Foto: ROBER SOLSONA/EPVALÈNCIA (EP). El abogado del expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus ha pedido la nulidad del caso Imelsa al ver "manipulación" en el pendrive que originó el procedimiento y que entregó la actual consellera de Transparencia y exdiputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalía Anticorrupción.
El letrado de Rus se ha pronunciado así en el primer día del juicio por las piezas B y F de Imelsa, relativas a los presuntos 'zombies' en Imelsa y Ciegsa, durante el turno de cuestiones previas. Fiscalía se ha opuesto a su pretensión.
El abogado de Rus, Emilio Pérez, ha cuestionado la autenticidad de los "artefactos informáticos" que originaron la causa Imelsa y, en concreto, se ha referido al pendrive que entregó Rosa Pérez a Fiscalía en 2014, el cual "no consta que fuera entregado a la UCO para su análisis ni su aceptación por parte del juzgado", ha dicho, por lo que ve infracción del derecho de defensa, de la tutela judicial efectiva y de un proceso con todas las garantías para su representado.
"No sabemos la cadena de custodia del pendrive porque de forma legal nunca se ha movido de la pieza de denuncia", ha aseverado, para agregar que el mismo fue "manipulado" un día antes de que llegara al ministerio público.
Respecto al pendrive y al ordenador que Mariano López, el exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, también entregó al ministerio público con documentación y audios de algunos de los acusados, el letrado se ha pronunciado en los mismos términos y ha manifestado que fueron manipulados.
"Todos los informes de la causa han sido realizados tras el examen el pendrive de Rosa Pérez, no legalizado y sin cadena de custodia. Rosa Pérez hizo una selección de grandes éxitos, lo manipuló y Mariano hizo exactamente lo mismo", ha incidido.
El fiscal Anticorrupción Pablo Ponce se ha opuesto a la nulidad y ha negado cualquier tipo de manipulación. "El pendrive de Rosa Pérez se entregó al juzgado de Instrucción y se admitieron los documentos. También fue objeto de análisis por parte de la UCO. No entendemos si ha habido alguna desconexión", ha dicho.
Al mismo tiempo, ha recordado que Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', no manifestó "en ningún momento" a lo largo el procedimiento que los audios que grabó estuvieran manipulados. "En numerosas declaraciones ha dicho ante el juez que los audios los grabó él y que no estaban manipulados", ha insistido. Sin embargo, hace unos meses, con motivo el primer juicio de Imelsa, por la pieza Thematica, el acusado cambió su versión. El tribunal ha descartado la nulidad y ha pedido primero practicar la prueba.
Por otro lado, Fiscalía ha avanzado que ha llegado a un acuerdo de conformidad con 10 de los 26 acusados por el que éstos reconocen los hechos y se les ha rebajado las penas. Además, ha pedido la testifical de Mariano López y del presidente de la Diputación, Toni Gaspar.
Momentos antes de las cuestiones previas, Francisco Javier Cañizares, uno de los acusados, ha pedido al tribunal cambiar de abogado: "Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista en mantenimiento", ha aseverado.
El acusado ha pedido el turno de palabra para pedir al tribunal que se suspenda el juicio porque quiere un cambio de abogado al indicar que no se sentía bien defendido: "Pido que me defienda un abogado de oficio", ha repetido, a lo que su abogada ha respondido que era la primera noticia que tenía al respecto.
"Os lo pido por favor, tengo falta de confianza en mi abogada", ha afirmado el acusado, para agregar: "Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (...) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento", ha expuesto.
Tras su solicitud, la abogada ha manifestado al tribunal su voluntad de renunciar a la defensa de su cliente al no verse en condiciones de asumir su representación.
El tribunal, tras estudiar la petición, la ha denegado. Ha rechazado tanto suspender el juicio como que el acusado cambie de abogado al estimar que las alegaciones planteadas son "muy genéricas y vagas" y que el acusado ha tenido mucho tiempo anterior para plantear esta cuestión.
A su llegada al juzgado antes del juicio, Rus ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que estaba "muy tranquilo" y ha insistido en su inocencia: "Ya tengo ganas de hablar. Llevó siete años esperando", ha dicho.
Rus, interpelado por los periodistas por si se considera inocente de los hechos que se le atribuyen y por los que se enfrenta a una pena de 12 años de prisión --tal y como le reclama el ministerio fiscal--, ha contestado: "Siempre, siempre". "Ya tengo ganas por lo menos de hablar, porque mis abogados no me dejan. Hoy tenía que declarar pero no sé cómo va. Tengo que estar dos meses aquí y me veréis todos los días", ha añadido.
Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el 'yonki del dinero' como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia.
En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio --también investigado en el conocido como caso Azud-- a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.
Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
