Foto PEPE OLIVARESTras frenar Compromís y Unides Podem la llegada de un primer texto al pleno del Consell de hoy viernes, las tras 'patas' empezarán a trabajar con un nuevo borrador
VALÈNCIA. Siete días. Ese el margen que ha dado el president Ximo Puig al Botànic para cerrar un pacto sobre un 'macrodecreto' que incluirá, entre muchas otras cosas, un nuevo marco regulatorio para las plantas de energías renovables.
El plazo llega después de que Compromís y Unides Podem frenaran la intención del PSPV de llevar hoy viernes el texto al pleno del Consell. En vista de que no había espacio para el acuerdo no se llevó al 'consellet' que los jueves criba los temas que saldrán adelante al día siguiente. “No será en cuestión de semanas, si puede ser, será mañana (por hoy). Si no, la semana que viene. Será rápidamente”, afirmó Puig, que habló antes de esa reunión del segundo escalón.
Aunque no es la única diferencia, la normativa de las plantas de energías renovables es el gran punto de fricción del ‘cajón de sastre’ en el que se ha convertido un texto que inicialmente para actualizar la Ley de Función Pública valenciana al acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno central en una comisión mixta y que ahora incluye hasta cuestiones relativas a la minería. En las conversaciones de estos últimos días, los impulsores del macrodecreto se comprometieron a enviar de manera inmediata un nuevo borrador para empezar a trabajar en él.
Puig situó las fricciones no tanto entre los socios del Botànic sino a las consellerias. No es tanto la relación política entre los socios sino las distintas consellerias afectadas. Lo que es cierto es que pueden (haber) entre las propias consellerias y no tanto en el gobierno, no diría ni discrepancias sino de intentar ver de qué manera somos más eficaces”, señaló.
Diversas fuentes confirmaron a este periódico que hay algunas diferencias entre los departamentos y que también las hay internas dentro de cada uno. También hay asuntos en los que alguna pata del Consell tiene diferencias internas y otros en los que los socios tienen opiniones distintas como bloques. La amplitud del decreto genera acuerdos y desacuerdos en el articulado y la imposibilidad de presentar enmiendas en su desarrollo parlamentario obliga a un acuerdo general.
Ninguno de los socios recela en principio del objetivo final del resto (como puede haber pasado otras veces) pero en el caso de las plantas de energía renovable sí hay diferencias, sobre dónde si los límites que se establecieron en el decreto 14/2020 siguen siendo adecuados y sobre el papel de los ayuntamientos.
"El objetivo es común, hay que impulsar al máximo las renovables y eso es un objetivo del gobierno valenciano no de una parte u otra. Hicimos un decreto y hemos visto que hay que acelerar más, al máximo. Muchas veces no somos conscientes de la situación que vivimos. Si no somos capaces de acelerar ahora, no tendremos soberanía para los próximos años. Si en el año 2030 está previsto el cierre de Cofrentes hay un 40% como mínimo que habrá que intentar suplementar pero es mucho más porque queremos llegar al 100% y que la Comunitat sea autosuficiente", destacó Puig.
Pero el president admitió también que eso tiene un coste ambiental. "Cuando se interviene en el territorio, siempre se lesiona el territorio. Hay que ver cómo se hace de la menor manera posible, mitigar todos los impactos medioambientales posibles pero con la máxima eficacia y eficiencia porque si no el bien superior, que es la prosperidad social de la Comunitat, está en peligro", destacó.
Serán siete días de conversaciones y de presiones. Si desde las empresas interesadas han denunciado que hay cerca de trescientos proyectos atascados y han criticado lo que entienden que es un exceso de burocracia en la tramitación, este jueves la 'Coordinadora per la implantació racional de les energies renovables' mostró su preocupación porque se relajen las medidas medioambientales y advirtió que no habrá "soberanía energética" en cualquier caso porque la Comunitat será igualmente "dependiente del mercado".
