ALICANTE. La oficina de información turística promovida por la Generalitat en la Plaza de Levante del Puerto de Alicante, junto al Paseo de La Explanada, se encarrila hacia el final de su montaje. El departamento autonómico de Turisme confía en que la empresa adjudicataria de su diseño, construcción e instalación concluya los trabajos antes del mes de junio.
No obstante, todavía no existe fecha concreta para su apertura al público, entre otros motivos porque, una vez terminada, debe proveerse de suministros (luz, agua, conexiones telemáticas, etc.) tras la ejecución de las correspondientes obras de acometida y, además, dotarse del mobiliario requerido. A priori, esa dotación se cubrirá con el sobrante de los 700.000 euros destinados inicialmente a su diseño y construcción: alrededor de 150.000 euros, ya que los trabajos se adjudicaron a la empresa granadina Pramoram por un importe de 534.166 euros.
Además, esa hipotética inauguración sin fecha cierta, todavía quedaría supeditada a la negociación impulsada por el Ayuntamiento de Alicante para que pueda debatirse sobre el traslado de la estructura a otra localización que no generase el supuesto rechazo social que, según el equipo de Gobierno, sí suscita su ubicación actual. Ese fue, cuando menos, el punto acordado en el encuentro celebrado hace un mes entre el alcalde, Luis Barcala (PP) y el secretario autonómico, Francesc Colomer.
Como publicó este diario, ambos se emplazaron entonces al desarrollo de una próxima reunión de la comisión de seguimiento del proyecto, constituida por convenio entre las dos partes, para analizar posibilidades jurídicas y costes económicos de ese posible desplazamiento a otro espacio que generase consenso.
Hasta el momento, lo cierto es que -con la llegada de la Semana Santa, la celebración de las elecciones generales y autonómicas y el inicio de la campaña de las municipales- Turismo no ha recibido ninguna petición de convocatoria de esa comisión, ni tampoco ha tenido acceso a los informes municipales sobre esos dos aspectos: posibles consecuencias legales y costes económicos. Mientras, las tareas de montaje no se han suspendido en ningún momento.