Las torres de Punta Llisera. Foto: PEPE OLIVARES.BENIDORM. El derribo de Gemelos 28 es como un dolor de muelas para la Generalitat Valenciana. Las cosas no se hicieron bien, momentos de la burbuja inmobiliaria que cegaron a todo el sector y que ahora, las consecuencias están siendo fatales. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo tiene claro: se tiene que derribar. Pero los efectos secundarios no satisfacen a las partes implicadas, ni por la parte medioambiental ni por la económica.
Como se recordará, la administración autonómica valenciana en 2005 autorizó la construcción del complejo residencial en terrenos que invaden parte de la zona de servidumbre de protección de costas. Motivo por el cual se ha considerado nulo por la justicia y por consiguiente, reclama su derribo.
En la actualidad, según ha podido saber este diario, la Conselleria de Obras Públicas ya ha remitido al juez el estudio detallado del impacto ambiental que tendría la demolición sobre el Parque Natural de Serra Gelada. Hay que tener en cuenta que este terreno protegido linda con el solar del edificio, pero también afectaría sobre el propio dominio público marítimo, así como la fauna y flora de la zona marítima colindante y sobre el conjunto de las edificaciones existentes en la zona, por lo que han querido tener en cuenta las consecuencias que pueda ocasionar. Y se trata por otra parte también, de una forma de eludir el posible derribo.
Sin embargo, fuentes de la Conselleria del área no han querido entrar en detalles sobre lo que indica este estudio debido a que está en sede judicial y el proceso sigue adelante y con muchas partes implicadas. Conscientes de ello, también entienden que los siguientes pasos serán lentos hasta llegar a una decisión, como por ejemplo, retranquear la parte baja del edificio para sortear estos metros ubicados dentro del límite de Costas.
Entre otros asuntos, porque el juez ahora estudia si abrir un proceso de mediación. Una nueva etapa en este litigio que abrió en su momento un vecino del edificio de atrás porque le tapaba las vistas del mar. En caso de que el magistrado cediera ante esta petición, una tercera persona trataría de poner de acuerdo a las dos partes para que posteriormente se acordara la solución pactada en sede judicial.
Pero el trasfondo de todo es el desembolso en el presupuesto de estos 100 millones de euros que se prevé que pueda costar el derribo y las indemnizaciones a los vecinos que tienen allí sus casas compradas, en su mayoría como segunda residencia para pasar el verano. Es una cuantía importante teniendo en cuenta por ejemplo que es todo el presupuesto del que dispone Benidorm para un año completo.
En referencia a este asunto, fuentes de la Conselleria de Obras Públicas afirma que ha obrado tal y como le pidió el Tribunal Superior de Justicia en su momento: "Se ha consignado la correspondiente partida presupuestaría y se ha elaborado el proyecto para la demolición que incluye, entre otros aspectos, un estudio detallado del impacto ambiental".
