Imagen de archivo posbotellónSAN VICENTE DEL RASPEIG. La nueva ordenanza de convivencia ciudadana de San Vicente del Raspeig ya ha entrado en vigor. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el martes 19 de abril, el municipio tiene oficialmente una nueva normativa que regla el civismo y que ha contado con las aportaciones de Policía Local y el área municipal de Sanidad y ha actualizado los modelos de actuación e intervención.
El documento está centrado en la limpieza viaria, especificando las prohibiciones y las pautas a seguir en la limpieza de red viaria por el uso común de la ciudadanía, a consecuencia de obras, a causa de la celebración de actos públicos y como consecuencia de la actividad de establecimientos públicos y otras ocupaciones autorizadas.
Un hincapié de la limpieza de las calles en un municipio que tiene caducado el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria y a la espera de iniciar una nueva licitación del servicio. El énfasis en la limpieza viaria es tanto que, de hecho, el texto incluye un anexo especificando la tipología de los residuos (residuos comerciales, industriales, peligrosos y sólidos urbanos o domésticos).
La ordenanza también tiene otros aspectos destacables. Si bien el grueso de las sanciones oscilan entre los 750 y los 3.000 euros por diversos actos incívicos, es llamativo el apartado de alcohol. En este sentido, la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y beber en espacios públicos no autorizados para ello (alias, el botellón) se penarán con un máximo de hasta 15.000 euros.
Los animales también están protegidos en esta ordenanza, que sancionará con entre 6.000 y 18.000 euros el maltrato físico o psíquico a los animales; la grabación de escenas que comporten crueldad animal; la esterilización, la práctica de mutilaciones y de sacrificio animal sin control veterinario; la venta ambulante de animales; la cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes o la utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas o fiestas populares.
Por su parte, tendrán una sanción de 600 a 30.000 euros la obstrucción a las autoridades, empleados públicos o corporación local; desobedecer o resistirse a la autoridad; no identificarse si así lo requiere la autoridad local y proporcionar datos falsos o inexactos.
Al entrar en vigor esta ordenanza, el texto deroga otras ordenanzas por ir implícitas ya en el documento que ahora entra en vigor. Estas son la ordenanza de tenencia de animales, la ordenanza de servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos y la ordenanza de protección de imagen de la ciudad.
El Pleno aprobó la ordenanza en la sesión plenaria del 30 de marzo de 2022 tras desestimar las alegaciones presentadas, según el informe jurídico emitido. La corporación municipal dio el visto bueno con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSOE, EU y Podemos) y Compromís, las abstenciones de Vox y PP y el voto en contra de Ciudadanos.
