Transparencia pide a Sanidad los datos no facilitados por Ribera en la reversión de Torrevieja para tramitar una denuncia 

TORREVIEJA. La Delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana, dependiente  la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática ha pedido a la Conselleria de Sanidad que le facilite toda la relación posibles incumplimientos de las normas de reversión que el grupo Ribera haya podido cometer en el proceso de recuperación del Departamento de Salud de Torrevieja.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha venido denunciando tanto en declaraciones a los medios como en sede plenaria en Les Corts, que la concesionaria no facilitaba los datos para poder llevar a cabo el proceso de reversión con todas las garantías. La última declaración de Barceló antes de la reversión denunció que la empresa obstruía el proceso. Transparencia se centra sobre todo en los datos del personal sanitario y el historial de los pacientes. Un día antes de la reversión, el gerente del Departamento, José David Zafrilla, en una rueda de prensa para hacer balance de los 15 años de gestión, aseguró que toda la información se entregó en tiempo y forma. “La transición ha sido intachable, tanto en requerimientos como en información” señalaba Zafrilla.

No obstante, una de las evidencias de que el proceso de reversión ha estado marcado por la falta de transmisión de información es que unos 280 sanitarios no cobraron por parte de la conselleria la mitad de la nómina de octubre –la otra, la primera quincena correspondía a Ribera- al transferir la concesionaria en el último momento los datos de la plantilla. Sanidad explicó que recibió la documentación el mismo día 15 de octubre –fecha de la reversión- y el 17 de cada mes es cuando se cierra el pago de las nóminas. En esos dos días, explica Sanidad, pudo cotejar la documentación de 800 expedientes, quedando fuera casi 300. De este modo, este personal afectado cobrará la mitad de la nómina de octubre con la de noviembre.

Desde que en octubre de 2020 Sanidad comunicara de forma oficial y formal que no prorrogaría el contrato cuando finalizase -15 de octubre de 2021-, la concesionaria ha llevado a los tribunales las normas de reversión para su paralización. Hasta en seis ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado los recursos del grupo Ribera. El último pronunciamiento fue horas antes de que se materializara el paso a gestión pública.

Desde la Conselleria de Transparencia aseguran que una vez dispongan de la información solicitada a Sanidad evaluarán la gravedad y el grado del posible incumplimiento de la concesionaria en cuanto a la facilitación de la documentación. Después trasladarán el expediente correspondiente a la Agencia Española de Protección de Datos.

A principios de este verano, la Delegación de Protección de Datos del Consell ya remitió un escrito a la concesionaria instándole a que cumpla con las normas de reversión en cuanto a facilitar la información requerida. En esa comunicación le anunciaba que de no hacerlo incurriría en una infracción grave. No le indicaba la cuantía de la posible multa pero sí le detallaba los artículos del Reglamento General de Protección de Datos que los fijaba. En ese caso la multa podría ir desde los 300.001 euros a los 20 millones, o el 4% de la facturación anual.