Lorenzo Dávila y Ramón Tamames, coautores del libro, en el Club de Regatas de Alicante. Foto: APALICANTE. Revertir las concesiones para municipalizar servicios públicos como el mantenimiento de parques y jardines, la gestión de residuos, el suministro del agua o los transportes puede tener efectos adversos no solo sobre la gestión de dichos servicios a los ciudadanos, sino también sobre los empleados que los prestan. Así lo defiende un grupo de expertos liderado por el doctor en Derecho y en Ciencias Económicas, exdiputado del PCE e IU y 'padre' de la Constitución Ramón Tamames, a través del Observatorio de Servicios Urbanos (Osur) adscrito a la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos.
Tamames, presidente de la asociación, y el economista y abogado Lorenzo Dávila, presentaron este miércoles en el Club de Regatas de Alicante el libro 'Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro? ', una obra en la que cinco autores (entre los que también se cuenta el ex ministro de Trabajo socialista e histórico 'ugetista' Valeriano Gómez) defienden que "se debe mantener el actual sistema de equilibrio entre gestión pública y privada". La obra, según Tamames, es una "crítica al proceso de remunicipalización" de servicios públicos que se ha activado en 12 grandes ayuntamientos de España, y que a su juicio se plantea "más por razones ideológicas que económicas".
El doctor, que también fue primer teniente de alcalde de Madrid en los primeros años de la democracia con el socialista Tierno Galván, critica que "el populismo no explica por qué es mejor el sistema público de administración directa. Las ventajas de la gestión privada de los servicios públicos por licitación tiene muchas posibilidades: los servicios públicos son un 40% más caros, las inversiones públicas llevan un coste adicional de un 30% por las numerosas burocracias y administraciones poco eficientes", y añade que "frente a este tipo de planteamientos no valen los argumentos ideológicos; lo que hay que ver es si un servicio está bien prestado o no, si es eficaz y eficiente".
La 'ciudad inteligente', según Tamames, ya no es una moda, sino "una necesidad". Y es preciso "organizar los servicios científica y económicamente, y no improvisar todos los días, sin criterios de eficiencia y eficacia". En este sentido, el veterano político señala que es necesario contar con un plan de acción basado en una estructura de empresas mixtas. "Con Tierno Galván nunca tuvimos una obsesión porque todo fuera público, y con la colaboración público-privada creamos la mayor agrupación alimentaria de Europa, Mercamadrid, o Ifema, entre otros organismos".
En la misma línea se manifiesta el economista y abogado Lorenzo Dávila, quien asegura que "la municipalización acaba convirtiéndose en un sistema de gestión atomizado en el que las mejoras e innovaciones no se aplican en red, lo que lleva a una menor eficiencia". Con el añadido de que "quien ofrece el servicio no puede auditarse a sí mismo: la administración local debe ser juez, que evalúe y exija los niveles de calidad que los ciudadanos requieren, y eso solo se puede hacer separando la actividad de quien presta el servicio y quien lo controla".
Dávila insiste en el "componente ideológico" de la apuesta por la remunicipalización de servicios, y añade otro condicionante a tener en cuenta: "Si la concesión pasa a engrosar el sector público, cualquier desequilibrio financiero en el ayuntamiento afectará a su capacidad inversora", lo que impediría el crecimiento de la ciudad. "Una gran urbe quizá tenga recorrido para mantener un proceso de innovación constante desde el sector público, pero en las pequeñas ciudades son las empresas las que aportan esa innovación". Elementos que el experto pide "tener en cuenta antes de meternos en experimentos".
Es más, el abogado y economista destaca que una de las adalides de la remunicipalización de servicios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tenido que recurrir a la colaboración con el sector privado para poner en marcha su plan de vivienda social. "Colau quiere remunicipalizar el servicio del suministro del agua potable, pero para un tema sensible como la vivienda social, que es su propuesta 'estrella', ha necesitado la colaboración público-privada". El motivo: el Ayuntamiento de Barcelona no podía soportar con su presupuesto las 10.000 viviendas de alquiler social que quiere construir hasta 2025.
En esta línea, los expertos de Osur consideran que algunos procesos de reversión de concesiones que se han planteado últimamente en la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana no se apoyan tampoco en criterios de eficiencia. Sería el caso de las contratas municipales del Ayuntamiento de Alicante, cuya remunicipalización formaba parte del programa electoral de Guanyar (aunque no se ha puesto en marcha ninguna). Incluso a pesar de que la eficiencia de algunas de dichas contratas, como la de recogida de residuos y limpieza viaria, esté en tela de juicio. "Cuando una concesión falla, el culpable es el Ayuntamiento", señala Dávila. "Es el pleno quien fija el pliego, y debe establecer los elementos objetivos de medida de la prestación. Lo que nunca se debe hacer es ceder la soberanía, porque el titular del servicio es la administración".
Algo similar sucede en el caso de la reversión de los conciertos sanitarios con Ribera Salud, prevista por la Conselleria de Sanidad de Carmen Montón cuando venza la actual concesión. Montón ha defendido el plan a pesar de que el Síndic de Comptes, en una auditoría pública encargada precisamente por la Generalitat, concluye que el modelo Alzira ahorra dinero a la administración. Algo que, a juicio de Dávila, demuestra que la decisión se ha tomado con "un criterio puramente ideológico".
Los autores del libro también ponen sobre aviso a los trabajadores, recordándoles que no hay que equivocar a los ciudadanos asegurando que con la remunicipalización mejorarán sus condiciones laborales. Tal y como afirma Valeriano Gómez, que además de exministro y miembro de UGT es especialista en Economía del Trabajo, "actualmente, cuando una entidad pública se subroga en una concesión u otra prestación de servicios, los empleados tienen que ser sometidos a un proceso de acreditación de sus méritos, de concurso público de sus capacidades o una oposición. Es un proceso que en ocasiones no arregla los problemas, sino que puede llegar a complicarlos".
La publicación 'Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?', editada por Profit Editorial, es un compendio de reflexiones, en 175 páginas, en el que diferentes personalidades de prestigio del ámbito económico, jurídico y laboral ponen de manifiesto cómo los procesos de municipalización pueden afectar de forma negativa al desarrollo de las ciudades. La edición de este libro es la primera de las acciones de la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos, que se presentó el pasado mes de abril en Valladolid y cuyo objetivo es velar por la calidad de los servicios públicos ciudadanos.
