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el webinar de cedelco analiza las estrategias empresariales frente al covid-19

"Tras el estado de alarma muchas empresas lo van a pasar mal para ponerse al día"

22/04/2020 - 

ALICANTE. Los empresarios empiezan a tomar posiciones ante la futura finalización del estado de alarma para anticiparse a la complicada situación económica que deja la pandemia y trazar sus estrategias. En este sentido, la asociación empresarial de Elche y comarca, Cedelco, organizó este martes un webinar con los expertos de Devesa & Calvo Abogados y la consultora Lazarus Management, para abordar los distintos mecanismos legales a su disposición y la mejor forma de poner en marcha un plan de contingencia.

David Devesa, CEO del despacho de abogados y consejero de FacePhi, abrió fuego con un análisis macroeconómico en el que vaticinó que la recuperación plena no llegará hasta 2023, tras la caída del 8% del PIB que se prevé para este ejercicio en España por el impacto de la pandemia y el cierre de actividad que ha conllevado. Uno de los sectores más afectados, además, es el hotelero, que Devesa conoce bien. "Es el sector en el que más ERTE hemos tramitado, y los empresarios ya dan este año por perdido completamente".

En cuanto a la forma de actuar de las empresas ante este escenario, Devesa consideró que "las compañías tienen que ser más ágiles en la toma de decisiones, con el máximo nivel de acierto". Para ello, el abogado recomendó "mantener la cabeza fría y tomar las decisiones necesarias en busca de la viabilidad, aunque no sea fácil, y usar todas las armas que permite el Derecho Mercantil", al tiempo que subrayó que "rapidez no implica improvisación, hay que planificar bien las decisiones".

Planes de contingencia

El CEO de Lazarus Management, Miguel Ángel Durá, por su parte, expuso cómo trazar un plan de contingencia adaptado al escenario actual. Durá recomendó "mantenerse informado sobre los planes de la Administración, ayudas, la letra pequeña... Usar un ERTE a destiempo puede empeorar la situación". También recomendó "no replicar planes de terceros, sino valorar nuestra situación individual, y planificar diferentes escenarios: el plan de contingencia tiene que ser algo vivo".

Algunas patas de este plan, según Durá, son un plan de comunicación con transparencia absoluta hacia los miembros de la empresa, un seguimiento continuo de la aplicación con revisión diaria, y la creación de un gabinete de crisis para llevarlo a cabo. Uno de los puntos clave de la estrategia debe ser "buscar la viabilidad financiera, con reducción de gastos, renegociar con los proveedores, gestionar el riesgo del crédito comercial, ampliar las pólizas y la financiación a corto plazo..." así como una buena gestión de la tesorería.

Sebastián Crespo, durante su exposición. Foto: AP

Por último, intervino el abogado especialista en Derecho Concursal Sebastián Crespo, de Devesa & Calvo. Crespo abordó algunas de las dudas más comunes de las empresas en el estado de alarma, como si está prohibido despedir, tal como asegura el Gobierno. "Es un eslógan, sí se puede despedir, solo que será más caro: ningún despido ejecutado en el estado de alarma se considerará procedente en un juzgado cuando se impugne". También explicó algunas medidas como la exención de cotizaciones, la moratoria hipotecaria y de alquileres, que se puede aplicar a los locales comerciales, y las líneas de liquidez.

Con todo, Crespo anticipó un previsible incremento de las solicitudes de concursos de acreedores cuando reabran los juzgados, ya que "dentro de seis meses, por mucho aplazamiento que se permita, la empresa tendrá el mismo problema que ahora pero con más deuda. Cuando pase el estado de alarma, muchas empresas lo van a pasar mal para ponerse al día", un escenario en el cual declararse en concurso puede ser una herramienta útil para garantizar la viabilidad. La variante del preconcurso, por otro lado, ofrece cuatro meses para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores sin intervención del juez "ni publicidad, nadie conocerá la situación de la empresa". Eso sí, el momento de declararse en concurso voluntario para no incurrir en responsabilidades, según recordó el letrado, es de "dos meses desde que se conoce la insolvencia, o debería haberse conocido. No podemos mirar hacia otro lado".

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