El alcalde y edil de Comercio, Gabriel Echávarri, en una visita al Mercado Central, de archivo. ALICANTE. El régimen que el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), pretende acordar para el funcionamiento de la comisión de investigación sobre la supuesta fragmentación de contratos de la Concejalía de Comercio -con sesiones a puerta cerrada y limitadas a la presencia de los representantes políticos designados por cada partido, de modo que sólo se difundan las actas sobre lo tratado para no comprometer el derecho a la privacidad de los comparecientes-, rearma las críticas de los grupos de la oposición... y de al menos uno de los socios de gobierno del PSOE, Guanyar.
Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) abundaron este miércoles en sus acusaciones sobre falta de transparencia y consideraron que ese cerrojazo supone una vulneración de un acuerdo de pleno, al no respetarse la propuesta por la que se acordó crear esa comisión.
El primero en reaccionar fue C's, la formación que planteó la moción para que se crease la comisión. Su portavoz, Yaneth Giraldo, ya había advertido el martes que su grupo iba a exigir que su funcionamiento se ajustase al contenido de su propuesta, justo después de que la Secretaria General del pleno instase a los grupos municipales a designar a solo un representante por cada partido, cuando su moción planteaba que debían ser dos, como en el resto de las comisiones de pleno.
En ese mismo texto propositivo, que logró el respaldo unánime de todos los ediles de la corporación (incluido el PSOE), se establecía que las sesiones de trabajo de la comisión "serán de carácter público, elevándose la preceptiva acta conforme a la normativa vigente". En esta línea, C's consideró que no se puede pasar por alto esa condición, sobre todo, si se pretende mantener, como el mismo Echávarri ha sostenido hasta ahora, "que no hay nada que ocultar y que está todo claro".
En parecidos términos se expresó la portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, a través de un comunicado. La representante popular en la comisión reclamó "la apertura al público de las reuniones "en aras de la transparencia y del interés en la apertura de las instituciones a la ciudadanía". Asimismo, la portavoz adjunta popular solicitó al tripartito "que se graben las comparecencias de los asistentes" y se facilite "copia a todos los grupos políticos".
La edil del PP consideró, además, que está "completamente injustificada" la postura del alcalde de recortar a la mitad el número de concejales participantes en la comisión porque atenta contra su objetivo, "que es poder acceder a la máxima información sobre lo que ha sucedido”. "No hablamos de tratar cuestiones particulares de nadie, sino quede lo que se trata es de saber cómo se manejado ese dinero y los intereses delos alicantinos", añadió.
Pavón sostiene que se debe llevar a cabo la moción que se aprobó en el pleno
El régimen de sesiones limitadas a los representantes políticos tampoco cuenta con el respaldo de Guanyar. En declaraciones públicas, su portavoz y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, se mostró a favor de que las reuniones tengan carácter público, abiertas a todos aquellos que quieran asistir, como establecía la moción presentada por C's. "Nosotros no vemos problema en que sean públicas, igual que no vemos problema que haya dos representantes por grupo; esto no se trata de un juicio a nadie", manifestó.
A su juicio, "la moción que se aprobó fue la que se aprobó", por lo que sostuvo que "hay que llevarlo a cabo".
El líder de Compromís y portavoz del tripartito, Natxo Bellido, mostró una posición más comedida y se inclinó por "regular de algún modo las sesiones para que no se conviertan en un circo". "Desde el principio, interpretamos que cuando se decía que las sesiones fueran públicas, se aludía a que su contenido se difundiría mediante la publicación de las actas para que cualquiera pudiese consultarlas; no nos parece tan descabellado que las reuniones no sean abiertas si luego se va a facilitar la información de lo tratado", dijo.
El segundo punto que debía concretarse este miércoles sobre el desarrollo de las sesiones de trabajo de la comisión aludía a la lista de comparecientes propuestos por cada partido. Hasta este miércoles, sólo C's llegó a confirmar parte de ellos: además del alcalde y edil de Comercio, del interventor, de los letrados de los servicios jurídicos municipales y del jefe de Comercio -ya conocidos- se añade el del concejal de Contratación, el propio Natxo Bellido.
El PP -que ya presentó una denuncia en Fiscalía al apreciar indicios de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación directa de esos contratos- no llegó a presentar un listado cerrado, al interpretar que debería ser el viernes, en la sesión constitutiva, cuando se abra un plazo para plantear comparecencias. Además, según fuentes del partido, se aspira a que las citaciones sean abiertas, de modo que se pueda ir ampliando en función de las averiguaciones.
Compromís no presentó ninguna propuesta y, hasta este miércoles, no había trascendido si el PSOE y Guanyar la habían registrado.
