ORIHUELA. Ribera Salud continúa con la batalla legal contra la Conselleria de Sanidad por la reversión de la concesión del Hospital de Torrevieja. El último movimiento, tal y como publicaba ayer el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) pasa por la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consellera de Sanidad del pasado 14 de marzo, por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto el 14 de febrero contra la aprobación del acta de recepción definitiva de los bienes afectos al servicio de asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud de Torrevieja. Se trata del acta firmada el 15 de octubre de 2021, cuando se hizo efectivo el fin de la reversión. Un documento que recoge, explicaron ayer desde la Conselleria de Sanidad el número de bienes entregados, el estado de esos bienes y la liquidación de cuentas pendientes por los servicios prestados. El conflicto pasa así a la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 5 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ya ha requerido el expediente administrativo a la Conselleria de Sanidad. El DOGCV aprobó ayer también el envío de este expediente al tribunal, que será ahora el encargado de dirimir el conflicto.
Desde Ribera Salud justificaron ayer el recurso debido a que “se ha incumplido la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2021, referente al expediente administrativo que justifique la reversión de acuerdo a la ley de estabilidad presupuestaria de 2012. La Generalitat Valenciana no hizo ningún informe previo, y no se inició el proceso administrativo hasta la sentencia del TS. Tampoco se concedió audiencia al concesionario, lo cual es preceptivo en cualquier expediente administrativo, y no se tuvieron en cuenta el informe de la Intervención General que alertaba del incumplimiento de la sentencia y de la ley de estabilidad presupuestaria por parte de la Generalitat Valenciana”. La empresa señaló que “el informe oficial que se inició fue después de recibir la sentencia del Tribunal Supremo, y se trata de un informe adhoc. Prueba de ello es la situación real del Departamento de Salud de Torrevieja, donde se ha multiplicado el coste del servicio al tiempo que ha empeorado salvajemente la calidad y seguridad en la atención al paciente, tal y como denuncian diariamente los propios representantes sindicales, profesionales, usuarios y familiares”.
Por su parte, desde la Conselleria de Sanidad, defendieron ayer que el acta que se firmó en su momento es correcta, de ahí que se haya rechazado el recurso administrativo de Ribera Salud y rehusaron valorar la decisión de la empresa de acudir a los tribunales. "Están en su derecho", se limitaron a señalar fuentes de la Conselleria.
El paso a la gestión pública tampoco ha estado exento de polémica, con denuncias por parte de sindicatos, profesionales y usuarios por demoras en el servicio, como la que provocó la dimisión de profesionales de Urgencias, o la falta de radiólogos. La última denuncia efectuada por los sindicatos data de febrero de este año, cuando CC OO pidió la dimisión de la gerencia, calificándola de “nefasta”.
Desde Sanidad, no obstante, sí quisieron defender la gestión pública del Departamento de Salud de Torrevieja, y recordaron que, desde que se asumió el servicio, "la plantilla ha pasado de 1.043 a 1.793 trabajadores un incremento del 58%". la Conselleria también recalca que, en este tiempo, "se ha nombrado nuevos jefes de anatomía patológica, urgencias, y responsables de Servicios como Radiología, Rehabilitación, Neumología… y se ha completado las coordinaciones de Centros de Salud y Zonas Básicas. Se ha incorporación un nuevo Jefe en el Servicio de Urgencias y 5 nuevos profesionales a este servicio. Al Servicio de Radiología se ha incorporado 2 nuevos radiólogos y en breve incorporará a 3 más".
En cuanto a Atención Primaria, señalaron que "se cubrieron 64 vacantes (10 médicos, y profesionales de enfermería y TCAES)", además del refuerzo de otros servicios como Oncología o Traumatología.
Cronología de la batalla judicial
El 14 de octubre de 2020, la Conselleria de Sanidad notificó a la concesionaria, Ribera Salud, las normas de reversión. Lo hizo en el último momento. Según el contrato, en caso de no prorrogar la concesión, la administración debía hacerlo como muy tarde un año antes, esto es, el 15 de octubre. En esas normas de reversión se indicaba que la mercantil debía facilitar toda la información en cuanto a personal, infraestructuras y material para llevar a cabo los preparativos de cara a una reversión sin que se produjera ningún impacto ni en los pacientes ni en la plantilla.
Un mes después de recibir la notificación, el 13 de noviembre de 2020, la concesionaria interpone un recurso potestativo de reposición contra la comunicación de las normas de reversión, y solicitó la suspensión de la ejecución de las normas. Casi un mes más tarde, el 11 de diciembre, se desestima.
Seis días después, el 17 de diciembre, la concesionaria interpone un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la desestimación anterior alegando silencio administrativo. El tribunal, en un auto del 22 de febrero de 2021, estima parcialmente el recurso, concediéndole una prórroga hasta el 31 de marzo. Transcurre ese plazo, y el 13 y 19 de mayo la concesionaria presenta escritos al TSJCV que desestima en un auto del 26 de mayo.
Mientras tanto, por otro lado, en abril, Barceló anunció que el modelo para gestionar el Departamento tras la reversión sería a través de una empresa pública. Sindicatos y sus socios de gobierno del Botànic se posicionan rotundamente en contra de esta decisión y ven como única opción la subrogación. En junio, la consellera recula y decide que el personal pasará a ser gestionado directamente por la conselleria.
La concesionaria vuelve a los tribunales e interpone un recurso contra el auto anterior de 26 de mayo, el cual resulta desestimado por el TSJCV el 11 de junio. Frente a este último auto, la mercantil también lo recurre interponiendo un recurso de amparo solicitando la medida cautelar para la suspensión de las normas de reversión. El 23 de septiembre en un nuevo auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV deniega la medida cautelar de suspensión de la reversión solicitada por la empresa. A partir de ese momento empieza a atender los requerimientos de información solicitados por la conselleria. No obstante interpone un nuevo recurso que es desestimado el propio 15 de octubre, horas antes de ejecutarse la reversión. El TSJCV avaló hasta en seis ocasiones el proceso de reversión