ALICANTE. Segundo pleno telemático de la Diputación de Alicante. Además de aprobarse el plan Planifica, como está previsto, los partidos han exhibido unanimidad a la hora de explorar vías para poder conceder más ayudas a los colectivos más afectados por la crisis del coronavirus. De esta manera, todos los grupos han aprobado una moción, a instancias del PSOE, que contempla lo que venía reclamando desde días atrás: readaptar el presupuesto, aprobado a principio de 2020, y elaborar un plan de impulso económico para hacer frente al impacto de la crisis del Covid-19.
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha explicado que “los distintos departamentos ya están trabajando para, a la mayor brevedad posible, liberar fondos con el fin de destinarlos a la lucha contra la pandemia”. Según ha explicado, en estos momentos, se están centrando los esfuerzos en tres ejes de actuación: el refuerzo de las ayudas a ayuntamientos para gasto social -para lo que ya se aprobaron tres millones de euros-, el impulso de líneas de apoyo económico a autónomos y micropymes y una tercera acción orientada específicamente a la atención al sector turístico.
“Todos tenemos que estar satisfechos porque hemos conseguido el acuerdo para iniciativas que ayudarán a fortalecer a los municipios. Pero no vamos a bajar los brazos, ya que el camino que queda es largo y no va a ser fácil”, ha dicho el portavoz del PSOE, Toni Francés. “Los ciudadanos y ciudadanas, el sector económico y social y los ayuntamientos exigen, ahora más que nunca, consenso y unidad, no solamente en la Diputación, sino a todos los niveles”, ha defendido el portavoz socialista.
El texto de apoyo, que se ha convertido en una declaración institucional, reconoce, en este sentido, que muchas de las acciones e iniciativas recogidas en el presupuesto actual de la Diputación “no se van a poder realizar por una cuestión de tiempo y también de oportunidad”, por lo que -añade- “se podrá liberar una importante parte de dicho presupuesto para, a través de nuestros ayuntamientos, impulsar medidas de apoyo a nuestro tejido empresarial, especialmente autónomos y micropymes, y a la generación de empleo”.
En la misma sesión, se ha aprobado otra moción, suscrita por todos los grupos políticos en los que se insta al Gobierno a flexibilizar la regla del gasto para todas las entidades locales con superávit y que éste pueda destinarse a cualquier tipo de actuación dirigida a atender a la población vulnerable con motivo de la pandemia.
Al respecto, se solicita que este superávit pueda dirigirse tanto a gasto corriente como a inversión, prioritariamente para atender los gastos extraordinarios de servicios sociales, seguridad ciudadana, limpieza, residuos y desinfección y cualquier otra actuación dirigida a asistir a la población más vulnerable como consecuencia de la situación actual de Estado de Alarma declarada por el Gobierno.
A través de la moción, que se hace eco de las propuestas presentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para paliar la crisis del coronavirus, se pide, asimismo, que estos gastos no computen en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, que se prorrogue el destino del superávit de 2019 a 2020, así como los plazos de las inversiones financieramente sostenibles de 2018 para poder ejecutarlas en 2021.
Además, la Diputación Provincial también reclama al Ejecutivo central que autorice a los ayuntamientos y diputaciones provinciales a realizar gastos en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación, vivienda...) para el desarrollo de políticas propias o complementarias de otras que se pueden derivar de medidas estatales/autonómicas en el marco de paliar a corto y medio plazo la crisis actual.
El texto firmado por todos los grupos de la corporación plantea, asimismo, al Gobierno que impulse otras medidas que permitan a las entidades locales contribuir a la reactivación de la economía y el empleo de los municipios, participando, por ejemplo, en el Fondo de Impulso Económico. Además, se reclama una reorientación de los fondos europeos para la reconstrucción de las economías locales, el impulso de planes locales de empleo o la flexibilización de la Ley de Contratos del Sector Público.
