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En la Audiencia Nacional se retoma en septiembre el juicio por la última pieza de Gürtel 

Rus espera dos sentencias, sigue el juicio contra Camps y llega otro a Zaplana y Olivas

Foto: ROBER SOLSONA/EP
3/09/2023 - 

VALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). El curso judicial se abre este septiembre con la incógnita sobre las dos sentencias que espera el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por su procesamiento en el caso Imelsa, el juicio que se retoma en la Audiencia Nacional contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el que sentará en el banquillo a sus predecesores Eduardo Zaplana y José Luis Olivas.

Rus está a la espera de conocer dos sentencias por supuestas corruptelas en el marco del caso Imelsa. Por una parte, la contratación de personal que no realizaba trabajo alguno en esta empresa pública y, por otro, el supuesto amaño del contrato del servicio de atención telefónica que benefició al entonces suegro del autodenominado "yonqui" del dinero, Marcos Benavent.

En la Audiencia Nacional se retoma a partir del 19 de septiembre el juicio por la última pieza del caso Gürtel con ramificaciones en la Comunitat Valenciana, en la que se juzga, entre otros, al expresident Francisco Camps, que se enfrenta a una petición de condena de dos años y medio de prisión por encargos públicos a empresas del grupo de Francisco Correa.

El 9 de enero podría arrancar el juicio del caso Erial contra los también expresidents de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana y José Luis Olivas. El primero se enfrenta a una petición de condena de 19 años de prisión por maniobrar para favorecer a determinadas empresas "amigas" en un proceso de privatización de las ITV que le reportó, según Anticorrupción, sustanciosos beneficios que habría manejado a través de testaferros.

También en enero (el 23) está previsto el inicio del juicio de una de las causas más mediáticas del caso Imelsa, la que inicialmente incluyó el conocido como "pitufeo" -un supuesto delito de blanqueo que salpicó a medio centenar de concejales y asesores del PP de Rita Barberá- pero que, con el paso del tiempo, ha quedado reducida a una acusación contra el exvicealcalde Alfonso Grau, la exsecretaria del grupo Mari Carmen García Fuster, así como directivos de fundaciones públicas.

Aunque la cuota de acusados ha quedado reducida al núcleo más estrecho de colaboradores de Barberá, en la causa se juzgará un asunto de especial trascendencia para el PP de València, como es el de la financiación de las campañas de 2007 y 2011.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana deberá resolver el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la absolución del expresidente socialista de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez -y varios de sus colaboradores- en la causa por la contratación de altos directivos en Imelsa.

Por su parte, el Tribunal Supremo tiene pendiente la resolución del recurso planteado por el exmarido de la exvicepresidenta del Consell y ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra sobre la condena de cinco años de prisión que se le impuso por abusar, en el ejercicio de su cargo de monitor, de una menor tutelada.

Mónica Oltra. Foto: KIKE TABERNER

Este proceso dio pie a otro posterior en el que la menor inició acciones legales contra la Conselleria, entonces dirigida por Oltra, por una supuesta omisión del deber de socorro y de encubrimiento. Esta causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 está a la espera de varios informes sobre los correos intervenidos a varios de los subordinados de la exvicepresidenta, que han dado pie a la apertura de piezas secretas.

Otra de las causas cuya instrucción ya se demora en exceso y sobre la cual podría haber alguna resolución este mes de septiembre es la de las agresiones que protagonizaron al menos veintiocho ultras durante la tarde del 9 d'Octubre de 2017.

Las partes están citadas el día 25, aunque la complicación de las citaciones podría provocar nuevos retrasos.

En la Audiencia Provincial de Alicante, la repetición del juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, ordenado por el Tribunal Supremo, deberá esperar a que el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el procesado y yerno de la asesinada, que fue absuelto por un tribunal popular.

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