha cedido los terrenos pero el Ayuntamiento no ha cumplido con su parte de indemnización y la potestad de la misma para pedir ahora su valor económico. Además, señala que el Consistorio ha incurrido en una "clara" inactividad por no haber satisfecho la petición. Por ello, insiste que se tendría que haber cuantificado el importe para cumplir con el convenio y abonar la cuantía correspondiente.
Sin embargo, esto no significa que esté de acuerdo con el precepto de que hay silencio positivo. Así, señala que para ello tendría que haberse abierto un procedimiento contradictorio sobre la cuantía a abonar. Esto implica una audiencia entre las dos partes implicadas y no quedar por tanto "al arbitrio de una sola de las partes contratantes", como era el caso. Finalmente, y abordando el recurso en cuestión, el fallo lo desestima en base a que en los convenios de este tenor el silencio administrativo sirve para rechazar la solicitud, y no para lo contrario, como defiende el demandante.
Sobre este asunto se libra otra batalla judicial que está tardando más en el tiempo y que como la propia sentencia relata, sigue abierto en los juzgados. Se trata de la demanda del otro empresario, Quico Murcia Puchades, que en su caso reclama 280 millones de euros por el mismo motivo.
