ALICANTE (EP). El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este martes por unanimidad solicitar la declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por el temporal al Gobierno de España y al Consell. La propuesta incluye, asimismo, solicitar recursos al fondo de solidaridad de la Unión Europea para la reconstrucción.
Entre los municipios que se podrán beneficiar están los ayuntamientos de la comarca de la Vega Baja afectados por las inundaciones y zonas limítrofes de Crevillent o Santa Pola, en la comarca del Baix Vinalopó.
En una sesión extraordinaria celebrada en el salón de plenos del Palacio Provincial, la institución ha refrendado este martes la propuesta por emergencia de protección civil para los municipios afectados presentada por el equipo de Gobierno y después de guardar un minuto de silencio por las dos víctimas mortales registradas y por la persona desaparecida desde el domingo.
Los portavoces de PSPV, PP, Ciudadanos y Compromís han coincidido en apoyar la medida para cubrir los destrozos registrados en propiedades privadas, empresas o zonas agrícolas. También han apostado por hacer valer la política para trabajar al "unísono" entre administraciones para recuperar lo perdido y poner en marcha los servicios básicos como los centros educativos ante una "devastación tremenda".
A la sesión extraordinaria han acudido, entre otros, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y la alcaldesa de Jacarilla, Pilar Díaz. Uno de los que no ha podido acudir a la cita ha sido el alcalde de Dolores y diputado provincial, José Joaquín Hernández. También han asistido a la cita la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, o el expresidente provincial y diputado nacional, César Sánchez.
El presidente de la Diputación, Carloz Mazón, ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de emergencias y ha subrayado que el sur de la provincia sigue en nivel 2 de emergencia, "por lo que la situación no ha terminado". Así, ha explicado que ahora la preocupación se centra en Guardamar del Segura, donde siguen realizándose actuaciones de salvamento. Ha centrado los trabajos en compatibilizar el tránsito desde la emergencia hacia el restablecimiento de los servicios básicos.
Por ello, ha anunciado que desde la Diputación se establecerá una mesa técnica de las ayudas porque no cabe "esperar a ninguna declaración", ha dicho, y ha expuesto que ya "hay máquinas trabajando" con un dispositivo especial. Se ha referido a actuar en materia de vías de comunicación y en servicios esenciales "de gestión directa" en materia de agua y alcantarillado y ha solicitado el permiso de los ayuntamientos para actuar en caminos o calles de gestión municipal.
Asimismo, ha indicado que de los 27 vehículos movilizados por la Diputación, se han perdido 15 camiones afectados por el agua. Además, ha relatado que los servicios de emergencias provinciales han practicado 1.697 desalojos, con 792 salvamentos de personas, "23 de alto riesgo para la vida, casi todos por vía aérea". A ello, ha sumado los 717 rescates ejecutados por la UME y las 2.400 intervenciones directas de Cruz Roja. En estos momentos ya han 60 brigadistas de carreteras trabajando en la Vega Baja con 19 retroexcavadoras. "Seguimos en emergencia y la prioridad debe ser la atención a las personas", ha comentado Mazón en atención a los medios al término de la sesión plenaria.
A preguntas de los medios, el presidente provincial ha anunciado que Suma Gestión Tributaria ampliará en un mes el plazo para el pago voluntario del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), porque la ciudadanía "ahora no está para estas obligaciones". También ha anunciado que Suma pondrá a disposición de los ayuntamientos fondos para, en caso de tener problemas de tesorería, "abordar las obras de urgencia". "Vamos a actuar desde diputación, asumiendo esos gastos de emergencia, pero cuando vengan esas convocatorias de ayudas los ayuntamientos tendrán que adelantar ese dinero, para justificarlo y recuperarlo; al que le falte ese dinero, Suma va a poner una operación especial de tesorería", ha comentado.
