ALTEA. Un grupo de vecinos ha recurrido el acuerdo plenario de Altea por el que se aprobaba la contribución especial para las obras en la urbanización de La Galera de las Palmeras. El Ayuntamiento establecía un coste de los trabajos de 677.867 euros, de los cuales, los titulares tenían que asumir alrededor de unos 610.000 euros, el resto lo abonan las arcas municipales. Sin embargo, más de una decena de propietarios han mostrado su disconformidad, a la espera de que la administración local les dé una respuesta a este conflicto que se ha generado.
Tal y como explicó en su día Alicante Plaza, el pleno del pasado 29 de febrero aprobó la ordenanza municipal reguladora de las contribuciones especiales para las obras. Contó con el voto a favor del gobierno local formado por Compromís y PSOE, mientras que el PP y Vox se abstuvieron. Días después, el documento salió a información pública para que cualquier interesado pudiera presentar alegaciones, como así ha ocurrido con los propios propietarios que tendrán que asumir estas cantidades.
Los trabajos están plasmados en un proyecto presentado de manera externa y revisado por los técnicos municipales, según informaron durante la sesión. Cuenta con todos los informes favorables que concluyen que se ajusta a la legislación vigente. A grandes rasgos, abarcan la mejora de esta exclusiva urbanización atendiendo también a la incorporación de 44 viviendas a la red de saneamiento. A su vez, este documento recoge que el reparto se hace en función de la extensión de terreno de cada uno de los dueños de los suelos.
Este diario ha tenido acceso al contenido de los recursos presentados contra el acuerdo plenario, que lamentan la "indefensión" en la que han dejado a los vecinos de esta urbanización al haber conocido el proyecto y los importes una vez se había aprobado por la Junta de Gobierno Local, además de asegurar que no han recibido notificación personal de lo autorizado en la sesión. Al mismo tiempo, hablan de incumplimientos para iniciar el proceso para la presentación del recurso.
Este se basa en varias argumentaciones. Por un lado, alegan la improcedencia de las contribuciones especiales, afirman que la promotora es una sociedad mercantil y como tal, no podría acceder a prestar el servicio, a lo que añaden que se trata de una empresa que no presenta sus cuentas anuales desde 2010 y según ha podido saber este diario, llegó a aprobar el cierre de hoja registral en junio de 2015. Por otro lado, añaden que con la obra no se está beneficiando a todos los propietarios relacionados con la resolución puesto que muchos de ellos cuentan con algunas instalaciones alternativas.
A su vez, los propietarios consideran que la aplicación del 90% máximo para la participación de los vecinos en el presupuesto es "arbitraria". Para ello, se acogen a que el Ayuntamiento podría haber optado a subvenciones o ayudas europeas para reducir los costes.
Ante todo esto, el Ayuntamiento explicó que en la actualidad están estudiando los recursos para poder dar respuesta.
