Trasvase, costas, puerto... las turbulentas relaciones entre Transición Ecológica y el Consell

VALÈNCIA. La última semana ha reflejado un capítulo más del conflicto entre el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera y la Presidencia de la Generalitat que ostenta su compañero de partido, el socialista Ximo Puig. En esta ocasión, el rifirrafe se ha concentrado en una de las discrepancias que venía arrastrándose desde tiempo atrás: el trasvase Tajo-Segura. Pero en lo que llevamos de legislatura varios han sido los desencuentros del Consell con el departamento de la también vicepresidenta tercera del Gobierno central, a la que dirigentes del PSPV le achacan "poca sensibilidad estratégica" con el Ejecutivo autonómico.

Bien es cierto que, posiblemente, por el asunto en cuestión y la problemática estratégica que supone para Puig, este último desacuerdo ha sido el más ruidoso. Desde Transición Ecológica se acometió por la puerta de atrás una modificación del acuerdo alcanzado en el Consejo del Agua que abría la puerta al recorte del trasvase Tajo-Segura, una transferencia hídrica fundamental para los regantes alicantinos. Las protestas valencianas no se hicieron esperar y la ministra salió al cruce con palabras que disgustaron notablemente en el Palau de la Generalitat y a los afectados: "Sus demandas no son compatibles con el interés general".

Durante los siguientes días, la Administración valenciana trató de tender puentes bajo amenaza de recurso pero el Gobierno, aunque suavizó algunas cuestiones, terminó por sacar adelante un plan de cuenca que mandaba a un segundo plano las posiciones valencianas. Aunque se harán revisiones anuales, sí se recortará el trasvase. Como venda tras la herida, Ribera anunció una rebaja del precio del agua desalada y lisonjeó al presidente Puig en su intervención tras el Consejo de Ministros.

Un balance insuficiente para los socialistas valencianos, que saben que se juegan en Alicante muchas de sus opciones de continuar gobernando tras las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Para mayor estupor, en el PSPV circulaba este jueves la información publicada por el diario El Mundo con la conversación que habría mantenido el presidente manchego, Emiliano García-Page -con quien Puig ha tenido varios roces-, con la ministra y en la que se cerró el acuerdo para el recorte del trasvase.

En esta provincia, precisamente, ya llueve sobre mojado tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado anunciados meses antes. De nuevo Alicante se veía perjudicada en las inversiones territorializadas del Gobierno de España, una circunstancia ante la que tuvo que reaccionar el Botànic vía enmiendas y también con ciertas compensaciones aplicadas en las cuentas autonómicas. Se produce la circunstancia que la provincia tenía asignadas más inversiones de las reflejadas aparentemente, pero muchas de ellas se encontraban en el 'cajón de sastre' del Ministerio de Transición Ecológica sin territorializar, un hecho que facilita a la cartera de turno el movimiento del dinero a posteriori de unas regiones a otras, pero que causa un impacto negativo cuando se hace el recuento inicial de los millones asignados a cada provincia.

Tensión en los municipios costeros

Por otro lado, otro asunto que también entra dentro de las competencias del Ministerio de Transición Ecológica que está generando fricciones es la aplicación de la actual ley de Costas. Un texto que desde Somos Mediterrania, un movimiento que agrupa a 42 asociaciones de vecinos de municipios costeros de la Comunitat Valencina y Murcia, tachan de "destructora y confiscatoria".

Esta organización celebró el pasado sábado una manifestación, en la que participaron alcaldes de PSPV y PP, que recorrió las calles de Madrid para denunciar que la "mala planificación y peor aplicación" del reglamento de Costas "está provocando que el mar avance permanentemente y erosione más del 60% de las playas" del litoral mediterráneo. "Desde hace décadas la protección de la costa española está siendo una batalla perdida", censuraron los participantes, que portaban pancartas con mensaje como 'Ministerio para la Transición Ecológica ¡Diálogo!', 'Necesitamos una nueva Ley de Costas de defensa, no de retirada' o 'Sin playas no hay turismo'.

Una protesta en la que también se recriminó al ministerio el anuncio de expropiación a coste cero, en base el nuevo Reglamento de Costas publicado en el BOE el 1 de agosto, de cientos de viviendas en Dénia que en su día con toda legalidad. 

Una pelea en la que se han implicado ayuntamientos de distinto signo político como Sagunt, Canet d'en Berenguer, Mareny de Barraquetes, El Perelló, Calp, Oropesa, Tavernes de la Valldigna... entre otros.

Por otro lado, el departamento de Transición Ecológica también ha tenido un papel en la ampliación norte del Puerto de Valencia que lleva desde septiembre de 2019 sin realizarse. Bien es cierto que el principal atasco se concentró en Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes (antes Fomento), el último de ellos para la aprobación del proyecto constructivo de la nueva terminal de contenedores, que finalmente dio luz verde en marzo del año pasado.

No obstante, todavía quedaba un documento por aprobar: el Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas del Ministerio de Transición Ecológica, que tardó ocho meses más en llegar. Concretamente lo hizo a finales del 28 de noviembre de 2022, posicionándose favorable a la ampliación pero con 21 condiciones a cumplir que el Puerto de Valencia consideró "razonables". Más allá de estos retrasos, también se produjeron ciertos momentos de tensión con este departamento, como cuando remitió una carta a la Autoridad Portuaria en abril de 2021 abriendo la puerta a una nueva Declaración de Impacto Ambiental para el proyecto, algo que se rechazaba desde el Puerto.