Un momento de la marcha vecinal contra el movimiento de graneles a cielo abierto celebrada hace un año. Fotos: PEPE OLIVARESALICANTE. El Centro de Salud Pública de Alicante, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, entra de lleno en el escrutinio sobre la actividad de carga y descarga de graneles que se desarrolla en los muelles 11, 13 y 17 del Puerto de Alicante. Portavoces oficiales de la Conselleria de Sanidad confirmaron este martes a Alicante Plaza que se ha iniciado un estudio para evaluar si la contaminación ambiental producida por el movimiento de materiales pulverulentos genera un impacto sobre la salud de los residentes del entorno. Es decir, justo como sostiene la Asociación de Consumidores José María Mena en el escrito de alegaciones presentado ante el Juzgado de lo Contencioso número 1 para solicitar que se ejecuten los decretos de suspensión de actividad dictados por el exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), cuya eficacia ha quedado paralizada cautelarmente en respuesta al recurso presentado por una de las empresas estibadoras (Bergé Marítima).
En concreto, como detalla la asociación -que forma parte de la plataforma contra el movimiento de graneles a cielo abierto- el Departamento de Salud Pública está evaluando "la morbilidad producida por la contaminación" con un estudio de tres meses de duración y "otro de mortalidad producida por las mismas causas de un año de duración". Con el primer estudio se trataría de conocer cuántas personas contraen enfermedades relacionadas con la propagación de partículas a la atmósfera en el ámbito de influencia del Puerto en relación al resto de la ciudad y durante un periodo de tiempo de terminado (los citados tres meses). Con el segundo estudio, se trataría de cuantificar cuántas defunciones asociadas a esa contaminación se han registrado en un determinado periodo (el periodo de un año ya mencionado).
Según las fuentes consultadas, el hecho de que se inicien esos estudios no implica que, efectivamente, exista una relación de causa-efecto. De hecho, el objeto de esas evaluaciones es precisamente determinar si existe esa relación y, en caso afirmativo, en qué grado. Las mismas fuentes precisaron que los estudios se elaboran teniendo en cuenta a la población residente en un radio de acción de un kilómetro desde el Puerto de Alicante. Se contabilizarán los casos de enfermedades y defunciones registradas tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria desde una perspectiva retrospectiva, desde el inicio de 2016.
Los estudios se realizarán sobre las posibles enfermedades y defunciones relacionadas con la contaminación que se hayan registrado y se registren entre la población asentada en un radio de acción de un kilómetro respecto al Puerto
Hasta el momento, tanto la Autoridad Portuaria, como las empresas estibadoras, como los representantes de los trabajadores vienen defendiendo que no existe tal relación ni impacto alguno sobre la salud de las personas, como -a su juicio- se demostraría en los certificados médicos de los empleados a cargo de la operativa.
Como ha informado este diario, el escrito de alegaciones presentado por la asociación trata de que se deje sin efecto la suspensión cautelar de los decretos de Urbanismo, tras alegar el doble impacto que la carga y descarga de graneles a cielo abierto estaría generando sobre el interés público: el perjuicio económico que la contaminación podría conllevar sobre el sector turístico y el daño sobre la salud. El colectivo llega a solicitar que el juzgado exija una caución de 15 millones a las empresas estibadoras para cubrir esos daños, en el caso de que no levante la suspensión cautelar de los decretos, por los que se instaba a las empresas a solicitar licencia ambiental para ejercer su actividad. El Ayuntamiento de Alicante también ha presentado alegaciones en defensa de los decretos dictado por la Concejalía de Urbanismo.
El Ayuntamiento defiende ante el juez los decretos de paralización de Pavón
Como también ha publicado este diario, la Conselleria de Medio Ambiente concedió la autorización de emisiones a la atmósfera a la Autoridad Portuaria condicionada al cumplimiento de medidas correctoras. Si en el plazo de un año se demostraba que no resultaban suficientes, se forzaba a construir naves cerradas para que la operativa se desarrollase a cubierto con el propósito de evitar la propagación de partículas al ambiente. Les Corts aprobaron la semana pasada una proposición no de Ley en la que se instaba al Consell a exigir la construcción de esas infraestructuras, con la implicación y la participación económica del Ministerio de Fomento.
