L'ALFÀS DEL PI. El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi será el siguiente en aplicar la carrera profesional para sus trabajadores públicos en la comarca de la Marina Baixa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante ha estimado el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) que reclamaba al Consistorio la aprobación del reglamento. De este modo, el juez le ha dado un plazo de seis meses para avanzar en su aprobación y el Ayuntamiento ya trabaja en ello.
Tal y como figura en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el sindicato pidió que se iniciaran los trámites y la aprobación de las normas reglamentarias para establecer un sistema de grados de desarrollo profesional. Además del abono de las cantidades correspondientes. Para ello, pedían seis meses para su ejecución.
Sin embargo, el Ayuntamiento desestimó la solicitud en una resolución que el sindicato recurrió en los tribunales "por no ser conforme a derecho". El juez admitió a trámite la demanda y posteriormente el Consistorio se allanó, aceptando las pretensiones del SPPLB en su solicitud. Es por esto que la sentencia deja sin efecto la resolución del Ayuntamiento y reconoce el derecho del sindicato en cuanto a su solicitud, en el que además se tendrán que regular los requisitos y la forma de acceso a cada uno de los grados y las retribuciones asignadas.
En este sentido, desde esta asociación dicen tender la mano al alcalde, Vicente Arques, y le han remitido un borrador de Reglamento "para que con la máxima celeridad posible se inicien los trámites y las negociaciones para ejecutar la sentencia". A su vez, quisieron agradecer al primer edil que haya firmado de manera urgente un decreto accediendo a la petición de aplicar la carrera profesional. Fuentes municipales aseguraron que ya están trabajando en el nuevo reglamento para llegar a tiempo a los seis meses de plazo.
De este modo, poco a poco los municipios empiezan a cumplir con la carrera profesional de los empleados públicos. El primero en acatarlo fue el Ayuntamiento de Benidorm, después de un proceso judicial cuya sentencia está siendo ejemplo para demandas de otras localidades, según explica el SPPLB. A este le han seguido el de Alicante, además de otras localidades de la comarca de la Marina Baixa, como Altea o la Vila Joiosa, que ultiman su aplicación.