No es la primera vez que sucede, pues por desgracia en demasiadas ocasiones se pone al lobo a vigilar a las ovejas, que es justamente lo que ha sucedido al parecer en varios centros de menores de Baleares. El asunto ya está siendo investigado por la policía y los juzgados. Según algunos medios, el Gobierno balear había rechazado en dos ocasiones investigar los casos, al parecer más de dieciséis, no sólo de abusos sexuales sino de prostitución de menores que supuestamente eran tuteladas en estos centros. Resulta sangrante conocer que personas que estaban encargadas del cuidado de estas menores se dedicaran, por el contrario, a explotarlas sexualmente, y considero que lo del Gobierno balear no tiene nombre. También habría que investigar el porqué de esta pasividad, puesto que lo menos que se puede decir es que fue un no actuar negligente, cuando no culpable. Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de que deba responder esta administración autonómica, en su caso, por los daños de toda índole causados a estas menores.
Los hechos son una gravedad extrema, porque la protección de la infancia debe ser una prioridad en la agenda de cualquier gobierno. Es precioso que recordemos que el artículo 39 de la Constitución Española dispone en su apartado cuarto, expresamente, que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y por su parte la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas de 1989, de obligado cumplimiento para los Estados firmantes como España, dispone que serán los poderes públicos los obligados a proteger a los menores. No solo había, por tanto, una obligación moral de protección de estas niñas por parte del centro y sus cuidadores, sino también y principalmente tenían los mismos una obligación legal.
La vulnerabilidad de los menores hace que ellos sean sujetos acreedores de especial protección. Los adultos somos quienes hemos de velar por ellos y por su integridad física y moral, entre otras muchas cosas; de ahí que un caso como el sucedido en Baleares resulte doloroso para cualquier persona con sentido y sensibilidad. Las secuelas que pueden arrastrar estas niñas tal vez las marquen para siempre, por ello la importancia de que quienes estén ideando fechorías de este estilo sepan que sus actos no quedarán impunes y que la ley caerá a plomo sobre sus cabezas. Es preciso depurar responsabilidades, del primero al último e incluyendo también como responsables a quienes, con su actitud de no querer enterarse de lo que estaba sucediendo, hicieron posible que se cometieran estos delitos. Obviamente hablamos de hechos delictivos punibles conforme al Código Penal.
Aunque no sea la primera vez que sucede una cosa de este estilo, no por ello deja de sorprendernos. A muchos nos ha llenado de estupor el caso. Por más que la historia de la humanidad esté jalonada de hechos graves y espantosos incluso, no por ello hemos de permitir que nuestra sensibilidad se vuelva de corcho y que nos empiecen a dar igual las cosas que suceden injusta e indebidamente a nuestro alrededor. Es más, el papel de los medios de comunicación es realizar un control de este tipo de hechos y ponerlos de manifiesto, para tratar de que no vuelvan a suceder y se pueda perseguir a los culpables, entre otras muchas cosas, como está ocurriendo desde el primer momento que saltó la noticia. Quedaría por saber por qué el Gobierno, esto es PSOE y Unidas Podemos, se oponen a que se abra una comisión de investigación en el Congreso, bajo el argumento incomprensible de una presunta salud democrática, en palabras de Iglesias, que el pasado martes tuvo una bochornosa intervención en el Congreso, permitida por cierto por la presidenta, con exabrupto y balones fuera incluidos. Qué nivelón y encima la casa sin barrer.