Suma ya tiene facultad para cobrar la tasa de tratamiento de residuos en 2018

ALICANTE. El organismo autónomo de la Diputación de Alicante encargado de la gestión de impuestos Suma ya tiene aprobado el acuerdo base por el que se regirá el nuevo impuesto que se pasará al cobro a partir del 1 de enero de 2018: se trata del tasa para amortizar el coste del tratamiento de los residuos sólidos. Es un impuesto que aprobarán todos los consorcios comarcales y que una vez fijado, se cobrará por cada hogar y será complementaria al que ya cobran los ayuntamientos por el servicio de recogida de basura y limpieza viaria. 

El pleno de la Diputación de Alicante aprobó el documento marco la semana pasada, en la sesión del 11 de enero, y ahora son los consorcios comarcales de la provincia -Vega Baja, Vinalopó, Les Marines, L'Alacantí-L'Alcoià-El Comtat y Alicante- los que deben firmar acuerdos con Suma para delegarle el cobro del nuevo impuesto, una vez esté cuantificado y aprobado por todos los entes encargados de la gestión.

¿A qué asciende esta nueva tasa? En estos momentos, se desconoce. Según explica el director general de Residuos de la Generalitat, Joan Piquer, se trata de una nueva tasa que debe cubrir los gastos del tratamiento de residuos sólidos. Cada uno de los consorcios ha encargado un informe para cuantificar los gastos globales -tratamiento, valorización y transporte-, incluidos las mejoras que se deben hacer en cada planta de residuos: Villena, Elche, Xixona, Alicante y El Campello. Se puede demorar un poco más la evaluación de la Vega Baja, pues es la única comarca que no tiene planta, aunque no debería: actualmente, la Vega deposita sus residuos en Alicante.

Se manejan estudios internos que el coste de la nueva tasa puede rondar los 50 euros por vivienda al año, aunque es un precio estimado, pues depende de otros factores, como la distancia del vertedero o la planta de transferencia o la eficiencia del sistema de reciclaje. El estudio encargado debe armonizar todas las variables.

Una vez se determine el coste global, se establecerá el precio por vivienda, que después deberá aplicar cada ayuntamiento. Y ahí vendrá el gran dilema de los consistorios: pues muchos de ellos deberán rebajar la actual tasa del servicio de recogida de basuras, que hasta ahora incluía el coste del tratamiento y de recogida. Aunque lo normal será reequilibrar los dos recibidos, lo más lógico es que con la entrada en vigor del nuevo impuesto, la cantidad que pague el usuario por ambos conceptos sea mayor que la que ahora paga en un mismo recibo. El presidente del consorcio de residuos de la Vega Baja, el socialista Manuel Pineda, ya ha advertido que lo normal es que suba el coste global, pues actualmente el recibo que se cobra al usuario no cubre todos los gastos. "Habrá que hacer mucha pedagogía", reconoce Pineda.

La idea es que el primer cuatrimestre del año estén los informes de todos los consorcios comarcales de la provincia de Alicante y que se pueda establecer el coste por vivienda. La Vega Baja tiene un caso de excepcionalidad: no tiene planta de residuos y, con el cierre de la planta de Crevillent, todos los municipios llevan sus residuos a la planta de Alicante, a excepción de Orihuela que los lleva a Murcia por cuestiones de proximidad -tiene un convenio suscrito con el Gobierno de la Región de Murcia-.

Paralelamente a la cuantificación del nuevo impuesto, el consorcio de la Vega Baja debe dilucidar en los primeros meses de este 2017 dónde ubica las dos plantas de transferencias y, posteriormente, con todos los estudios en la mano, dónde se construye la planta de residuos. La gestión la asumirá, como ya se ha publicado, la empresa pública de la Generalitat, Vaersa, una vez acordada la gestión directa. Hay que recordar que el primer intento fue el de instalar la planta de reciclaje en Albatera con la adjudicación que se hizo a la UTE Ortiz-Cespa, ya rescindida por el propio consorcio, e investigada judicialmente en el marco de la operación Brugal.