VALÈNCIA. La Conselleria de Servicios Sociales avanza con su voluntad de modificar los plazos de cumplimiento del decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales. Este jueves salía a información pública el borrador de la modificación del decreto para alargar el plazo de cumplimiento de algunos de los parámetros que causaban tensión a los centros residenciales por entender que no era viable económicamente su fecha de cumplimiento.
Fue el pasado mes de septiembre cuando el departamento liderado por Susana Camarero sacó a consulta pública una modificación de la normativa que apuntaba a unos períodos temporales más extensos que permitan una "mayor y mejor adaptación a la realidad". A principios de diciembre, la conselleria iniciaba las reuniones con sindicatos y agentes empresariales de servicios sociales para iniciar un diálogo con el que abordar los cambios en el decreto.
Ahora, ya se han puesto sobre la mesa los primeros cambios, que según explicaban desde el departamento vendrán seguidos de otros que abordarán de forma directa las ratios. Sin embargo, algunos de estos ratios y modificaciones marcados en las disposiciones transitorias entrarían en vigor el próximo marzo, por lo que la intención es desplazar esos plazos para aplicarlos progresivamente. Mientras, se dan entre nueve y diez meses para modificar las condiciones del decreto con las aportaciones del sector.
Entre los cambios más significativos está el aplazamiento del cumplimiento mínimo de la ratio de personal, marcada en tres tramos. A 1 de enero de 2025, en el actual decreto el ratio de auxiliares está marcado en 0,35; 0,43 de ratio de atención directa y 0,55 de ratio general. La propuesta es que ésta se aplace hasta el 31 de diciembre. El tramo previsto a 1 de enero de 2026 se aplaza hasta el 31 de diciembre. Mientras, el máximo incremento aplaza su cumplimiento de 2027 a 2029 con una ratio de auxiliares de 0,44, 0,51 de ratio de atención directa y 0,68 de ratio general.
Otras cuestiones que se aplazan es la adaptación de sus instalaciones desde la puesta en vigor del decreto, que pasa de dos a cuatro años. Sin embargo, el resto de cumplimientos no sufren un aplazamiento significativo de plazos. "Estamos de acuerdo con todas las decisiones que estén encaminadas a mejorar el decreto de tipologías y hacerlo más viable. Creemos que se podría ampliar la suspensión a otras disposiciones transitorias que se ven afectadas por las planteadas. Por ejemplo, sería difícil cumplir con todos los requisitos de protocolos, programas y registros con el personal actual", señala el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro.
CCOO y UGT criticaban a la vicepresidenta segunda y la consellera de Servicios Sociales por sacar este jueves a información pública, en plena "en Navidad y con alevosía", la modificación del decreto de tipologías y dar solo diez días de naturales para poder realizar aportaciones. Al respecto, señala que es "un despropósito" la modificación del decreto, que no tiene ni un año de publicación y que no se ha llegado a poner en funcionamiento, y al respecto advierten de que "no haber tenido reuniones de la mesa de Diálogo social como el plazo dificultan poder realizar aportaciones".
Los sindicatos señalan que este decreto ha sido "controvertido" y fue recurrido por organizaciones patronales que "defendían el beneficio empresarial sobre la mejora de la atención a las personas usuarias, recurso en que se personaron ambas organizaciones sindicales para defender su vigencia".
En ese sentido, consideran que estos movimientos por parte de la Conselleria son "consecuencia de los recortes presupuestarios", ya que "todas sus actuaciones son aquellas derivadas de un coste económico, recortes que van a un empeoramiento de los servicios sociales y a un aumento de la brecha salarial, ya que es un sector altamente feminizado".
Por ello, solicitan a Camarero que convoque la Mesa del Diálogo Social, porque "no solo preocupa la modificación del Decreto y lo que conlleva para su implantación, sino también los incumplimientos de los Acuerdos de 17 de noviembre de 2022 para la mejora del sistema público de Servicios Sociales".
