El intendente de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, acompañado de su abogado, el día que declaró en la Comisaría de Alicante. Foto EFE SANTA POLA. Hace año y medio, en junio de 2017, salió a la luz la supuesta trama de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, que se saldó con la detención de la cúpula del cuerdo, con el intendente José Miguel Zaragoza, hermando del ex alcalde; el oficial Roque Alemañ Bonet y los ex concejales Antonio García Huerta y Andrés García Baile, y los responsables de dos empresas suministradoras de uniformidad, Gil de los Ríos y Uniformes Riera. El caso se dividió en dos causas, una por cada empresa, aunque con un nexo común en los implicados. Ahora, una de las causas está a punto de ser juzgada, y el Ayuntamiento de Santa Pola, como acusación particular, en calidad de perjudicado, ha elevado sus conclusiones provisionales: considera que en las irregularidades en la contratación y recepción de los uniformes puede existir un delito de continuado de fraude, de prevaricación y de falsedad de documental.
Por todo ello, reclama tres años de prisión para el intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile, además de 8 años de inhabilitación para cargo público. A ambos se les acusa de los tres delitos. Al oficial Roque Alemañ Bonet se les acusa de un delito de fraude y prevaricación y, por ello, lo se le piden dos años de prisión, y 16 años de inhabilitación para inhabilitación de empleo o cargo público. Los otros tres acusados son Antonio Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno y Mario Gil Moreno, de las empresas Gil de los Ríos e Isignia. A los dos primeros se les acusa de fraude y falsedad documental, y se les reclama tres años de prisión, y a Mario Gil, de fraude, y se le piden dos años y un día de prisión.
En el relato de los hechos, a todos ellos se les responsabiliza del pago de facturas por procedimientos irregulares en ejercicio y abuso de sus funciones públicas para defraudar al ayuntamiento. En total, se trata de dos facturas, una de 20.570 euros y otra de 6.861 para saldar una deuda pendiente del ayuntamiento con las empresas suministradoras por valor de 27.664. Además, las entregas de los uniformes se hicieron sin constar albarán alguno, "de prendas supuestamente servidas desde el año 2008" con el objetivo de reducir una deuda que se tiene con la empresa Gil de los Ríos pero "previamente destruyendo todos los albaranes que tengas antiguos" de esta misma mercantil. Como aprueba se aportan varios correos entre Roque Alemañ y José Miguel Zaragoza en los que se explica cómo debe seguirse el procedimiento. Este mismo modus operandi se repitió con las dos facturas: en el caso del primer pago se hizo mediante expediente administrativo, aunque irregular; el en segundo, se hizo con carta y sin aportar facturas y, por lo tanto, "no queda constancia de como ha sido pagado a la empresa", alega las conclusiones.
Esta es la primera causa del caso uniformes que va a ser juzgada. Ahora, faltan los escritos de conclusiones del Ministerio Fiscal y las defensas. Pero hay otra pendiente, referida a la empresa Uniformes Riera.
