El PSOE de Alicante se une a PP y Vox para instar al Gobierno a ampliar el aeropuerto de El Altet

ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante elevará al Gobierno central una solicitud formal para que se promueva la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche mediante la construcción de una segunda pista contemplada en el Plan Director elaborado por el operador estatal Aena en el año 2019. Ese es el acuerdo alcanzado este martes en el transcurso del pleno ordinario de enero a partir de la propuesta de declaración institucional promovida por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), que ha quedado respaldada también por los 8 concejales del PSOE y los 4 representantes de Vox. 

El encargado de defender la iniciativa ha sido el edil de Movilidad, Carlos de Juan, quien ha subrayado el incremento de pasajeros registrado en el aeropuerto, con un crecimiento del 19,2% y más de 15,7 millones en 2023 en lo que supone la consecución de su nuevo récord. Y ha incidido, además, en que la construcción de la segunda pista no solo sería necesaria para atender el crecimiento del sector turístico, sino también para dar cobertura a la actividad empresarial generada por la instalación de nuevas firmas en la provincia. Así, ha considerado indispensable la ampliación del aeródromo, que "permitiría duplicar vuelos, reducir demoras y aumentar la eficiencia operativa, generando más empleo, atrayendo inversión y fortaleciendo el turismo y el empleo", tras señalar que "el Gobierno de Pedro Sánchez sí ha anunciado ahora 2.400 millones para ampliar el aeropuerto de Barajas", con un incremento de pasajeros menor, ha concluido.

En el turno de intervenciones, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha anticipado su voto en contra al incidir en dos argumentos básicos. Primero, la necesidad de garantizar la protección del Saladar de Aguamarga, que se vería afectada por la construcción de la segunda pista. Y segundo, la inexistencia de urgencia en la necesidad de esa segunda pista, toda vez que, según el Plan Director trazado por Aena, se señala que el aeródromo actual estaría dimensionado para mover a 19 millones de viajeros.

Por Compromís, la edil Sara Llobell también ha adelantado su posición contraria a la propuesta al insistir en que existen otras necesidades prioritarias a acometer en el aeródromo, como la conexión por ferrocarril o el incremento de servicios como, la provisión de taxis, sobre los que ha conminado al PP a reivindicarlos. Además, ha insistido en que la construcción de la segunda pista afectaría al término municipal de Elche y que generaría impacto sobre el Saladar de Aguamarga. Por último, ha recalcado que, a su juicio, la ampliación no estaría justificada en términos de demanda, toda vez que el aeródromo actual todavía dispondría de capacidad para seguir creciendo, a diferencia de lo que sucede con otros aeródromos que también cuentan con una única pista en la actualidad.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, sí se ha pronunciado a favor de la ampliación al considerar que multiplicaría la llegada de visitantes a la provincia y favorecería el incremento de conexiones, después de que se haya alcanzado el récord de pasajeros, que se haya propiciado una desestacionalización en la llegada de visitantes y que se haya convertido en el primer aeródromo en llegada de británicos de la red Aena. Por último, ha criticado al Gobierno por el retraso en la conexión del aeropuerto con el ferrocarril.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, también ha manifestado su apoyo a la iniciativa tras sostener que es el propio Gobierno Central el que está elaborando una nueva propuesta del Plan Director del aeropuerto que garantice la sostenibilidad de la ampliación. En todo caso, ha sostenido que ese Plan Director no es "un plan inversor", sino una herramienta de planificación en la que se trata de satisfacer las necesidades de la provincia de Alicante. Además, ha recalcado que el aeródromo actual todavía dispondría de capacidad para crecer hasta los 22 millones de viajeros y ha sostenido que será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que promueva esa futura ampliación, "como está actuando ahora con el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que quedó paralizado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy". Por todo ello, Barceló ha confirmado su respaldo a la propuesta "en defensa de lo mejor para Alicante". En esta línea, en el momento de la votación, la declaración ha quedado aprobada con 26 votos a favor y tres en contra: los de Compromís y Esquerra Unida Podem.

También ha prosperado una segunda declaración institucional, igualmente presentada por el PP, en la que se planteaba manifestar "la defensa de la formación de gobiernos constitucionalistas que condenen el terrorismo de cualquier origen y respalden y apoyen" a sus víctimas. Todo, después de que, entre otros argumentos, tanto los portavoces de Esquerra Unida Podem y de Compromís, Manolo Copé y Rafa Mas, hayan reprochado a los populares que planteasen una iniciativa relacionada con la formación del nuevo gobierno de Pamplona en lugar de plantear propuestas relacionadas con los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía de Alicante en su día a día, como la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de infraestructuras en distintos barrios de la ciudad, la paralización o retraso de obras de renovación urbana o la reparación de desperfectos en la vía pública. 

El portavoz adjunto de Vox, Mario Ortola, ha reprochado que el PP se posicionase en contra de la ilegalización de Bildu en respuesta a una iniciativa promovida por UPyD en el Congreso, aunque ha manifestado su respaldo a la iniciativa. Y la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha insistido en el posicionamiento de su partido junto a las víctimas del terrorismo y ha considerado indecente que se plantease una declaración institucional en la que se situase en el mismo nivel el terrorismo y las víctimas de ETA con la situación de Cataluña. Sus palabras han motivado la intervención del alcalde, Luis Barcala, quien ha considerado que "indecente" es que se plantee la amnistía en los delitos de terrorismo. En último término, la propuesta ha quedado aprobada con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de los 11 concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

También ha prosperado con el mismo equilibrio de votos (18 síes y 11 noes) la tercera declaración institucional registrada por el PP en la que se acuerda "manifestar el rechazo de la discriminación en inversiones en infraestructuras del Gobierno hacia Alicante en favor de Cataluña" en otra propuesta de contenido político que pone el foco en el debate nacional. De hecho, ese ha sido, de nuevo, el argumento esgrimido por el conjunto de los grupos políticos del eje progresista para recriminar que no se promuevan iniciativas y debates relacionados con la ciudad de Alicante y se recurra a "los comodines de ETA y de Cataluña", según han manifestado los portavoces de Esquerra Unida Podem y Compromís, a pesar de que manifestar que el PP también alcanzó acuerdos con los partidos nacionalistas catalanes en el pasado.

Por su parte, el edil de Vox, Juan Utrera, ha reproducido parte de los argumentos apuntados por el edil de Presidencia, Toño Peral, al exponer la defensa de la iniciativa, para señalar que Alicante figuró en la última plaza en nivel de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado de 2023. La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha aludido, igualmente, a la "catalanofobia" del PP y ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el que más ha invertido en la provincia de Alicante con actuaciones como las obras del Corredor Mediterráneo o la eliminación del peaje de la A-7, así como con el acuerdo alcanzado respecto al uso de los caudales del trasvase del Júcar-Vinalopó, por ejemplo. El alcalde, Luis Barcala, también ha hecho uso de la palabra para recriminar con ironía la falta de inversiones del Ejecutivo central o del Consell del Botànic, respecto a la conexión por tren con el aeropuerto de El Altet o los tres centros de salud pendientes en Alicante.

No ha prosperado, sin embargo, la declaración institucional registrada por el PSOE por la que se pretendía instar al equipo de gobierno a la elaboración de "un Plan Municipal de Prevención, Atención e Intervención con personas en situación de soledad no deseada, y el establecimiento de órganos y medidas para su implementación". La iniciativa solo ha sumado los once votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem, frente a los 18 votos de la suma formada por PP y Vox. Todo, después de que la edil de Bienestar Social, Begoña León, haya asegurado que ya se ha elaborado dicho plan y que también se ha creado ya el consejo municipal de mayores.

Sí ha salido adelante la iniciativa registrada por Vox por la que se acuerda "instar al equipo de gobierno a resolver los problemas que presenta el barrio Virgen del Remedio respecto a limpieza, arbolado y asfaltado". En este caso, de nuevo, la declaración ha prosperado con los 18 votos de PP y Vox, a pesar de que el edil de Limpieza, Manuel Villar, ha mantenido que el servicio de limpieza se presta con regularidad en todos los barrios de la ciudad.

No ha prosperado, sin embargo, la primera de las declaraciones institucionales planteada por Compromís para "instar a la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites para regular el precio de los alquileres en la ciudad de Alicante" que el portavoz municipal de la coalición valencianista, Rafa Mas, ha considerado necesaria ante el incremento de los precios experimentado como consecuencia de la presión del mercado turístico, agravada con la proliferación de apartamentos, según ha defendido. 

El portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha abundado en ese argumento, así como la edil socialista Silvia Castell, quien ha recriminado que en el pacto presupuestario alcanzado entre PP y Vox se haya incluido la creación de una oficina antiocupación "cuando el problema de Alicante no es la ocupación ilegal, sino los desahucios", ha señalado. Por su parte, el edil de Vox, Óscar Castillo, ha sostenido que la Ley de Vivienda formulada por el Gobierno central plantea intervenir el mercado de la vivienda sin promover una mayor oferta, por lo que ha considerado que no va a servir para solucionar el problema. 

Por último, el edil de Vivienda, Carlos de Juan, también ha abundado en argumentos similares, a los que ha añadido la falta de regulación sobre el desarrollo de esa ley, al no haberse aprobado un reglamento de aplicación, lo que no procura "seguridad jurídica". Además, también ha lamentado la ausencia de inversión en vivienda pública durante los años del Consell del Botànic y ha incidido en la dificultad de "pronosticar cuál puede ser el comportamiento del sector". En último término, la propuesta ha quedado desestimada con el mismo resultado que se ha repetido prácticamente de forma constante a lo largo de toda la sesión: 18 votos en contra por parte de PP y Vox frente a 11 votos a favor de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem.

Tampoco se ha aprobado la iniciativa formulada por Compromís para instar a la Conselleria de Sanidad "a reforzar los centros sanitarios públicos con los medios necesarios para asegurar la igualdad y la calidad asistencial de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, y para ofrecer información y asesoramiento sanitario sobre anticoncepción y sexo seguro, en cumplimiento de la normativa estatal". Se trata de una iniciativa que surgiría a colación del compromiso de creación de un servicio de asistencia a la maternidad incluido en el acuerdo presupuestario alcanzado por el equipo de gobierno y Vox. La propuesta ha quedado rechazada con los votos de estos dos últimos partidos, después de un cruce de intervenciones en el que los grupos del eje progresista han defendido el derecho de las mujeres a decidir. 

Por su parte, la edil de Sanidad, Cristina Cutanda, ha tratado de deslegitimar la iniciativa con alusiones al despido de una trabajadora del Hospital de Torrevieja que se quedó embarazada bajo la etapa del Botànic, así como distintas referencias al caso de la menor tutelada por la Generalitat que sufrió abusos por parte del exmarido de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que sigue en proceso de investigación respecto al supuesto encubrimiento por parte de la Conselleria de Políticas Inclusivas. Por último, ha defendido el incremento del presupuesto destinado a la Conselleria de Sanidad por parte del actual ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox.

Sí ha prosperado la propuesta de urgencia promovida por Vox para instar al Ayuntamiento a dedicar una calle a la Policía Nacional cuando se cumple el 200 aniversario de su creación. La iniciativa, de nuevo, ha sumado el apoyo de los 14 concejales de PP, mientras que los 11 ediles de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem se han abstenido.

Futuro del Rico Pérez

Con antelación en el desarrollo del pleno, durante el turno de ruegos y preguntas, el edil de Deportes, Toni Gallego, ha asegurado, en respuesta a una cuestión formulada por el edil socialista Eduardo Rodríguez, que el equipo de gobierno está "en total sintonía" con el gobierno de la Generalitat para impulsar las necesidades del estadio José Rico Pérez "frente a los ximoanuncios" formulados durante la pasada legislatura autonómica en los que se planteó una remodelación del estadio para que pudiese convertirse en un espacio multiusos apto para la celebración de eventos y conciertos, bajo la denominación de Alicante Arena. 

En esta línea, Gallego ha señalado que el estadio es propiedad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) desde 2017 y, sin embargo, desde entonces solo se ha acometido una inversión de poco más de 317.000 euros para acometer reformas puntuales, "unos pequeños arreglos, lo mínimo para que no se caiga el estadio". Además, ha incidido en que el uso del estadio sigue sujeto a un proceso judicial entre el IVF y Aligestión y ha insistido en que el Consell del Botànic solo encargó un estudio a una consultora para explorar posibilidades, sin concretar cuál sería el presupuesto de rehabilitación que ello requeriría, según ha detallado. 

Además, ha insistido en que, en esa consultoría, se plantean propuestas de dudosa viabilidad como la construcción de una residencia, que no quedaría contemplada en el PGOU, así como un gimnasio, en una parcela que no sería propiedad de la IVF. En todo caso, ha defendido que el equipo de gobierno y el Consell pretendían actuar en el estadio con un proyecto de futuro solvente, "sin vender humo", con actuaciones cuantificables, en la línea de las mejoras en infraestructuras deportivas, que, según ha señalado, se están ejecutando en el entorno del Tossal.

El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha respondido a otra pregunta formulada por el edil socialista Raúl Ruiz, sobre el incremento de la cuantía de 1,5 millones a 2,5 millones de euros prevista para el pago del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos para señalar que "se trata de una cuestión puramente matemática", a partir de los cálculos sobre los dos primeros trimestres, en cumplimiento de la trasposición estatal de la normativa comunitaria que regula ese impuesto. Además, ha lamentado que en esa trasposición no se prevea el incentivo de la mejora de funcionamiento y ha defendido que la planta de Fontcalent se encuentra mejor que la media de las plantas de la Comunitat en porcentajes de rechazo. Por último, ha lamentado que el Consell del Botànic rechazase la propuesta de proyecto de gestión promovida por el Ayuntamiento y ha recriminado que, después de ocho años, no solucionase el problema de gestión de residuos en la comarca de la Vega Baja, que obligó a Alicante a recibir parte de sus desechos.

La edil de Sanidad, Cristina Cutanda, también ha respondido a una pregunta formulada por la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, respecto a las medidas que se están adoptando para controlar las plagas de palomas para descartar que sea un problema susceptible de generar alarma. Así, ha sostenido que existe un contrato en vigor sobre el control del censo de palomas con medidas específicas en los lugares en los que se detecta un exceso de concentración de animales. Además, esa labor se complementa con el trabajo de concienciación para evitar la alimentación de palomas, a cargo de la Policía Local, que conllevó la imposición de cuatro multas durante el ejercicio de 2023, tras la reiteración de apercibimientos previos.

Cutanda también ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz adjunto de Vox respecto al sistema de información previa sobre la realización de eventos en la vía pública que afectan a comerciantes y hosteleros para señalar que se prevé incorporar ese servicio de información a través de la capa de inteligencia artificial implementada en la página web municipal para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la administración local, que ha conllevado la activación de un asistente virtual. 

El edil de Seguridad, Julio Calero, ha respondido a otra pregunta del edil de Vox, Óscar Castillo, para señalar que se ha reforzado la presencia y vigilancia policial en el entorno del parque situado junto al colegio La Condomina desde el pasado verano y que, aunque no es permanente, se ha intensificado durante los fines de semana. Además, ha añadido que el incremento de robos en el entorno de Playa de San Juan registrado en las últimas semanas ha motivado la petición de mayor implicación de las fuerzas de Seguridad del Estado, con las que ya se está trabajando de forma coordinada.

El edil de Hacienda, Toni Gallego, asimismo, ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, para asegurar que se prevé incorporar la aplicación de bonificaciones del IBI para las comunidades de propietarios que decidan la instalación colectiva, creando una comunidad energética, de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, a pesar de que ya existe esa posibilidad, con un descuento de hasta el 50%, previsto en la ordenanza actual, previsto para las comunidades de propietarios.

Socorrismo en San Gabriel

Además, la edil de Turismo, Ana Poquet, ha contestado a una pregunta formulada durante el pleno precedente, para señalar que el nuevo contrato de socorrismo ahora preadjudicado a Ebone y Embesur no incluye la prestación en la playa de San Gabriel en la medida en que la sentencia del TSJ en la que se reconoció la condición de playa se conoció con posterioridad a su licitación. En todo caso, ha anunciado que, en cuanto sea posible, se convocará un concurso para procurar ese servicio de forma específica para San Gabriel, en el momento en el que se disponga de otros servicios adicionales requeridos en esa zona del litoral de la ciudad.

La edil de Bienestar Social, Begoña León, ha emplazado al siguiente pleno la respuesta a otra pregunta formulada por la edil socialista Silvia Castell, sobre el reciente desalojo de una familia que sigue esperando que se le dé una respuesta habitacional por parte del Ayuntamiento o de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. León se ha limitado a apuntar que ya se había hablado con esa familia, presente en el Salón Azul durante el desarrollo de la sesión.

Ese mismo resultado -el aplazamiento de la respuesta al próximo pleno- es el que ha deparado la pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Ana Barceló, en la que había emplazado al alcalde, Luis Barcala, a responder sobre cuál es su posición respecto a la propuesta promovida por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante y cuál va a ser su exigencia al respecto ante la Generalitat. En su intervención, la propia Barceló ha anticipado una conclusión: que el PP solo reivindica ante el Consell para generar desgaste cuando no ostenta el gobierno autonómico.

El edil de Presidencia y Proyectos Europeos, Toño Peral, sí ha respondido a otra pregunta formulada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, sobre cuándo se prevé constituir y reunir la comisión municipal de Inclusión y derechos sociales de Alicante, como máximo órgano para el desarrollo del Plan de Inclusión. Peral ha apuntado que el presupuesto de 2024 incluye varias partidas para el desarrollo de ese Plan de Inclusión con proyectos e inversiones directas 40 millones. En todo caso, ha sostenido que en las próximas semanas, probablemente en el mes de marzo, la Concejalía de Bienestar Social va a impulsar la constitución de esa comisión.

El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, también ha contestado a otra pregunta formulada por Copé respecto a cuándo se prevé acometer una limpieza del cauce del Barranco de las Ovejas. Al respecto, ha señalado que la última autorización concedida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) fue de noviembre de 2022 con una vigencia de dos años para la poda de vegetación. En esta línea, ha señalado que quedan pendientes dos de los cuatro tramos en los que se dividió esa actuación, que se prevé desarrollar en este ejercicio. Con todo, además, ha negado la presencia de restos fecales en el cauce para señalar que se trata de un alga que los estudios recomiendan que no se deben retirar. Por último, respecto a la acumulación de lodos, ha señalado que su limpieza sería competencia de la CHJ. 

Villar también ha manifestado, en respuesta a otra pregunta formulada por Copé sobre por qué motivo no se acatan las sentencias favorables a la empresa Geamur y se retrotrae el procedimiento de contratación para la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes, para señalar que "a nosotros lo que nos interesa es que se preste el mejor servicio" para recordar que los informes técnicos "nos decían que había una empresa que incurría en baja y que no ofrecía condiciones para prestar el servicio". Así, ha defendido que "volveríamos a hacer lo que hicimos" y ha sostenido que se recurrió la sentencia "con la intención de plantear una discrepancia legítima". Además, ha insistido en que el TSJ sí resolvió en 2020, en respuesta a las medidas cautelares que se plantearon entonces, que se debía mantener el servicio en manos de STV Gestión hasta la resolución del fondo del recurso. Por último, ha incidido, respecto a la reivindicación de la municipalización a la que ha aludido Copé, que "cuando gobernaron ustedes no lo hicieron" a pesar de que asumían las competencias sobre el servicio.

Por último, Copé también ha preguntado si el equipo de gobierno se ha planteado la posibilidad de negociar el traslado de la planta de betún asfáltico instalada en el Puerto de Alicante, así como la propuesta para implantar una planta de almacenaje de combustibles a cargo de XC Business 90, hasta una zona industrial como el polígono de Las Atalayas, en la que se acaba de impulsar una modificación de planeamiento para favorecer su ampliación en 650.000 metros cuadrados adicionales. Al respecto, la edil de Urbanismo, Rocío Gómez, ha señalado que "la pregunta, en todo caso, debería trasladársele a la Autoridad Portuaria, que es quien concedió las autorizaciones" para los dos proyectos. Respecto a la concesión de licencia, ha señalado que "se trata de actos reglados" por lo que no se puede denegar su tramitación.

En el transcurso del pleno, también se ha tratado sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a colación de la moción conjunta presentada por PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem con la que se pretendía crear una comisión para consensuar la redacción de su ordenanza de funcionamiento, que ha quedado descartada. No obstante, a pesar que sí ha existido un pronunciamiento de Gómez respecto al proyecto de los depósitos, el equipo de gobierno, del PP, y Vox, han impedido que se debatiese sobre el proyecto de XC Business 90 a partir de la declaración institucional promovida por Compromís, con la que se pretendía expresar el rechazo del Ayuntamiento a su desarrollo.