VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció este viernes la designación de la exconsellera de Innovación Carolina Pascual, cesada de su cargo en mayo, como Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Digitalización y la Ciberseguridad de la Comunitat Valenciana.
Así, el jefe del Consell mantuvo este viernes un encuentro con Pascual en el que le comunicó su decisión de designarla como responsable del análisis de la situación de la Comunitat Valenciana, y, en particular, de la Generalitat en materia de políticas digitales y de la realización de estudios e informes para su mejora.
De esta manera, Puig sigue incrementando la estructura del Gobierno valenciano sin aumentar los altos cargos al uso (secretarios autonómicos y directores generales) mediante la peculiar figura de los comisionados: una fórmula que viene utilizando con especial soltura en esta legislatura.
Y es que en los últimos tres años el presidente ha creado varios de estos puestos, con mayor o menor dificultad de encaje, a los que ha dotado distintos roles y atribuciones: ha habido comisionados con mando en plaza, con sueldo, simbólicos sin remuneración...
Así, en junio de 2019, Presidencia anunciaba que la exdiputada de Ciudadanos Carolina Punset se convertiría en Comisionada para Asuntos Europeos e Iniciativas Estratégicas, si bien en la práctica su puesto se tradujo en ocupar una plaza de asesora en el Palau de la Generalitat.
Con esa misma etiqueta aunque con un rol diferente se produjo, en marzo de 2020, la designación de la investigadora e ingeniera Nuria Oliver como Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial. Un cargo que no comportaba retribución en sí mismo, si bien poco después se hizo público el impulso a la Fundación Ellis -encabezada por Oliver- por parte de la Generalitat con una inversión comprometida de 1,5 millones de euros.
Poco después, concretamente en julio de ese año, Puig utilizaba de nuevo esta fórmula -quizá el caso más lógico por la situación extraordinaria- para potenciar el control y la coordinación del Palau ante la crisis sanitaria. Así, designaba a la secretaria autonómica de Hacienda, María José Mira, como Comisionada de la Presidencia para la Coordinación de los suministros por la pandemia. Un rango, el de responsable de las compras, en el que permaneció activa hasta febrero de este año, cuando Sanidad revocó esta delegación.
En octubre de 2020, apareció en escena otro cargo bajo este régimen, en esta ocasión más similar al de Punset. La directora de Enfermería y Atención Primaria del departamento de La Fe desde 2014, María José Lloria, fue designada Comisionada para la Transformación de la Atención Primaria, un cargo también anunciado previamente por Puig y en este caso sí remunerado, pero con el salario de una asesora C1 de asuntos generales, es decir, algo inferior al de un alto cargo.
El siguiente en la lista fue el ex secretario autonómico de Universidades e Investigación, Rafael Tabarés, quien había dejado el cargo en enero de 2020. Así, Puig anunciaba en abril del siguiente ejercicio el nombramiento del catedrático de Psiquiatría por la UV como Comisionado de la Presidencia en Salud Mental con el objetivo de "dar respuesta a los problemas derivados de la pandemia".
Por último, la mencionada designación de la exconsellera e ingeniera de Telecomunicaciones Carolina Pascual anunciada este viernes. Fuentes de Presidencia aseguraron a este diario que el puesto de la nueva comisionada no tendrá remuneración, si bien el diario Las Provincias apuntó a que este sería el paso previo para que terminara dirigiendo una nueva agencia del Gobierno valenciano relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones dependiente de la Conselleria de Hacienda. Un cargo a futuro que no confirmaron las fuentes oficiales consultadas por este diario, si bien otras fuentes consultadas por este diario aseguran que el objetivo es poner en marcha la citada agencia y que Pascual se sitúe al frente.
La posibilidad de creación de una nueva agencia se sumaría a las cuatro ya existentes o en vías de nacer, al margen de las tres sociedades mercantiles públicas también alumbradas por el Botànic.
En este sentido, tal y como informó semanas atrás Valencia Plaza, la limpieza del sector público instrumental de la Generalitat sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del Consell. A pesar de los compromisos de racionalización del gasto que asume cada año como condición para acceder al FLA, el Govern del Botànic no solo sigue sin cerrar la mayoría de entes que año tras año incluye en el Plan de Ajuste, sino que acelera en la creación de nuevos organismos con vistas al último tramo de la legislatura.
En concreto son cuatro agencias y tres mercantiles públicas las que el Consell ha constituido o prever constituir próximamente. La Agencia de Información y Control Alimentario ya vio formalmente la luz en el decreto ley aprobado en abril con las medidas urgentes por la Guerra de Ucrania. A ella se suman la Agència Valenciana de Canvi Climàtic, cuyo anteproyecto se aprobó en mayo; la Agencia Valenciana de la Energía, resucitada a instancias de Compromís dentro de una Ley de Soberanía Energética diez años después de que la cerrase el PP; y la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular (Avarec), incluida en la Ley de Economía Circular que se tramita en Les Corts.
Por lo que se refiere a las sociedades mercantiles, el Plan de Ajuste de 2022 que el Gobierno hizo público semanas atrás sí incluye las dos nuevas empresas de la Generalitat para la gestión pública de Feria Valencia (Societat Fira Valencia SA) e IFA (Societat Fira Alacant SA), cuya constitución debería concretarse en cuestión de semanas. Sin embargo, el plan que la Conselleria de Hacienda le presentó al Ministerio de María Jesús Montero el pasado marzo no incluye la creación de la sociedad valenciana de inspección técnica de vehículos (Societat Valenciana d'ITV), la mercantil para la gestión pública directa del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana a partir de 2023 tras 25 años de privatización. El decreto-ley que autoriza su creación fue aprobado por el Consell a finales de abril, después de remitir el plan de ajuste.