Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que esperar para poder adjudicar el nuevo contrato para el servicio de socorrismo de las piscinas municipales. La Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas ha interpuesto un recurso contra el procedimiento, tal y como ha revelado el grupo municipal Cs a través de su portavoz, Juan Balastegui. Pero la formación naranja no se ha quedado ahí, sino que ha puesto sobre la mesa una situación particular que compromete al Consistorio.
Según explica Balastegui, dentro de esta asociación está la mercantil adjudicataria hasta ahora, Muévete Gestión Integral S.L., "empresa beneficiada al continuar realizando y facturando el servicio sin contrato ni prórroga vigente". Además, señala que el funcionario del área de Deportes que firma los informes para que el servicio lo mantenga esta sociedad "tiene relación con la citada empresa a través de un familiar directo".
Al mismo tiempo, insisten en que "el gobierno del Partido Popular pretende aprobar a esta empresa el cobro de cerca de 30.000 euros por los trabajos realizados a instancias del área de Deportes sin que tenga ni contrato, ni prórroga, pero cuente con informes en contra del Área Económica".
De este modo, Cs vuelve a la carga contra el procedimiento para contratar a una nueva empresa que gestione el salvamento de las piscinas públicas de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor y el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm. Como ha ido relatando este diario, en marzo reprocharon la prórroga a la empresa actual y en junio asegurando que el gobierno del PP llevaba "tres prórrogas irregulares" al recordar que el contrato terminó el 30 de octubre de 2021 sin opción a nuevos plazos.
Fue en abril, cuando todavía no se había terminado el proceso de presentación de ofertas, cuando el Ayuntamiento tuvo que anularlo por una serie de peticiones de esta asociación a riesgo que pasara lo que ha terminado ocurriendo ahora, el recurso que no dejara terminar la licitación. Así lo explicó a este diario en su momento la concejal de Deportes, Mariló Cebreros. Después de corregir el pliego con las peticiones de la patronal, volvieron a sacar el contrato. Aquí es cuando llegamos al presente.
La semana pasada, justo antes de empezar la Mesa de Contratación prevista, el área de Contratación les informó de que se había presentado este recurso, dice la edil. Ante este hecho, “los técnicos de este departamento y de Intervención, decidieron no abrir las plicas presentadas para así no dar pistas sobre el contenido de las ofertas entre los licitadores por si llegado el caso el recurso prosperase y debiera invalidarse el actual proceso”. Una decisión, ha agregado, “con la que estuvieron de acuerdo todos los asistentes a la Mesa de Contratación”.
Para Cs, la empresa "beneficiada" -en referencia a la actual concesionaria-, lo estaría siendo por partida doble a través de "un convenio para permitirle el uso de instalaciones del Palau para ofertas cursillos durante los años 2022, 2023 y 2024. Periodos en los que no puede saberse, a día de hoy, si tendrá o no una relación contractual con el Ayuntamiento".
Ante las nuevas acusaciones de Cs, Cebreros respondió defendiendo la actuación del gobierno local asegurando que están actuando "con total transparencia" en la licitación. "Este equipo de gobierno no entra a valorar ni a elucubrar sobre la intencionalidad de ese recurso, al que tiene derecho cualquier empresa o entidad, ni tampoco sobre los posibles beneficios que del mismo extraen terceros, para eso ya está Cs con sus propios fantasmas. Ante la suspensión del proceso, la función de este gobierno es obrar con responsabilidad para garantizar la prestación de este servicio básico hasta que culmine la licitación”, ha precisado. Así, los técnicos municipales están estudiando ya la fórmula para la provisión de prestación del servicio.
Cebreros también ha aclarado que “los 30.000 euros a los que alude Cs en su nota de prensa, se corresponden con los servicios que la empresa ha estado prestando durante la licitación del nuevo contrato y que se van a aprobar a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, que es el método de pago que establece la ley para casos como este”.
Además, se pronunció sobre el uso de instalaciones por parte de la empresa que presta el servicio para hacer cursillos. La concejal de Deportes ha explicado que "pidieron un convenio para poder utilizar una sala para impartir cursos gratuitos financiados por Europa". Así, por el uso de la sala, la empresa iba a abonar una cuantía al Ayuntamiento; una fórmula viable según los informes jurídicos, aunque finalmente no llegó a concretarse.
Por último, ha recalcado que "este gobierno es el primer interesado en que este proceso de contratación se resuelva cuanto antes y con todas las garantías, tanto para el Ayuntamiento como para las empresas y posibles interesados, pero mientras eso ocurre hay que buscar soluciones, no poner palos en las ruedas, ni lanzar sospechas sin fundamento sobre la actuación de los técnicos municipales".
