ALICANTE. La construcción de la sede del Patronato Costa Blanca encuentra finalmente el terreno despejado en su segunda tentativa. La mesa de contratación de la Diputación Provincial ha considerado válida la única oferta presentada al concurso, por parte de la constructora Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales, lo que convierte a la compañía en preadjudicataria de las obras, tras la adopción del acuerdo de clasificación.
De este modo, la compañía ejecutará las obras de reconstrucción del edificio, adquirido por la institución provincial en 2018, tras plantear un precio de 1.388.217,84 euros y comprometerse a asumir tres mejoras adicionales relacionadas con la adecuación de la planta de casetón cubierta, la dotación de instalaciones eléctricas y el amueblamiento del edificio sin cargos adicionales.
Así, la propuesta habría recabado 84 puntos en la baremación final, con lo que se eleva propuesta de adjudicación, tras no advertir ningún defecto ni anomalía en la oferta, que además supone una baja del 9% respecto al presupuesto de licitación con el que partía el concurso.
En principio, salvo contratiempo inesperado, las obras podrán iniciarse en el momento en el que se adopte formalmente el acuerdo de adjudicación y que pueda producirse la firma del contrato y del acta de replanteo, puesto que el departamento de Arquitectura que dirige el diputado José Ramón González de Zárate ya dispone de consignación presupuestaria para su ejecución.
La sede del Patronato se ubicará en pleno centro de Alicante, en el número 12 de la calle Canalejas, a partir de la reconstrucción del inmueble preexistente, del que solo se conserva la fachada, que permanece apuntalada desde que se produjo su vaciado interior. Las futuras instalaciones deben estar terminadas en un plazo máximo de 16 meses, por lo que podrían concluirse a mediados de 2023. A partir de entonces, sustituirán a las oficinas provisionales en las que se ubica el Patronato en la actualidad, en dependencias del Auditorio Provincial (Adda).
Los trabajos ya disponen de consignación presupuestaria y finalizarán a mediados de 2023
Como ya ha informado este diario, la institución provincial puso en marcha en 2019 una primera licitación con el fin de que se ejecutasen las obras, de la que resultó adjudicataria una UTE compuesta por la constructora valenciana Bluedec, la alicantina Cupola y la catalana Tarraco. Las tres compañías agrupadas presentaron una oferta por un importe de 1,25 millones, que fue validada en enero de 2020 como la más ventajosa para el interés público.
Sin embargo, los trabajos encomendados no llegaron a iniciarse más de un año y medio después. Esa situación fue la que llevó a la Diputación a acordar la resolución del contrato por incumplimiento, después de que la UTE alegase que no podía asumir su ejecución por el importe ofertado ante el incremento de precios de los materiales de construcción.