Terrenos donde está previsto el PAI.PEGO. El acuerdo plenario que se tomó en Pego el 3 noviembre donde se aprobaban las bases del Plan de Actuación Integral (PAI) Pego Golf han sido recurridas. Ha sido Compromís per Pego quien ha solicitado la nulidad del pleno que dio luz verde a este acuerdo para retomar este proyecto que contempla la construcción de 1.300 viviendas.
La formación nacionalista ha interpuesto un recurso de reposición. Esto quiere decir, que solicita al pleno, al Ayuntamiento y al gobierno local, en definitiva, que cambie de parecer y derogue este acuerdo, o de lo contrario impugnará la decisión en los tribunales.
“Ya advertimos, tanto en comisión como en el pleno de noviembre, que la aprobación de estas bases contravenía la ley, al menos en dos supuestos: no se hacía referencia a la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ni se ha comunicado a los propietarios de tierras la posibilidad de gestión del programa; además de ir contra el único informe técnico emitido por el personal del Ayuntamiento”, ha explicado la portavoz de Compromís, Anna Sastre.
Además, desde Compromís han recordado: “Las bases de programación, tienen la misma entidad jurídica que los pliegos técnicos y administrativos de un proceso de contratación pública, lo que obliga a que, a pesar de ser elaboradas por un despacho de abogados externos, sean informadas por los funcionarios del Ayuntamiento, puesto que es un procedimiento de licitación pública que debe contar con todas las garantías legalmente exigibles”.
Esta condición tampoco se ha dado, incurriendo en grave defecto procedimental, han indicado, añadiendo que ya se vivió “una situación parecida cuando en verano de 2018 presentaron la propuesta de caducar el PAI y ejecutar los avales de la empresa urbanizadora por haber incumplido”.
Sin embargo, “tanto el equipo de gobierno como el resto de partidos lo negaron tachando la propuesta de imposible e irresponsable, unos meses después había elecciones, y pasada la investidura de Enrique Moll, una vez más alcalde gracias a los apoyos de todos los partidos excepto Compromís, ya en 2020 se vieron obligados a cancelar el PAI, retirarle la condición de agente urbanizador a Inversiones Patrimoniales la Marina SL, así como ejecutar los avales de esta empresa por incumplimiento de contrato, dando así la razón a Compromís”.
Por eso, según la portavoz, “aquí se ha decidido, tanto por parte del equipo de gobierno, como del resto de la oposición, continuar con un discurso falso que ya dura cerca de veinte años con el maná del urbanismo depredador, se acercan elecciones y no tienen otro argumento para presentarse”.
