El pasado 19 de abril leía en estas páginas digitales de Alicante Plaza a Perfecto Palacio, presidente de la CEV (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana) en la tribuna abierta que titulaba "Tiempo para la gestión, no para la política". Entiendo las tribunas abiertas como espacios de opinión para ofrecer colaboraciones de distintas organizaciones donde caben opiniones de todos los puntos de vista de nuestra sociedad. Así que con el ánimo de enriquecer esa opinión, aporto otra mirada a la reflexión que compartió. Mirada que pienso que es la que afecta a la mayoría de la población.
Comienzo mi reflexión cuestionando la tesis de Palacio con la que da título a su artículo y negando la pretendida contraposición entre gestión y política. Para ello, conviene empezar situando qué entendemos por '"política"', ya que del imaginario colectivo se pueden extraer diferentes interpretaciones. Personalmente entiendo la política como la actividad que las personas desarrollamos para responder a la necesidad que tenemos de vida social. Y según respondamos a esa necesidad, la persona se realiza o se deshumaniza, crece o se deforma. Por este motivo, la política no es ajena a nuestras vidas (aunque en ocasiones pensemos que no tiene nada que ver con nuestra vida concreta), ni es una cuestión de la que podamos prescindir o delegar en otras personas, ni un mal menor, ni algo optativo en nuestra vida… La política se ocupa del cuidado de la vida (de las personas y de la naturaleza) y de que todas las personas tengan vida, especialmente las más débiles y empobrecidas. O al menos debería hacerlo. Esta capacidad humana de responder a la necesidad de la vida social, que es la política, hemos de cultivarla. Aquellas capacidades que no se forman conscientemente terminan por deformarse, por ser conformadas por otros. Y por tanto no es posible gestionar (la gestión) sin tener un planteamiento de cómo organizar la vida social (la política). Ahondo en algunas expresiones que considero desafortunadas.
Sería interesante que el señor Palacio citara los bulos a los que se refiere para comprender mejor su afirmación de que el Gobierno criminaliza y demoniza a los empresarios. Considero que toda generalización conlleva un margen de error más que evidente. Por eso, huyendo de generalizaciones le diré que hay empresarios y empresarias de nuestra ciudad y comarca, que es la que directamente conozco, que son unos criminales, porque han obligado a acudir a sus centros de trabajo a sus trabajadores, pese a que estaban en situación de ERTE desde el 14 de marzo. Hay empresarias que poco antes de comenzar el estado de alarma, bajaron la cantidad de horas que tenía firmada una trabajadora, al enterarse de que se había quedado embarazada. Hay ETTs de ámbito estatal que decidieron hacer despidos disciplinarios en lugar despedir improcedentemente o enviar a sus trabajadores a un ERTE.
Hay empresas de restauración que despidieron a la mitad de su plantilla en los días de comienzo del estado de alarma. Hay empresas multiservicios que falsificaron fechas en los documentos de despido de camareras de piso para que pareciera que no tenían nada que ver con la situación generada por la covid-19. Hay supermercados muy renombrados que no invirtieron ni un euro en EPIS hasta que la representación legal delos trabajadores no se puso seria y cuya plantilla se planteó no trabajar sin condiciones de seguridad. Y no sigo por no aburrir a quien esté leyendo estas letras.
Y esto no son bulos. Esto es tan real como que he sido yo, miembro de uno de los equipos de atención de mi sindicato, CCOO, quien ha atendido la consultas y dudas de esos trabajadores y trabajadoras. Yo no voy a juzgar esas actuaciones descritas porque se juzgan por sí solas. Pero demonizar a estos empresarios, no sería muy descabellado tras conocer estas situaciones. Y generalizarlas también sería injusto. Traigo a colación, a modo de ejemplo, la subida del 20% del salario de la plantilla de Chocolates Valor.
Yo creo que la ministra de trabajo no se merece esas declaraciones que usted vierte en la tribuna referida. Este gobierno ha planteado unas medidas sociales a la altura de la situación histórica que nos está tocando vivir. Con ayudas directas a empresas, personas autónomas y trabajadoras, como nunca se había visto antes. Es evidente que todo es mejorable, pero las medidas se han basado en el diálogo social que el gobierno ha mantenido con empresarios y sindicatos. Por otro lado, la mención a las medidas improvisadas no deja de ser cierta. Pero es que la situación tan devastadora y tan novedosa no podía traer más que medidas improvisadas alas que se han ido sumando factores de corrección para ir rectificándolas sobre la marcha.
Puede ser este un gobierno sin experiencia de gestión, pero no sin memoria. En la anterior crisis se abandonó a la población más vulnerable, a la clase trabajadora se le dejó desamparada, con la promesa de una recuperación económica que no terminó de llegar nunca para la mayoría. A diferencia de esa crisis, esta vez la desprotección no se ha cebado en los trabajadores. La medida de no despedir por motivos de producción está compensada con la posibilidad de acogimiento a ERTE, que garantizan el cobro de las plantillas y hacen que no recaiga en las empresas el peso exclusivo de la salida de esta crisis. La producción se reactivará. Y en ese momento habrá que establecer cuales son las medidas que deben tomarse.
Los despidos masivos no son la única solución posible ante una situación totalmente excepcional. Se está demostrando de hecho que no lo son. Parece que cuando las empresas tenían beneficios no había problemas, pero ahora con la incertidumbre actual ¿las obligaciones solo deben recaer en el Estado? El estado también se está endeudando y no parecen comparables los niveles de asunción de responsabilidades. Hablar de empresas generalizando no suele conllevar un análisis riguroso de la realidad del tejido empresarial de nuestra provincia. Las medidas asumidas por este gobierno tienen altura de miras, precisamente porque son medidas que van a conllevar un crecimiento exponencial del endeudamiento estatal, pero que van a posibilitar paliar las consecuencias a miles de familias trabajadoras y a miles de pequeñas empresas. Los acuerdos de este gobierno han contado con diálogo social y con la presencia de las confederaciones empresariales, CEOE y Cepyme. ¿También acusa a la ministra de la gestión de los bancos (grandes empresas) con los pequeñas empresas? Los mismos bancos que en los últimos años han tenido unos beneficios multimillonarios. Por aportar un dato, sólo BBVA y Santander obtuvieron en los últimos cinco años más de 32.000 millones de euros de beneficios. Parece razonable pedir un esfuerzo extra a quien logró esos beneficios en tan poco tiempo para que revierta en parte a la sociedad tan castigada en estos momentos.
Insisto en que la ministra de trabajo no se merece que este jefe patronal hable así. ¿De verdad cree que el señor Palacio que un ingreso mínimo vital va a hacer desaparecer las pequeñas empresas? ¿O tal vez el problema sea que los salarios de estas empresas no sean dignos? El ingreso Mínimo Vital es avalado por el FMI, por el Vaticano, por el Parlamento Europeo. No es una invención ideológica ni política, es una necesidad y un derecho personal y colectivo como sociedad. Desde Izquierda Unida nuestra apuesta es complementar este Ingreso mínimo con un plan de Trabajo Garantizado.
Es una temeridad hacer esas afirmaciones, además de injusto y parte de una visión sesgada e intencionada de desprestigiar a esta ministra y a este gobierno. Y esto no es buen augurio para allanar el complicado camino del diálogo social. Coincidimos en que los llamamientos de la Generalitat para conseguir una financiación justa para nuestra comunidad son despreciados sistemáticamente y en esto debemos avanzar. Pero comenta también que es hora de abandonar las arengas de bandos, de buenos y malos, de patronos y obreros, de solidarios e insolidarios. No cabe duda que las responsabilidades son graduales y distintas y que sigue habiendo supuestos bandos, tal como los denomina. A todos nos consta que hay trabajadoras y trabajadores que son insolidarios, al igual que hay empresas que cuidan a sus trabajadores y son ejemplares. Pero esto no es lo general.
Esos supuestos bandos son resultado del desequilibrio que sigue existiendo entre el capital y el trabajo, que no son parte del pasado ya que todavía persiste el enfrentamiento entre ambos. Y el siglo XXI se debate entre la realidad actual y el futuro del trabajo.
Y lógicamente es necesario el concurso de las empresas en esta situación si queremos buscar una salida consistente de esta crisis, pero no deja de ser cierto que necesitamos una cultura política que afronte el desafío de superar la subordinación del trabajo humano al capital y el conflicto entre capital y trabajo.
El Gobierno central es una parte fundamental de la arquitectura administrativa pública, pero también lo son las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos y por tanto también deben asumir medidas en función de sus responsabilidades específicas. No deja de ser curioso que se alaben medidas que parten de opciones políticas concretas y haya otras medidas que no tenga la misma consideración, pese a que quienes se benefician sean directamente las personas trabajadoras. Está claro aquí que la gestión se determina por las decisiones políticas por las que se opta. A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para aligerar las cargas de las empresas y mejorar su liquidez, la dureza de la crisis económica que se avecina, va a generar destrucción de empleo. Y eso pese a que se han introducido cambios legales en la normativa, que permite a las empresas postergar hasta final de año la petición formal de concurso, sin incurrir en responsabilidades. Ojalá no fuera así. Pero es lo que probablemente sucederá.
Y hay que prepararse para ese escenario con creatividad, solidaridad y reforzando las respuestas colectivas. Apostando por reconocer el trabajo de cuidados y favoreciendo los empleos verdes de manera decidida.Refiere en su escrito que el gobierno debería seguir las directrices de los empresarios para afrontar la actual situación económica. Y olvida a los sindicatos como el contrapeso necesario para el diálogo y el equilibrio social.
Acabo. De la economía no cabe duda que hay que preocuparse, la cuestión es ¿de qué forma? Las voces que claman por otro modelo económico y social son cada vez más insistentes en que no podemos seguir con las mismas claves y las mismos objetivos que antes de la crisis actual. Son las personas y sus necesidades las que debieran guiar la gestión del futuro. De lo que no cabe duda es de que esta crisis ha demostrado que los trabajadores y trabajadoras son los que producen valor. Frente a esta situación excepcional hacen falta medidas excepcionales y generar grandes consensos para que la política garantice que la gestión que se realice tenga en cuenta, sobre todo, a quienes suelen ser las víctimas de las grandes decisiones.
Manolo Copé, coordinador de EU Alacant