El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al acudir a la Fiscalía para prestar declaración. Foto: EFEALICANTE. Las comparecencias del exconcejal de Cultura, Daniel Simón (Guanyar), y de la jefa de servicio de esa misma concejalía de este lunes, en relación al llamado caso despido, en el que se indaga el supuesto cese irregular de una trabajadora interina familiar del portavoz municipal del PP, da prácticamente por finalizada la instrucción de las diligencias seguidas contra el alcalde, Gabriel Echávarri, y el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 aguarda ahora la entrega de un informe sobre la situación de los empleados municipales solicitado al propio Ayuntamiento de Alicante: posiblemente, se trate de la última diligencia antes de tomar una decisión sobre el futuro de la investigación con un auto de archivo o de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado (la antesala de la apertura de juicio).
El informe en cuestión debe precisar un dato concreto: cuántos empleados interinos trabajaban en el Ayuntamiento hasta abril de 2017. Es decir, justo la fecha en la que se precipitó el despido de la cuñada del líder municipal de los populares, Luis Barcala. Según las fuentes consultadas, la petición formal de elaboración de ese informe llegó a la Concejalía de Recursos Humanos la semana pasada. Según las mismas fuentes, ya estaría redactado y se prevé darle traslado al juzgado en las próximas horas.
La información sobre ese listado de trabajadores contratados sin cargo a plaza podría ser relevante para dilucidar si pudo actuarse de manera intencionada al acordar el cese de una trabajadora municipal en concreto cuando existían decenas de empleados en sus mismas condiciones. O, incluso, si pudo existir dejación de funciones al no ordenarse el despido del conjunto de esos interinos para dar inicio al proceso de contratación público que permitiese cubrir esas plazas, como señala la denuncia presentada por dos activistas vecinales que propició el inicio de las pesquisas por parte de la Fiscalía.
Hasta el momento, el primer edil ha venido manteniendo tanto en varias de sus comparecencias públicas como en sus declaraciones en Fiscalía y en el juzgado que ordenó el cese de la cuñada de Barcala porque se encontraba en fraude de ley, al seguir trabajando para el Ayuntamiento pese a que las funciones para las que había sido contratada (la apertura y puesta en funcionamiento del centro cultural de Las Cigarreras y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante) ya no existían. Además, ha venido sosteniendo que si acordó su despido y no el del resto de trabajadores fue porque su situación concreta era sobre la que tenía un mayor conocimiento puesto que se le había expuesto tras su llegada a la Alcaldía como uno de los ejemplos más clamorosos de esa situación irregular. En esta línea, también ha defendido que, de no haber acordado el cese, habría estado consintiendo una anomalía. Y, además, ha recalcado que, durante la campaña electoral, había adquirido el compromiso político de acabar con esas anomalías en Personal.
Con todo, lo cierto es que el propio primer edil también llegó a reconocer en su cuenta en una conocida red social que pudo haber acelerado el cese de la familiar de Barcala después de que el grupo municipal del PP registrase su denuncia en Fiscalía contra el auto judicial que plantea su procesamiento. Esa denuncia también derivó en la imputación del primer edil, junto a la de su jefe de gabinete, Lalo Díez, y la del asesor de Comercio, Pedro de Gea. Los tres han presentado recursos contra el auto judicial que plantea su procesamiento, todavía pendientes de resolución en la Audiencia Provincial.
Por lo pronto, como ha informado este diario, el exconcejal de Cultura y ahora edil en la oposición, Daniel Simón (Guanyar), se ratificó este lunes en las apreciaciones que ya trasladó a la Fiscalía en relación al despido de la trabajadora interina adscrita a su departamento, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.
Como avanzó Alicante Plaza, Simón reflejó, en ese informe requerido por el Ministerio Público, que él no había solicitado el cese de esa trabajadora, ni tampoco el del resto de empleados (en torno a otros diez trabajadores) que se encontraban en su misma situación: contratados sin cargo a plaza, sin haber superado una oposición.
En su comparecencia en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2, Simón insistió en que si hubiese solicitado el despido de esa empleada o de cualquier otro interino habría incurrido en una irresponsabilidad, ya que en su departamento se requería personal adicional y en ningún caso podía prescindir de ningún empleado. De hecho, abundó en que, cuando tomó posesión del cargo, en 2015, la plantilla adscrita a la concejalía se había reducido en 17 personas. Es más, según añadió el regidor al término de su declaración, el mismo pidió verbalmente a los responsables de Recursos Humanos que abordaran esta situación y sacaran las plazas de los interinos a concurso público, pero siempre desde una perspectiva "colectiva y sin individualizarlo en nadie". Además, añadió que, en el tiempo en el que se demorase ese proceso, debía mantenerse el personal existente.
