VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha condenado a siete años de cárcel al exgerente de Imelsa Marcos Benavent en la primera sentencia del caso Taula como autor de un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de malversación, un delito continuado de falsedad en documento oficial, un delito de blanqueo de capitales y un delito de falsedad en documento mercantil. La sentencia absuelve al PP como responsable civil subsidiario.
En esta pieza separada dentro de la macrocausa se juzgaron tres operativas en el centro de las cuales se encuentra la empresa Thematica Events, administrada por Rafael García Barat, pero tras la cual –según los investigadores– se encontraba Marcos Benavent, quien, desde su puesto como gerente de la empresa pública Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
De un lado, aparecía el pago de campañas electorales del PP. La investigación apuntaba a que en los comicios municipales de 2007 y en los generales de 2008, Thematica realizó trabajos de campaña en Moncada y Vilamarxant que, en realidad, habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en la facturación real con la empresa.
De otro lado, esta pieza incluía los supuestos amaños en adjudicaciones, con contratos dados de forma discrecional tanto desde el Ayuntamiento de València para el Bibliobus –una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano–, como para 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques.
Por último, se describía el posible desvío de fondos de Imelsa a través de la entidad Berceo, considerada meramente instrumental para presunto blanqueo de dinero. Anticorrupción hizo hincapié en que todos los ingresos de esta sociedad provenían del dinero desviado de Imelsa por parte de Benavent.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
Los magistrados ven acreditada la "mecánica fraudulenta" para la financiación de la campaña: de un lado, el desvío de fondos de la Fundación Turismo Valencia y del Centro de Estrategias y Desarrollo; de otro, un total de 1,6 millones de aportaciones "clandestinas" de empresas, algunas de ellas contratistas del Ayuntamiento