Tres presidentes y un dueño

ALICANTE. Este miércoles el Hércules realiza su tradicional ofrenda a la Santa Faz. La comitiva blanquiazul estará encabezada por quien se convertirá oficialmente mañana en su nuevo presidente: Quique Hernández.

El club buscará la indulgencia de la Faz Divina por la celebración coincidente con su festividad de una Junta General de Accionistas en la que se hará oficial la renuncia como consejero y presidente de Juan Carlos Ramírez, solo tres meses después de que los accionistas le votaran como tal, y su sustitución por un Hernández que se convertirá en el tercer máximo mandatario del club en menos de un año. La nómina de presidentes (Carlos Parodi no solo lo era en la última visita al Caserío, hace menos de doce meses, es que es quien firma la convocatoria de la Junta del jueves al no haber dado tiempo a inscribir a Ramírez en el Registro Mercantil) no supera por muy poco a la de entrenadores (Luque, Siviero, Claudio y Visnjic) y contrasta sobremanera con la de dueños, ya que este sigue siendo el mismo: la Fundación, con Enrique Ortiz tras ella, por supuesto.

Todo y haberse subastado públicamente y por partida doble la deuda de aquella con el banco del Consell, un derecho de crédito cuyo pago está garantizado con la mayoría accionarial del club, e incluso haber adjudicatario, Zassh Tecnológica, una sociedad en la que el hermano de Ortiz era el administrador único hasta hace poco más de dos meses cuando fue sustituido por Javier Portillo y el propio Ramírez, el Hércules continúa teniendo a la Fundación como propietaria ya que, pese a su insolvencia, Zassh no ha ejecutado la garantía (las acciones) con la que respalda el impago de su deuda.

Un embrollo mayúsculo, propio de un club desde el que hace también un año se amenazaba falsamente a la Agencia Tributaria con solicitar la liquidación voluntaria si esta no accedía a concederle un nuevo aplazamiento de la deuda, ya que hoy continúa funcionando con normalidad, pese a los embargos por más de 4,5 millones de euros del fisco, algo que entre otras razones ha llevado recientemente al Tribunal General de la Unión Europea a denegarle la suspensión cautelar del efecto de la decisión de recuperación por la que la Comisión le reclama el pago inmediato y efectivo de otros siete millones de euros. Y todo lo anterior, con la deuda con los acreedores ordinarios refinanciada por estos por segunda vez en cinco años como trasfondo.