VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trabaja con su equipo en distintos anuncios y medidas que apuntan a concretarse la próxima semana o como tarde, antes del 4 de abril, fecha en la que está prevista la disolución de Les Corts y la convocatoria de las elecciones autonómicas a celebrarse el 28 de mayo.
Entre la batería de iniciativas que el jefe del Consell y líder del PSPV-PSOE estudia poner sobre la mesa, se encuentra un plan de ayudas para los valencianos que están teniendo problemas para afrontar sus hipotecas, probablemente más en concreto para los que disponen de una contratación con un tipo de interés variable, dado que son los ciudadanos que más están sufriendo los cambios económicos derivados primero de la pandemia y posteriormente de la guerra en Ucrania.
Una circunstancia, especialmente esta última, que ha implicado en el último año una crisis inflacionista de carácter general que se ha concretado en un incremento de los tipos de interés y, con ello, un importante aumento de la mensualidad en las hipotecas de tipo variable que, en algunos casos, se traducen en cientos de euros más al mes para las familias.
En este sentido, y aunque en los dos últimos años ha ido decreciendo las contrataciones con hipotecas variables ante la amenaza de un cambio de sentido de los tipos, son muchos los valencianos que se encuentran en este régimen, dado que era la elección mayoritaria en España en los últimos años (el 90% la firmaba así hasta 2016 y prácticamente en torno al 60% las contrataba bajo esas condiciones hasta 2020).
Es por ello que desde el entorno de Puig se viene trabajando en una ayuda concreta que se anunciará en los próximos días y que contribuya a apuntalar -especialmente en un periodo tan sensible como el preelectoral- otras medidas que el Consell del Botànic II ha ido adoptando con el objetivo de paliar la crisis inflacionista.
Ahora bien, las distintas fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario, más allá de admitir que se encuentran trabajando en una iniciativa de estas características, no desvelan detalles de cómo se articulará la misma, en cuyo diseño está implicada la Conselleria de Hacienda, e incluso no terminan de aclarar si podría entrar en vigor antes de que concluya la propia legislatura.
En caso de que se utilizara la fórmula de un decreto-ley aprobado por el Consell, este debería ser convalidado por Les Corts, algo que se antoja muy complicado dado que la cámara celebra su último pleno (el denominado 'escoba') esta misma semana (días 29 y 30) y ya no hay prevista antes una reunión del Gobierno valenciano. Bien es cierto, y así lo apuntan algunos altos cargos del Ejecutivo consultados, que la Diputación Permanente de la cámara tiene la potestad de "asumir todas las facultades que en relación con los decretos leyes y decretos legislativos atribuye la legislación vigente al Pleno de las Corts Valencianes, en los supuestos de disolución anticipada de la cámara", según marca el artículo 59.6 del reglamento. Es decir que la medida podría convalidarse por esta vía si recibe el informe favorable de la Abogacía de la Generalitat y dispone de la mayoría en el organismo provisional parlamentario.
Ahora bien, la posible aplicación de forma efectiva de cualquier medida en esta línea tiene difícil aterrizaje antes de que concluya la legislatura, puesto que resulta muy complicado poder constatar la situación hipotecaria de cada ciudadano o núcleo familiar, la renta, y otro tipo de particularidades de cada uno de los contratos a la hora de generar unos parámetros. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que existe una vía en estudio que permitiría compaginar las cuestiones principales que beneficien a la ciudadanía en este apartado.
No es la primera vez que desde la Generalitat se trata de poner en marcha una medida de estas características. El pasado año ya se estudiaron diversas fórmulas pero finalmente, el Consell se limitó a aprobar una deducción fiscal de 100 euros para las hipotecas para aquellos cuya renta individual no supere los 30.000 euros anuales o 47.000 euros en caso de realizar una declaración de la renta conjunta.
De la misma manera, en el Gobierno valenciano, o más en concreto en Presidencia, también se trabaja en avanzar novedades sobre el denominado bono consumo, dirigido a paliar los efectos de la inflación en los productos más esenciales para la cesta de la compra atendiendo a la renta.
"Será un instrumento fácil pero no universal ni estigmatizante", dijo Puig esta misma semana, aunque sigue fijarse la fórmula definitiva ni tampoco bajo que herramienta administrativa el Consell la pondrá en marcha.
Los socios del Botànic, especialmente Compromís, critican que toda esta cuestión se esté llevando exclusivamente desde Presidencia sin contar con la Conselleria de Economía (donde está el área de Comercio), ni tampoco con Políticas Inclusivas (relevante cuando se habla de las familias con menos recursos), ambas controladas por la coalición valencianista. Una circunstancia que desde esta formación achacan al deseo de Puig de anunciar en solitario esta medida en un escenario de precampaña electoral.
Tal vez por ello, desde la Conselleria de Políticas Inclusivas se abogaba este jueves por recuperar las ayudas individualizadas a usuarios de Servicios Sociales que ya se utilizaron durante el primer confinamiento de la pandemia, en primavera de 2020, para hacer frente a la inflación. Una manera de contraponer su postura ante la idea de bono consumo que viene gestionando Puig en solitario con los grandes distribuidores.