Hace algo más de un mes, la actual delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tuvo un gesto que hasta ahora no habían tenido sus antecesores/as. Tuvo a bien mantener un desayuno con representantes de medios de comunicación, defender la gestión hasta ese momento, sobre todo, en materia de incendios y los bonos en Cercanías; parar los golpes que caían con el cambio de estación del AVE Madrid-Alicante, y, además, sacer pecho de la inversión del Gobierno en la provincia. Mencionó las obras acabadas -acceso al aeropuerto y variante de Benissa- y además se le escapó que Alicante iba ser la gran apuesta de la Generalitat para acoger la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial.
Pilar Bernabé se detuvo también en la materia hídrica. Defendió la gestión tanto del Gobierno como de la Generalitat en la cuenca del río Segura, de la que dijo que la inversión llegaría a los 353 millones dentro del Plan de Gestión de Cuenca. Insistió mucho en el dinero reportado a la limpieza del cauce del río Segura. Cuando salí de esa almuerzo, además de tener que matizar lo que a la delegada se le había escapado sobre la sede de la IA, llegué a la conclusión de que era la primera vez en los últimos tiempos que veía una representante del Gobierno que no sólo defendía la acción del ejecutivo de Madrid, sino también la de la Generalitat. "Esta viene con la camiseta del PSOE, y del PSPV", me dije.
Con esa sensación, pensé, esta mujer sabe de lo que habla, ha pisado el terreno, a pesar de llevar poco tiempo en este cargo, y conoce lo que se está haciendo y, y lo más importante, lo que necesita, sobre todo, para las comarcas del sur, siempre ladeadas en inversión, a excepción de para poner en marcha el AVE y, en su día, la nueva terminal del aeropuerto.
La sorpresa vino este jueves, cuando se conocieron, los detalles del anteproyecto del Presupuesto General del Estado para 2023. ¿Decepción? Bastante. No solo por la cantidad global, que al final suele ser mentira, sino por la poca concreción de proyectos, que sí son necesarios. Sobre todo, los viarios y la conexión férrea con el aeropuerto: la provincia de Alicante tiene actualmente su principal arteria -A70 y A7- saturada, en muchos tramos necesita un tercer carril, y las cuentas solo recogen inversión para el tramo Orihuela-Crevillent. Lo de la primera circunvalación de Alicante ya es una ratonera casi todas las mañanas, y a falta de inversión, no estaría de más que el Gobierno liberara de peaje la segunda circunvalación, como viene reclamando insistentemente en alcalde de Elche, Carlos González.
Y lo del tren al aeropuerto Alicante-Elche ya suena a pitorreo, a falta de una mejor explicación, que quizás la tiene, pero que nadie ha sido capaz de dar. Todo el mundo sabe que es una prioridad y que una terminal de esa envergadura no puede seguir desconectada del AVE y el resto de nodos de transporte. En las cuentas del año pasado se pactó una enmienda de Compromís para elevar la inversión a 64 millones hasta 2024; los vecinos de Alicante vienen reclamando la retirada de las líneas del tren de la fachada marítima, y nadie es capaz de elevar la inversión, o explicar cómo se ejecutará ese proyecto.
Después ya podríamos entrar a discutir otros proyectos, como duplicar la N-332 a su paso por Torrevieja, también necesaria, sobre todo, los meses de verano; mejorar los convoyes y las frecuencias del Cercanías Alicante-Murcia, que usan más de un millón de viajeros; también las de Alicante-Villena o aumentar la capacidad de la desaladora de Torrevieja, como también se anunció. No menciono el AVE Alicante-València porque considero que las obras van en marcha, aunque a su ritmo. Y del tren de la costa, mejor no hacerse ilusiones.
Para este 2023, era fácil: darle un empujón al tren que conecta al aeropuerto, anunciar que el AVE a València por el interior llegaría pronto y poner sobre el papel inversiones para disponer de un tercer carrill en la autovía que cruza desde el antiguo peaje de Sant Joan hasta Orihuela. Y en caso de no poder ser, liberar la segunda circunvalación de un diezmo que no solventa el fracaso que fue la operación para construirla. Los tres euros que se cobran no arreglan nada; y no cobrar, quizás aumenta el tráfico y libera a la otra vía. Con eso se hubieran conformado lo que están sobre la materia. No se hubiera evitado el griterío político, pero quizás si el clamor general, y al mismo tiempo, también el sonrojo socialista.
Pero desplazar a la quinta provincia de España al último renglón de inversión por habitante es un chuleo de necios. Y lo que es peor no haber hecho nada por evitarlo. Entiendo que a Puig y a los suyos les pillara por sorpresa, pero cuesta entender que la delegada del Gobierno con la zamarra del puño y la rosa desconociera el desequilibrio que se iban a generar. Si lo supiera o no, al Gobierno de Pedro Sánchez casi salía a cuenta instar a la mentira. Haber hinchado las cifras, decir que buenos son y después que los datos de la ejecución nos quiten la desilusión aunque sea dos o tres años después. Y aquí paz y allá gloria. Que es lo que viene pasando, independientemente del signo político del Gobierno. Todos los presupuestos son mentira, no recogen la realidad, pero en este caso, casi salía a cuenta mentir a propósito para evitar el consenso de rechazo que han generado. Han fallado las cifras, y lo peor, la comunicación, porque a todos se nos ha quedado cara de tonto, pese a la advertencia reiterada, como especialmente hace Ineca, que lo repiten cada trimestre. Más que el diván político que han generado, creo que no basta con remendarlo, sino que lo que se consiga de más, que sea tangible.