Foto: EFE/SERGIO PÉREZVALÈNCIA. El informe existe. Con casi tres meses de retraso, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo público este miércoles el informe de la Abogacía del Estado que avala su tesis de que el rechazo por parte del Senado a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno supondrá un recorte en la capacidad de gasto de las CCAA en 2024.
El informe existe, pero no existía cuando Montero amenazó a las comunidades gobernadas por el Partido Popular con ese recorte si el Senado, controlado por el PP, rechazaba sus objetivos de déficit. Fue el pasado 11 de diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) cuando, por la mañana, la ministra dijo que contaba con un informe en tal sentido. No era así porque dicho informe, que Montero se negó a hacer público, está firmado por el abogado del Estado Raúl López Fernández ese día a las 20.50 de la noche, una hora de trabajo poco habitual para los abogados del Estado.
Durante estos casi tres meses Montero ha estado esgrimiendo el informe para advertir al PP de las consecuencias que tendría un segundo rechazo en el Senado como el consumado este miércoles. Pero se negó a entregarlo a pesar de las reiteradas peticiones de los grupos parlamentarios -no solo el PP- y de los medios de comunicación. Una falta de transparencia absurda que provocó que los populares llegaran a dudar de su existencia y a desconfiar de la advertencia de la ministra.
El PP pidió una negociación para ampliar el límite de déficit de las CCAA y que el Gobierno contemplara un "déficit asimétrico" en el que algunas autonomías como la valenciana y la murciana pudieran tener más margen, pero no hubo acuerdo. El PSOE culpa ahora al PP de haber perjudicado a las CCAA, la mayoría gobernadas por los populares, con su veto en el Senado, mientras el partido que lidera Núñez Feijóo considera que ha sido la "inflexibilidad" de Montero la que ha provocado esta situación.
El informe de la Abogacía del Estado señala que si el Congreso o el Senado no aprueban el plan de reequilibrio y los objetivos de estabilidad presupuestaria presentados por el Gobierno, ello no exime al Ejecutivo de la obligación de presentar un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y que al no haberse aprobado una senda de convergencia hacia la situación de equilibrio, "resultará de aplicación la contenida en el programa de estabilidad, a condición de que éste haya sido valorado favorablemente por el Consejo de la UE".
Esto significa que, dado que el Gobierno envió el pasado mes de abril al Consejo de la UE -que le dio el visto bueno en julio- una propuesta de senda de convergencia que fijaba para las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario -0% de déficit- para 2024, este objetivo prevalece sobre el posteriormente propuesto, que era del 0,1% del PIB regional, lo que significaba más margen de gasto para las CCAA.
El Gobierno calcula, según publicó la Agencia Efe, que la capacidad de gasto de las Comunidades Autónomas se verá reducida este año en unos 1.457 millones de euros debido a la aplicación del objetivo de estabilidad remitido a Bruselas -equilibrio presupuestario- en lugar del propuesto por el Gobierno -0,1% de déficit-. Sin embargo, serán unos 300 millones más porque ese cálculo está hecho con el supuesto de que todas las CCAA habían elaborado su presupuesto con un 0,1% de déficit.
Respecto a las Entidades Locales, la senda rechazada fijaba un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al superávit del 0,2% del PIB que recoge el Programa de Estabilidad y que es el que deberá aplicarse. Esto supone que los Ayuntamientos tendrán unos 2.924 millones de euros menos de capacidad fiscal.
Sin embargo, tanto la Comunitat Valenciana como la Región de Murcia decidieron elaborar sus presupuestos con un déficit del 0,3% del PIB, con el argumento de que, al no haber senda de estabilidad, aplicaban la misma que en 2023. Un órdago de Carlos Mazón y Fernando López Miras al Gobierno de Pedro Sánchez que, además de permitirles más gasto, servía como protesta por el retraso en la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y la negativa del Gobierno a poner en marcha un fondo transitorio de nivelación.
Así, el agujero en el presupuesto de la Generalitat valenciana si el Gobierno logra sacar adelante los PGE será de 411,9 millones de euros en lugar de los 137,3 calculados por el Gobierno. En el caso de la Región de Murcia, el Gobierno calcula un recorte de 38,9 millones, el 0.1% del PIB regional, pero también será el triple, 116,7 millones.
Esto sitúa a la Comunitat Valencia como la autonomía con mayor impacto del nuevo objetivo de déficit en su presupuesto, por delante de la Comunidad de Madrid -284,2 millones- y Cataluña -277,1 millones-.
Esto no implica que las CCAA vayan a tener menor financiación de la prevista, sino que no pueden gastar más de lo que ingresan, algo que sí permitía la senda de estabilidad rechazada.
Tras el segundo rechazo del Senado a los objetivos de estabilidad, el Ministerio de Hacienda puso en marcha este miércoles la maquinaria para presentar "con carácter inminente" el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Prueba de ello es la reunión urgente que convocó para este jueves, vía telemática, del Comité de Inversiones Públicas, en el que participan las CCAA y que se debe celebrar de forma obligatoria antes de que los PGE pasen por el Consejo de Ministros.
Si se aprobaran en la reunión del próximo martes y dados los plazos que suelen darse Congreso y Senado, los PGE estarán definitivamente aprobados y publicados en el BOE, como pronto, avanzado el mes de mayo. Es en ese momento cuando el objetivo de déficit sería obligatorio para las CCAA, que llevarán casi medio ejercicio consumido.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
