ALICANTE. La pugna empresarial entre dos gigantes del sector de las telecomunicaciones vuelve a reproducirse sobre el escenario del Ayuntamiento de Alicante. Se trata del duelo entablado entre Vodafone y Telefónica por convertirse en adjudicatarias del servicio de telefonía municipal (el que proporciona las líneas telefónicas y el acceso a internet en el conjunto de dependencias administrativas).
El equipo de gobierno aprobó la convocatoria del concurso el pasado mes de octubre, con la intención de regular un servicio que se viene prestando con contrato vencido desde julio de 2018: cuando se extinguió el acuerdo previo concertado con Telefónica. La nueva licitación partía con un precio de salida de 4 millones y cuatro años de duración. Y las dos compañías (Vodafone y Telefónica) fueron las únicas que presentaron ofertas. No obstante, la propuesta planteada por Vodafone quedó excluida después de que, en el informe de evaluación, se considerase que no se ajustaba a los requisitos técnicos establecidos.
De hecho, en base a esa consideración (ya ratificada en Mesa de Contratación), el bipartito compuesto por PP y Cs preveía aprobar la adjudicación del contrato a Telefónica en la Junta de Gobierno de este martes. No obstante, el acuerdo quedó en suspenso, toda vez que el departamento de Contratación había recibido la notificación del recurso presentado por Vodafone ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) frente a su exclusión en el procedimiento con el objetivo de que su oferta fuese readmitida y valorada en el concurso.
Como explicó el edil de Contratación, el popular Manuel Villar, el aplazamiento del acuerdo de adjudicación se adoptó "por prudencia", ya que el mero registro del recurso no tenía efectos suspensivos sobre el expediente. En todo caso, la paralización debería acordarla el propio TACRC, en el momento en el que analice las pretensiones de la compañía recurrente.
Sea como fuere, lo cierto es que no es la primera ocasión que Vodafone encuentra el amparo del TACRC en relación al servicio de telefonía de Alicante. Es más, la multinacional logró que el tribunal adscrito al Ministerio de Hacienda forzase al bipartito a anular el primer concurso convocado en julio de 2019. En ese momento, Vodafone alegó que el pliego de bases incluía condiciones específicas favorables a Telefónica. Entonces, el TACRC aceptó el recurso y anuló la convocatoria, lo que obligó al equipo de gobierno a elaborar un pliego nuevo, lo que acabó propiciando una demora de más de un año en la nueva licitación. Desde entonces, el servicio ha continuado en manos de Telefónica, mediante la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de crédito.