Toni Pérez. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El Consell de Transparència insta al Ayuntamiento de Benidorm a incoar un procedimiento sancionador "por la posible comisión de faltas graves o muy graves". El origen de todo está en la solicitud de un particular que de manera formal pidió el informe de valoración de los arquitectos técnicos municipales sobre el proyecto de legalización del exceso de obra presentado el 21 de febrero de 2008 por el empresario alicantino Enrique Ortiz, tal y como recoge el informe de Transparència.
Según el historial de los hechos que relata este documento al que ha tenido acceso Alicante Plaza, en 2014 pide este expediente, pero no es hasta julio de 2015 cuando lo hace de manera formal. Pero no obtiene respuesta. Como consecuencia, en octubre presenta esta solicitud ante el Consell de Transparència, ante lo cual, en abril de 2016 este órgano requiere al consistorio para que pudiera presentar alegaciones, pero "tal requerimiento no tuvo resultado alguno", dice la resolución, que indica que en septiembre de ese mismo año se repite ese requerimiento.
No es hasta el 2 de marzo de 2017, "en muy tardía respuesta", según considera el Consell, cuando el ayuntamiento contesta con alegaciones en las que remite además la información que pide el vecino de Benidorm. Ocho días después, este departamento autonómico resolvía el conflicto y daba por contestada la reclamación interpuesta en Transparència. En esta resolución reconocían el derecho del reclamante a obtener esta documentación remitida a modo de alegaciones así cuantas informaciones al respecto tengan, y para ello lo notificaron a las partes.
Pero la respuesta por parte del ayuntamiento al denunciante fue entregarle un documento con una sola página. Algo que según dicen desde el Consell, no se corresponde con lo facilitado a ellos mismos, y por lo tanto, no se estaba dando cumplimiento a esta resolución. El 1 de junio recibió el consistorio el escrito de Transparència que les instaba a cumplir con la resolución, avisándoles que en caso de no hacerlo, se estarían enfrentando a una infracción "muy grave". A partir de ahí, tenían 15 días para cumplirla, pero a 29 de septiembre constataron que aún no se había efectuado.
Pero eso no es todo, además de considerar que el Ayuntamiento no ha acatado la resolución del Consell, por lo cual, es infracción muy grave, sino que valora que "no es un hecho aislado a lo largo de la actuación relativa a este expediente". Pone énfasis en que el consistorio "desoyó el requerimiento de abril de 2016 de este Consejo" para presentar alegaciones y que sólo se hizo una vez se les reiteró en septiembre. Y a continuación, resalta que tardaron seis meses en contestar y lo hicieron "de forma lacónica si no incompleta".
Asimismo, indica que podría estar cometiéndose también una falta grave por parte de los funcionarios por "la falta de obediencia debida a sus superiores jerárquicos y autoridades".
Como consecuencia, ahora es el Ayuntamiento el que tiene que buscar al funcionario responsable, con el fin de que caiga sobre él la sanción. Y de nuevo pide al consistorio que dé cumplimiento a la resolución de mayo.
