ALICANTE. El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo en el edificio de la Torre de la Calahorra de Elche con el objetivo de ultimar el presupuesto de la institución para 2020, que ascenderá a 223 millones de euros y que experimentará una reducción de 800.000 euros en el capítulo de Ingresos como consecuencia de la diferencia en la previsión de ingresos del Gobierno Central correspondiente al ejercicio de 2017, tal y como se ha adelantado al término de este encuentro.
A lo largo de la jornada, los diputados de ambos partidos han expuesto los objetivos y proyectos de sus áreas con el fin coordinar las estrategias y políticas que se van a desarrollar. Previamente a este encuentro de puesta en común, que se ha prolongado hasta primera hora de la tarde, los responsables provinciales han trabajado con sus respectivos equipos técnicos en las partidas que configurarán el presupuesto, asuntos que también han abordado en las últimas semanas y a través de distintas reuniones con el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y con el diputado de Presidencia y Economía, Eduardo Dolón.
En estos momento, hay dos incógnitas sobre la mesa. La primera, encajar como inversión ordinaria los 13,4 millones de euros que la institución provincial debe aportar a la Fondo Local de la Generalitat Valenciana, y en el que se pone a disposición de los ayuntamientos dinero para diversas finalidades. En teoría, esa partida deberá ser asumida por Infraestructuras y Asistencia a Municipios que dirige Javier Gutiérrez, de Ciudadanos. Y puede condicionar mucho las cuentas porque en anteriores mandatos, lo que hizo el equipo de gobierno de César Sánchez fue no sumarse al plan de la Generalitat -dotado en 40 millones- y consignarlo como obras financieramente sostenibles (que no generan gastos de personal para su mantenimiento), con los remanentes (sobras) del ejercicio anterior.
Y la segunda cuestión es que la propia diputación deberá consignar algunas partidas específicas para algunos municipios para que puedan finalizar las obras financieramente sostenibles, que no lo han podido hacer al expirar el plazo de ejecución, 31 de diciembre de 2019. Y ese dinero también deberá salir de las inversiones ordinarias.
Por el resto, todas las partes han coincidido en el buen ambiente entre todos los diputados. Todavía quedan un par de reuniones para encajar tods las partidas. El objetivo del Gobierno provincial es que las cuentas sean aprobadas antes de que finalice el año. Elche ha sido el municipio escogido para la celebración de esta importante reunión, precisamente la misma localidad que hace cuatro meses acogió la firma del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos.
