ELCHE. El pasado 27 de mayo, alcaldes socialistas del PSPV de la comarca del Vinalopó y la Vega Baja solicitaron una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para trasladarles su preocupación por cómo puede afectar el nuevo Plan de la Cuenca del Tajo al trasvase con la sustitución de caudales, entre otras cuestiones. Un encuentro que tenía lugar este miércoles aunque vía online y sin presencia de la ministra, y en el que desde el ministerio no hubo compromiso ni garantía de que se vaya a mantener el precio del agua del trasvase con el nuevo plan.
A este respecto, a la reunión asistieron telemáticamente alcaldes de poblaciones de la Vega Baja como Guardamar del Segura, Rafal, Benferri o Dolores; y por parte ministerial, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el director general del Agua, Teodoro Estrella. Una cumbre solicitada tras conocerse los primeros cambios sobre las reglas de explotación del Tajo-Segura, acordando el nivel 2 de trasvase en 27 hectómetros cúbicos, y no en 33 hectómetros, como hasta ahora. Después llegaría la fijación del caudal ecológico en el Tajo a su paso por Aranjuez, reduciendo posibles envíos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía hacia las comarcas del sur de la provincia.
En este contexto, la apuesta estrella de Ribera pasa por potenciar el agua desalada —algo que los regantes han defendido constantemente que no puede ser la única alternativa por su carestía— con una lluvia de 1600 millones de euros para conectar las plantas desalinizadoras y reformar la planta de Torrevieja, que juega un papel clave, para aplacar las críticas. Sin embargo, los regidores socialistas y los propios regantes temían y temen que con todo, aumentar la dependencia del agua desalada incrementará el coste del agua de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, lo que repercutirá en todos. A pesar de que el ministerio plantea reducir el precio a través de energía renovable que permita mejorar el transporte del agua.
Esta última era una de las cuestiones que plantearon en la reunión, pero de la que no han obtenido ninguna respuesta afirmativa. Aunque el primer edil ilicitano Carlos González calificaba la actitud del ministerio de "receptiva", y apuntaba que habían trasladado que las sustituciones de caudales que se tengan que producir en el futuro por la reducción del volumen a trasvasar en la cabecera, "es que la sustitución tiene que producirse siempre al mismo precio, con los mismos costes para regantes como para ámbito urbano". Sin embargo, no ha habido ningún compromiso sobre este asunto.
"Los modelos de predicción que utiliza el Ministerio indican que ne los últimos años se ha producido una reducción sustancial de los volúmenes de agua disponibles, lo cual obliga a sustituir y jerarquizar el trasvase y que haya fuentes alternativas", apuntaba el primer edil, en referencia al agua desalada, aunque incidiendo en que el Gobierno no tiene intención de cerrar el trasvase, según lo que les ha trasladado Morán. En cualquier caso, la situación sigue siendo la misma de los últimos días, tras las movilizaciones y reuniones por ejemplo de Ximo Puig y Ribera, decepcionante para los regantes al considerar que cedió demasiado con los planes del agua desalada a pesar de las declaraciones previas. Por lo que la siguiente fase son las alegaciones.
González espera que se pueda encontrar un punto en común del Ministerio con el sindicato Scrats, disconforme con los acontecimientos y temeroso de cómo pueden afectar los nuevos caudales planteados al regadío de las comarcas del sur de la provincia. "Hay margen para posibilitar una posición más equilibrada entre los intereses de la cuenca cedente y los de la receptora; de Castilla-La Mancha y el sur de la Comunitat", explicaba González. A pesar de sus insistencias sobre la importancia del regadío en la zona, del empleo y del precio del agua, por el momento están abocados al plazo de alegaciones al nuevo Plan de cuenca del Tajo.
Una reunión con alcaldes socialistas, del mismo color del Ejecutivo, en la que poco se ha rascado, salvo el traslado de la preocupación. Una patata caliente a la que por otra parte se enfrentarán los socialistas ilicitanos y Compromís en el pleno extraordinario del viernes sobre este asunto, y convocado por el Partido Popular. Mientras por un lado anuncian que alegarán e intentan amarrar posturas con los regantes para mostrarse reivindicativos con el agua ante el Gobierno de su color, hasta ahora no ha habido grandes avances ni cambios con los planes de Ribera, salvo el punto intermedio del nuevo caudal al menos hasta 2026. Cosa que se ha visto también con buenos ojos desde la Conselleria de Medio Ambiente.
