La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el pasado jueves. Foto: A. PÉREZ MECA/EPAsistimos desde este verano, cuando dos partidos catalanes firmaron un pacto de legislatura con importantes repercusiones para todos los españoles, a una batalla política por imponer lo que se conoce como 'el relato', en este caso sobre el cupo catalán y la financiación autonómica. Los partidos, con ayuda de sus coros mediáticos y esos pobres tertulianos obligados con frecuencia a cambiar el paso tragándose su dignidad, elaboran un relato político que repiten machaconamente para defender sus posiciones. Posturas sin matices, porque un matiz en el relato es un agujero en el casco del barco.
La media verdad, que en su otra mitad es mentira, es la esencia del relato político, presentado con un bonito envoltorio pero trufado de datos falsos, conceptos incorrectos, peras con manzanas y referencias a lo que se hace en "países de nuestro entorno", preferentemente Alemania, que nadie se molesta en comprobar.
Cuando hablamos de financiación autonómica, es decir, de dinero, el relato de unos y otros se adorna con ideas, valores, emociones, hospitales que se podrían construir y ambulancias que se podrían comprar. Cuando la confrontación acaba estancándose, se mete en la coctelera el capitalismo salvaje, el independentismo, la ultraderecha y hasta a ETA, en una deriva que solo lleva a que los ciudadanos acaben desconectando. Quizá sea ese el objetivo.
Con todo, lo más llamativo de la confrontación de relatos en torno al cupo catalán y la financiación autonómica estos días es la cantidad de incongruencias que muestran los partidos, especialmente el PSOE, sometido a los vaivenes del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo vimos este viernes, con la ruptura del consenso en la Plataforma Per un Finançament Just por el injustificable cambio de postura del PSPV. No hay relato, no cuela, no se explica la renuncia al fondo de nivelación.
Otro ejemplo, de este mismo viernes, es el de la vicepresidenta primero y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la enésima versión del no cupo ni concierto catalán, que resulta que se circunscribe al IRPF –y nos lo dice ahora, después de tanta tinta derramada y saliva gastada–, con "vocación" de extenderse al resto de impuestos. Extenderse, se intuye, a medida que ERC o Junts vayan apretando. Como con el PNV, cesiones en cómodos plazos según vaya Sánchez necesitando sus votos. Extensibles, eso sí, al resto de CCAA. Eso es lo que le espera a Mazón el viernes en La Moncloa, un no a lo que sea que reclame, que será un sí dentro de meses o años cuando lo pidan los catalanes.
Otro ejemplo, a propósito de la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno y retirada en el último momento antes de que el Congreso la rechazase por segunda vez. Es falso el relato de que las CCAA "perderán" 12.000 millones si no se aprueba la senda. No perderían fondos porque el dinero a cuenta que recibirán en 2025 ya está fijado: 147.412 millones. Ese dinero que recaudará Hacienda es de las CCAA y les llegará de una u otra forma. Lo que perderán si no se aprueba la senda de déficit es la posibilidad de incurrir en más déficit, es decir, de gastar más endeudándose, que no es lo mismo que perder dinero.
Pero eso a la Comunitat Valenciana le da lo mismo porque, con el actual sistema de financiación, el límite de déficit para la Generalitat es de imposible cumplimiento, es un brindis al sol en los Presupuestos autonómicos, papel mojado desde el mismo momento en que se aprueban. Para lo único que serviría a Mazón que le ampliaran el límite de déficit es para presentar unos presupuestos más creíbles y unos números rojos menos abultados, porque pasarse, se iba a pasar de todas formas.
No obstante, tampoco es lógico que las CCAA gobernadas por el PP se abstuvieran cuando se votó la senda de estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora la rechace el PP en el Congreso. Si Montero les negaba un mayor margen de déficit, que hubieran votado en contra.
Pero el colmo de la desfachatez es lo de la ministra, que lleva seis meses enrocada en esa senda de estabilidad, que tras rechazarla el Congreso en junio volvió a presentar la misma porque no había posibilidad de mayor déficit para las CCAA, y ahora resulta que sí se puede, como tantas otras veces, porque se lo exige Junts.
Lo más curioso es que, si todo transcurre como parece que va a transcurrir, Mazón va a acabar teniendo más margen de gasto en 2025 gracias a Junts, para vergüenza del PSPV y para descrédito de Compromís, que estaba dispuesto a votar a favor de la propuesta del Gobierno, una vez más, sin exigir ni obtener nada a cambio para los valencianos.
PS: Por séptimo año consecutivo, la ministra de Hacienda no ha llevado al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el plazo que le marca la Constitución, que es antes del 1 de octubre. Siete años seguidos, siete, todos desde que Montero llegó al Gobierno, la mayoría, incluido este, porque no le ha dado la gana.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
