Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. "Ser personal a exintguir no significa que las condiciones tengan que estar petrificadas para siempre". Así lo cree el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València (UV), Adrián Todolí, coordinador del libro "La negociación colectiva en el sector público" junto a Ángela Martín-Pozuelo.
Lo apunta un contexto en el que la Conselleria de Sanidad tiene entre sus tareas de esta legislatura deshacer la maraña que existe entre el personal laboral a extinguir procedente de la reversión e internalización de servicios sanitarios que estuvieron bajo regímenes de concesión o conciertos. Desde las concesiones público-privadas de La Ribera, Torrevieja y Dénia a la asunción de la resonancias magnéticas y la farmacia socio sanitaria de las residencias públicas, más de 2.500 trabajadores conviven con diferentes convenios colectivos en la sanidad pública en un 'caos' de jornada y salarios.
Escenario en el que la dirección de Sanidad ha optado por no cumplir -al menos por el momento- los acuerdos de mejora firmados por el Govern del Botànic para este colectivo a través del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) o publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Esto ha llevado a los sindicatos a manifestarse al entender que no se están cumpliendo los derechos del personal a extinguir.
- ¿Qué infringe la administración cuando no se sienta a negociar un convenio colectivo, como ocurrió con el del personal laboral del departamento de La Ribera que estuvo casi cinco años caducado?
- Cuando hay un comité de empresa que está correctamente constituido y reclama negociar, hay una obligación legal de que la administración se siente a negociar. No hay una obligación de que llegue a un acuerdo, pero sí que obligan los tribunales a negociar de buena fe. No puedes negarte a todas las peticiones sin ni siquiera dar respuesta o sin argumentar el porqué no aceptas las peticiones que haga, o porque no hay un convenio colectivo. Sin que te obliguen a llegar a un acuerdo, como propia administración deberías hacer todo lo posible para llegar a él.
- ¿Qué pueden hacer los trabajadores ante la falta de negociación?
- Hay una caso de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) que fue sancionada por no sentarse a negociar. Lo primero que pueden hacer tanto los trabajadores y trabajadoras, como el comité de empresa, es denunciar o bien ante la inspección de trabajo o bien hasta los tribunales, para que se obligue a la otra parte a cumplir sus obligaciones de sentarse.
- La anterior administración negoció acuerdos en el Tribunal de Arbitraje Laboral, y otros acuerdos formalizados que han salido publicados. Ahora, la actual no quiere incumplirlos. ¿Esto qué supone?
- Que el Gobierno anterior fuera el que lo negociara no es razón para no cumplirlo. El nuevo Gobierno está vinculado por aquellas consideraciones y acuerdos a los que llegara el anterior. Ahora bien, es cierto que si ese acuerdo no se tomó siguiendo todo el proceso administrativo correcto, algo que desconozco porque no he visto todo el expediente administrativo, ocurre como en una empresa privada. Si alguien tomó una decisión sin la autorización del gerente y esto se requiere, la decisión del director no es vinculante, porque no tiene los poderes para poder hacerlo.
Es cierto que habría que ver todo el expediente para entender si esto vincula o no. En mi opinión, no es soportable para una administración tener una situación conflictiva permanente con sus trabajadores. Si el acuerdo es vinculante debería cumplirlo y, si no, debería subsanar cualquier problema que hubiera en el expediente para hacer cumplir esos acuerdos u otros que considere suficientes. Porque la conflictividad acaba provocando peores servicios públicos, lo cual afecta a la ciudadanía. No solo es acabar con ésta por los derechos de los trabajadores, sino porque al final acaba repercutiendo negativamente al ciudadano.
- ¿Tiene el personal a extinguir derecho a que les mejoren las condiciones?
- La negociación colectiva sigue vigente aunque sea personal a extinguir y se pueden negociar diferentes convenios colectivos. Es verdad que, sin pasar un nuevo concurso, el Tribunal Supremo señala que lo que tienen más complicado es cambiar de funciones o ascender sin pasar un concurso público, o siguiendo todos los criterios. Pero eso no quiere decir que las condiciones tengan que estar petrificadas para siempre. Una cosa es que tengan restringidas ciertas posibilidades de cambiar de unidad de trabajo con movilidad ascendente, pero no tendrá ningún sentido que una persona pase 10 o 15 años y no se le actualice ni siquiera el salario al IPC.
Esto no ha dicho ninguna normativa que no puedan y, todo lo contrario, dado que la regla general son siempre los derechos fundamentales, y la libertad sindical incluye la vertiente de negociación.
- ¿Tiene sentido un convenio colectivo para todos los trabajadores a extinguir?
- Lo lógico sería un convenio colectivo al menos para La Ribera, Torrevieja u otras concesiones. ¿Que hubiera uno único para la Generalitat Valenciana? Para eso, lo primero que debería haber sería unos representantes de los trabajadores que fueran válidos para todos. Se tendrían que generar unas elecciones sindicales en las que los representantes votados fueran de todos. Lo que no es fácil es que representantes de diferentes centros negocien un convenio para otros centros de trabajo.
- ¿Sería factible un decreto ley como propone el conseller de Sanidad para homogenizar las diferentes categorías laborales?
- Es verdad que la administración está muy acostumbrada a hacer leyes o a hacer normas, pero por otro lado el propio Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) obliga a la negociación colectiva. Imponer una condiciones por el imperio de la ley, si esto no ha sido negociado con la participación y el consentimiento, es posible que no solucione el conflicto. Puede ser una vía, pero tendría sentido que ese decreto ley fuera negociado o consultado con los representantes sindicales porque tampoco solucionaría el conflicto.
De hecho, es posible que ese decreto ley se saltara requisitos del EBEP y estableciera diferencias no justificables de salario. Lo que se recomienda es negociar porque se reduce la conflictividad. Si lo has negociado y los sindicatos o el comité de empresa lo ha negociado, difícilmente te lo van a impugnar. Pero si tú haces un decreto ley individualmente y lo impones, es posible que busquen la manera de no cumplirlo o de seguir el conflicto, la huelga o ir a los tribunales.
- ¿Por qué hay reticencias con este personal?
- Hay reticencias por la forma de acceso. Hay una cierta desconfianza como de trabajadores de primera y segunda clase. Aquellos que entraron por el sistema de oposición y los que entraron por sucesión. Hay veces que no se pueden equiparar condiciones porque la forma de acceso no fue la misma. No se ganaron las plazas por un sistema de oposición y esa es la principal razón que hay detrás. Podemos estar en contra de la norma, pero una vez la ley ha determinado que pueden entrar, oponerse genera más perjuicios a la propia administración que no asumir con naturalidad que es lo que hay.
- ¿Es la Comunitat Valenciana la autonomía que más sufre este problema?
- La Comunitat Valenciana es la que ha revertido con más número de trabajadores ciertas concesiones. También fue la que al principio más privatizó y por lo tanto tenemos en mayor número. Reversiones de hospitales enteros pocas comunidades lo han hecho.
-¿Cuál sería el escenario ideal?
- Lo primero que hay que dejar claro es que, el modelo actual, es difícil de gobernar. Es una cuestión bastante asumida, incluso desde los recursos humanos, que tener en un hospital empleados con regímenes jurídicos distintos, con salarios y horarios distintos, hace muy difícil gobernar y eso provocará problemas hacia la ciudadanía. Hay opciones, como llegar a un acuerdo y negociar. Llegar a una situación gobernable desde una perspectiva presupuestaria y organizativa, es una posible solución. Otra, es que con este personal a extinguir, dejar de pasar el tiempo implicará que se solucione, pero es verdad que puede pasar demasiado tiempo.
Los decretos que han permitido una tasa de reposición adicional podrían haber sido una solución y es posible que en un futuro se abran. Pero haciendo una interpretación de que éstas u otras plazas paralelas a éstas se generen para que estas personas pasen a ser personal estatutario o funcionario, con un procedimiento de oposición, podrían salir plazas en las que éstas personas ganarían la nueva y luego la ocupada se extinguiría. Se podrían duplicar plazas si lo ganara otra persona ajena a la misma, pero en realidad se necesita a más gente y no tendría el por qué suponer un problema.
