Tránsfugas de mi vida

A veces, la política alicantina causa auténtica risa. Pero esta semana, se han superado. Los tránsfugas se han transformado en no adscritos o viceversa. Del "jamás con ellos" hemos pasado al "no son tan malos". Y todo ello, lo que tiene enorme mérito, sin reírse al decirlo. Brutal.

Empecemos. El tripartito se ha pasado el último año arremetiendo contra el PP por apoyarse en el tránsfuga (o no adscrito) Fernando Sepulcre en la Diputación. También censurando, e incluso insultando, a la tránsfuga (o no adscrita) Nerea Belmonte.

Pues bien, esta semana han aprobado el presupuesto municipal de 2017. Y lo han hecho (como decía aquel, la vida puede ser maravillosa) gracias a Sepulcre y Belmonte.

El PP ha puesto el grito en el cielo por ello. Porque por lo visto, lo que en la Diputación les vale, en el Ayuntamiento no. Pero es que incluso el protagonista en ambas corporaciones es el mismo: el propio Fernando Sepulcre. Lo que yo decía, maravillosa.

Ciudadanos lo ha tachado de "puñalada trapera" a la democracia. Quizás sea el menos hipócrita de esta película. Pero también cabe recordar que la intención inicial del tripartito fue precisamente negociar el presupuesto con ellos.  Sin embargo, los naranjitos alicantinos no quisieron estar a la altura de sus compañeros en Elche, y trataron de imponer una kilométrica lista de condiciones casi imposible de asumir.

En definitiva. Todos se han contradicho y, de alguna manera, todos han hecho un poco (o bastante) el ridículo. Pero creo que incluso de un episodio tan absurdo, podemos aprovechar para hacer algunas reflexiones.

Para empezar, aunque técnicamente con el diccionario en mano si podríamos utilizar el término "tránsfuga", yo en este caso creo que es más apropiado referirnos a ellos como "no adscritos". Ni Belmonte ni Sepulcre se han pasado a otro partido a mitad de legislatura. De hecho, les han echado del suyo (por razones que podrán estar más o menos justificadas) y ahora están sin militancia.

Pero, ¿este estatus les hace perder toda legitimidad? Mi opinión es que no. Todos los 29 ediles de Alicante fueron elegidos democráticamente, y no pesa ninguna condena (ni siquiera imputación) sobre ninguno de los dos.

Hipocresías aparte, me parece lícito que el gobierno trate de negociar con cualquiera de los ediles de la oposición, y como alicantino me alegra que al fin tengamos presupuestos aprobados.

Cabe recordar también que sobre el Ayuntamiento de Alicante pesan múltiples deudas, un rescate y se han proyectado algunos importantes proyectos como el de las Cigarreras. Todo ello podría peligrar si nos hubiésemos visto obligados a prorrogar las cuentas de 2016 durante mucho tiempo más.

Pero quiero ir más al fondo. ¿Podríamos modificar la ley electoral para evitar estos sainetes?

Voilà mi propuesta: que los concejales no se elijan por partido, sino por barrio. Es decir, dividimos Alicante en 29 distritos. Todos los partidos (que quieran) presentan un candidato único a alcalde, y otro por cada barrio. Los alicantinos votamos en dos urnas, en una elegimos un alcalde común para toda la ciudad y en la otra a un representante de nuestro propio distrito.

De esta manera, los concejales no ostentarían tal cargo por el número de su lista electoral. Sino por haber sido el más votado de su barrio. Dicho de otra manera, no deberían su asiento al partido, sino directamente a los vecinos. Si quieren conservarlo, tal vez debiesen hacer más caso a éstos que su formación política. Quizás los 8 ediles del PP no votarían siempre lo mismo, o los 6 del PSOE, los 5 de Guanyar y Ciudadanos, o los 3 de Compromís.

De esta manera, al gobierno municipal probablemente no le costaría tanto lograr el voto de algún concejal de la oposición, y no tendrían que contradecirse a sí mismos hasta este ridículo.

Igualmente no habría tantas dudas acerca de la legitimidad de un edil incluso aunque fuera expulsado de su formación. Además, si un concejal comete actos poco limpios, la presión popular de los vecinos de su propio barrio para que dimita puede ser incluso mucho mayor que la de un partido del que ya ha sido expulsado. Dado este caso, se volverían a repetir las elecciones a mitad de legislatura, pero solo en dicho barrio.

Este método evidentemente no lo he inventado yo. Es parecido al que se usa en las ciudades de tamaño medio-grande en algunos países como Reino Unido o estados de EEUU.

Pero aquí en España el sistema está orientado a buscar la desconexión del ciudadano. Nuestro papel se limita a que votemos cada 4 años, y luego nos olvidemos. Así, los políticos se pueden permitir tranquilamente incluso contradecirse de manera flagrante a mitad de legislatura. Porque ¿alguien se acordará de esto en 2019? Todos sabemos que no.