Los representantes municipales, en la reunión del Patronato de Vivienda.ALICANTE. El funcionamiento del Patronato Municipal de Vivienda de Alicante seguirá sujeto a la supervisión de un órgano de control que ejercerá de filtro previo sobre las propuestas que llegarán a debatirse, después, en su Junta General. Se trata del comité ejecutivo previsto en los estatutos del propio Patronato que permanecía inactivo hasta que el tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) decidió recuperarlo a mediados del pasado mandato, durante el periodo en el que la ahora exedil Julia Angulo (Guanyar) ostentaba las competencias de Vivienda.
Como informó este diario, su reactivación se produjo después de que el gerente del organismo autónomo plantease una propuesta de revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Patronato con varios ascensos y subidas salariales, entre los que se incluía el de su propia esposa como adjunta a la gerencia (una responsabilidad que ya venía desempeñando de facto). Ese acuerdo, que contaba con informes favorables, se aprobó en la Junta General del Patronato sin que se hubiese analizado con antelación, dada la necesidad de no retrasar la aprobación de los presupuestos municipales de 2017. Sin embargo, después quedó anulado en mesa general de negociación por falta de consulta previa a los representantes sindicales.
Ahora, el actual equipo de Gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha decidido mantener operativo ese comité ejecutivo, con un funcionamiento mucho más ágil que la Junta General al estar compuesto por doce representantes: el mismo número que se acordó durante la etapa del tripartito. Su nueva configuración quedó aprobada este lunes con seis representantes políticos y cuatro por las entidades que conforman su parte social, además del secretario y el interventor municipal.
El órgano de control seguirá estando compuesto por 12 miembros: 6 por designación política y 4 por la parte social, además del secretario y el interventor
Así, la presidencia de ese comité recaerá en el edil de Vivienda (que también preside la Junta General), José Ramón González (PP); el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ocupará la vicepresidencia. Los grupos de la oposición dispondrán de cuatro vocalías ostentadas por Paco Sanguino (PSPV-PSOE), Vanessa Romero (Unides Podem EU), Rafa Mas (Compromís) y Mario Ortolá (Vox). La relación de vocalías se completa con Isabel Pomer en representación de la Conselleria de Vivienda; Ramón Fernández, por parte de la Asociación de Promoción Gitana; Ricardo Capell, como representante del Colegio de Arquitectos; y por Juan Antonio Iborra, como representante de las Asociaciones de Vecinos de Alicante.
El Patronato también aprobó este lunes la convocatoria de un concurso para realizar las obras y acondicionamiento de reforma de locales para Archivo Municipal que están situados en la calle San Juan número 21, en el Casco Antiguo de Alicante, con un presupuesto de 177.025,47€. Según fuentes municipales, dichas obras resultan necesarias porque la Concejalía de Urbanismo necesita reubicar el archivo ubicado actualmente en Las Cigarreras para que dicho espacio quede liberado y se pueda instalar otra actividad que favorezca la dinamización del barrio de San Antón.
Además, se aprobó la convocatoria para la contratación del servicio de control de accesos, apertura y cierre del Palacio del Portalet-Lab15, cuyo valor estimado es de 59.110,00 € (sin impuestos). Por último, también se aprobó la convocatoria de un concurso para el suministro industrial de un vehículo ligero eléctrico y un punto de recarga interior con presupuesto base de licitación de 38.931,75€, y la prórroga del contrato basado en el acuerdo marco suscrito con la FEMP para el servicio de suministro eléctrico en alta y baja tensión con la empresa Naturgy Iberia, S.A., por un importe de 118.537,92 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de doce meses.
A la Junta General acudieron todos los grupos políticos municipales, así como un vocal de la Diputación de Alicante, de la Consellería de Vivienda y representantes de los vecinos, de los Colegios de Agentes de la propiedad Inmobiliaria, Abogados, Arquitectos, y las asociaciones de Asistentes Sociales y Promoción Gitana.
