VALÈNCIA (EP). La justicia en la Comunitat presenta en la actualidad algunas carencias en medios personales y materiales y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a través de su memoria de 2023, se han reclamado un total de 95 juzgados más a lo largo de todo el territorio, la mayoría de ellos de Primera Instancia.
En concreto, según se desprende la memoria, harían falta 20 nuevos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en toda la Comunitat -14 de ellos repartidos por la provincia de Valencia-; otros 48 de Primera Instancia -la mayoría, 31, para la provincia de Valencia-; cinco más de Instrucción; cuatro Penales; uno de Menores; ocho nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer; seis de lo Social; un Mercantil; uno Contencioso-Administrativo; y otro más de Vigilancia Penitenciaria.
Respecto a los Juzgados de Primera Instancia, se reclaman, en concreto, 10 Juzgados en Alicante en los próximos 10 años -con urgencia, al menos tres-; el Juzgado Juzgado de Primera Instancia número 6 de Benidorm; el número 7 de Denia; el número 9, 10 y 11 de Elche; y el número 7 de Orihuela.
Para Castellón se solicita el Juzgado de Primera Instancia número 11; mientras que, para la provincia de Valencia, se reclaman 28 Juzgados de Primera Instancia no especializados y uno de especial ayuda a la discapacidad; así como el Juzgado 7 de Gandia; y el 7 de Torrent.
Respecto a Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en la memoria se reclaman tres para Alicante -el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Alcoy comarcalizado que aglutine Ibi, Alcoy y Villena; el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Villena; y el número 4 de Alicante-.
En Castellón se solicita el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Vila-real; mientras que en Valencia se piden cuatro órganos más -el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Llíria; el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 de Paterna; el de Requena (transformar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 en Juzgado de Violencia Exclusivo); y el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Xàtiva-.
En cuanto a medios personales, desde el TSJCV se han reclamado siete magistrados más para el tribunal valenciano -dos para la Sala de lo Civil y Penal; cuatro para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y uno para la Sala de lo Social- y otros 11 magistrados para las tres Audiencias Provinciales de la Comunitat -siete para Valencia, tres para Alicante y uno para Castellón-.
Otro apartado de la memoria se dedica a analizar las "deficiencias" que persisten en "muchas" sedes judiciales de la Comunitat "con edificios poco funcionales, cuando no totalmente obsoletos, del todo inadecuados para ejercer la labor jurisdiccional y prestar un servicio público de calidad para los ciudadanos".
En la actualidad, y desde hace muchos años, conviven en el territorio dos modelos. Uno que incluye inmuebles modernos, luminosos, espaciosos y bien dotados, y otro con instalaciones anticuadas y poco prácticos, "en las que son precisas continuos parches y reparaciones", señalan.
Por ello, en la memoria se deja constancia de que "resulta perentorio" acelerar la construcción y los proyectos en marcha de nuevos palacios judiciales, en la medida en que los plazos administrativos y los rigores presupuestarios lo permitan.
Entre estos proyectos hay dos que, por sus dimensiones y su relevancia, destacan por encima del resto: la rehabilitación integral de la sede histórica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ubicada en la antigua Real Casa de la Aduana de Valencia, y la futura Ciudad de la Justicia de Alicante.
Respecto a la primera, las obras, que cuentan con un presupuesto de 25,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses, arrancaron en octubre de 2022 y avanzan a muy buen ritmo, como se ha podido constatar en diversas visitas.
En cuanto al segundo proyecto, la anhelada Ciudad de la Justicia de Alicante, planeada desde hace ya dos décadas, en enero del pasado año se firmó el acta de replanteo, lo que permitió el inicio de los trabajos, aunque su culminación se antoja aún muy lejana. Se trata de un edificio esencial, que debe dar servicio a más de 400.000 habitantes censados en el partido judicial y que está llamada a acabar con la dispersión actual de sedes, hasta ocho, en la capital alicantina.
"Es precisamente la dispersión de sedes en un mismo partido judicial, que se reproduce en múltiples demarcaciones judiciales de nuestra autonomía, la cuestión más lacerante, ya que no resulta operativa, genera continuos gastos derivados del pago de rentas de alquiler y dificulta la implantación de nuevas formas de organización como la Oficina Judicial o los servicios comunes. Esa dispersión es, en definitiva, altamente perjudicial para todos: usuarios, profesionales y la propia Administración prestacional", alertan.