Tirón de orejas de Hacienda al IVC y Consorci de Museus por su gestión

VALÈNCIA. Nuevo tirón de orejas de Hacienda a las instituciones culturales valencianas, que fija su objetivo especialmente en la gestión de dos de ellas: el Institut Valencià de Cultura (IVC) y el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), con sede en el Centre del Carme. Los informes de Intervención General de la Generalitat Valenciana alertan de numerosas deficiencias en la gestión de ambas instituciones, auditorías relativas al ejercicio 2023, año de cambio de color en el gobierno autonómico tras las elecciones, que dieron paso del Botànic al acuerdo entre Partido Popular y Vox. Es, también, el último informe que se refiere a la gestión de los anteriores gerentes de los mencionados organismos, Abel Guarinos en el caso del IVC y José Luis Pérez Pont en el caso del CMCV, ambos cesados por el nuevo gobierno, en febrero de 2024 y noviembre de 2023 respectivamente.

Precisamente en el caso del IVC se pone sobre la mesa una cuestión que viene de largo y que ocupa la actualidad cultural y política de los últimos meses: el modelo del Circuit Cultural Valencià. El proyecto de colaboración entre el IVC y distintos ayuntamientos de la Comunitat, que tiene por objetivo presentar programación escénica en los municipios participantes, lleva ya tiempo en el punto de mira, pues hace años que Hacienda ya puso pegas a su fórmula de funcionamiento. Y el informe referente a 2023 no es una excepción. Así, la auditoría alerta sobre el hecho de que el IVC ha contraído gastos por importe de 2,13 millones de euros “sin tramitar el oportuno expediente administrativo”, de los cuales más de 1,6 millones se refieren a la gestión del Circuit Cultural.

“Estos pagos se realizan sin contraprestación a favor del IVC, ya que los servicios artísticos se prestan a las entidades locales que organizan y contratan las representaciones artísticas en las que intervienen estas compañías y profesionales. Los pagos realizados por el IVC no están respaldados por un convenio administrativo o un acuerdo de concesión de subvención, a favor de la entidad local que contrata estos servicios artísticos”, reza el informe, que recomienda al organismo “analizar” la idoneidad del proceso relativo al Circuit Cultural. 

En este sentido, cabe destacar que este año, ahora bajo la gerencia de Álvaro López-Jamar, se está llevando a cabo un cambio en el modelo del Circuit a través de un convenio suscrito recientemente con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que pretende salvar estas cuestiones, un modelo que se está desplegando en estos meses no sin las críticas de los sectores profesionales.

Otra cuestión destacable que recoge el informe de auditoría es que se ha verificado que el IVC recurre a la contratación de servicios de carácter periódico o recurrente a través de la figura del contrato menor y que la entidad “elabora la memoria justificativa previa de inicio de expediente una vez se han recibido las ofertas de las entidades interesadas en la adjudicación del contrato”. "En tres de los 10 expedientes menores analizados no se ha justificado que el objeto el contrato no supone un instrumento para llevar a cabo la contratación de personal al servicio del IVC", reza el texto, en el que se recomienda al organismo ser "más explícito" en la insuficiencia de medios que provocan la "externalización sistemática" de servicios. 

También en el caso del Consorci de Museus, la auditoría valora de manera “desfavorable” el área de contratación, detectando diversas “incidencias”, entre las que pone el acento en el hecho de que distintos documentos que deben ser suscritos por el órgano de contratación “han sido firmados por personas que no tienen la competencia para ello”, mientras otros vienen firmados de forma manuscrita, “de manera que no se deja constancia indubitada de la referencia temporal en que se han emitido los documentos”, o incluso algunos “ni siquiera disponen de firma alguna”, añade el informe.

En los contratos menores, incide la auditoría, existe una “falta de concreción del objeto a contratar y del plazo de duración” de estos y tampoco consta de forma expresa la conformidad con el servicio o suministro prestado, indicando el cargo del firmante, ni orden de pago expresa suscrita por persona competente para ello. Entre algunas cuestiones concretas, el informe señala que se han efectuado gastos por importe de 56.521 euros “sin tramitar el correspondiente expediente de contratación” o la compra de mobiliario a través del contrato menor “estando en vigor un Sistema Dinámico de Adquisición y sin existir una resolución de la Central de Compras permitiendo su adquisición de manera independiente”.

De igual forma, el organismo también alerta sobre el hecho de que el CMCV recurra a la tramitación de procedimientos negociados sin publicidad “sin quedar suficientemente justificado” que el servicio únicamente pueda ser encomendado a un empresario determinado por razones artísticas, con pliegos que presentan “carencias importantes”.

Salen mejor parados el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) y el Palau de les Arts, aunque también con varios puntos a mejorar y asuntos sobre los que Intervención alerta de anomalías. En el caso del museo, las cuentas reflejan un aumento de los ingresos propios, que han ascendido a 450.405 euros, un incremento del 74,59% sobre la cifra de 2022, derivado principalmente de la recuperación del precio en la entrada. Por su parte, la auditoría recomienda al organismo planificar su actividad contractual con el fin de reducir los contratos menores, al tiempo que señala que mantiene un “elevado número de contratos temporales”, no obstante se ha reducido como consecuencia del desarrollo de las ofertas públicas de empleo.

En el caso del Palau de Les Arts, es en el área de personal donde Hacienda alerta de una gestión “desfavorable”, señalando que los procedimientos selectivos relativos a 2023 que se aplican en la contratación del personal artístico “no se ajustan adecuadamente a los principios rectores del acceso al empleo público” o la realización de contratos temporales “sin haberse obtenido la autorización previa de la Dirección General de Presupuestos”, entre otras cuestiones.