El alcalde en funciones de Alicante, Luis Barcala, en un momento de su encuentro con la cabeza de lista del PSOE a la Alcaldía, Ana Barceló.ALICANTE. El Partido Popular (PP) cambia el paso y da por descartada ahora la posibilidad de retomar el debate sobre su propuesta de presupuesto para el Ayuntamiento de Alicante con el fin de que pueda cobrar eficacia en la segunda mitad de 2023, pese a que se había llegado a anticipar el objetivo de retomar su negociación una vez superada la cita con las urnas del 28M.
A menos de dos semanas de que se constituya la nueva corporación -con la celebración de Fogueres y el parón vacacional de agosto a la vuelta de la esquina-, los populares han modificado esa hoja de ruta y se inclinan por centrarse en la planificación de las cuentas del próximo ejercicio, y en buscar los apoyos imprescindibles para su aprobación, con el propósito de que puedan entrar en vigor en enero (como Barcala defendió en una entrevista concedida a este diario antes de las municipales), y no entre el primer y el segundo trimestre de cada ejercicio, como viene sucediendo desde principios del mandato 2015-2019.
Así lo ha expresado ya el mismo alcalde en funciones, Luis Barcala, que retendrá la vara de mando a partir del 17 de junio como cabeza de lista de la candidatura más votada en los comicios del 28M, después de que todos los grupos políticos de la oposición hayan rechazado la posibilidad de apoyar su investidura. De hecho, el primer edil anticipó ese nuevo planteamiento sobre las cuentas municipales este lunes en una entrevista radiofónica concedida a la cadena Cope en la que señaló que los objetivos que se pretendían alcanzar con la propuesta de planificación económica de 2023 se habían conseguido ya con la puesta en marcha de las dos modificaciones de crédito que se aprobaron justo antes de la cita con las urnas (y que ahora siguen pendientes de la resolución de alegaciones). Esos dos objetivos, según explicó, consistían en garantizar las partidas necesarias para el desarrollo de proyectos cofinanciados con fondos comunitarios y desbloquear la asignación de las llamadas subvenciones nominativas: ayudas concedidas a entidades y asociaciones sujetas al cumplimiento de fines concretos.
De este modo, el escenario que se contempla en el momento en el que se dé por inaugurado el nuevo mandato (a partir de la constitución de la corporación, el día 17) es el de poner el foco en la confección de las próximas cuentas para concentrar en ellas la finalización de las inversiones plurianuales programadas en 2022, 2023 y 2024 que todavía no se han completado. Solo en el caso de que resultase necesario, se optaría por promover nuevas modificaciones de crédito respecto a los presupuestos prorrogados de 2022 (los que permanecen en vigor tras su activación automática desde enero de este año) para atender urgencias que requiriesen de fondos suplementarios.
Con ello, se evitaría el trámite de reabrir el periodo de negociación con los cuatro grupos opositores que resultaría necesario en la hipótesis de que se abogase por retomar el nuevo presupuesto para 2023 que el actual bipartito en funciones (PP y Cs) llegó a aprobar en Junta de Gobierno, aunque sin elevarlo a debate en la Comisión de Hacienda ante la falta de apoyos.
Sea como fuere, lo cierto es que el PP seguirá quedando abocado a depender del diálogo para que las cuatro fuerzas opositoras (PSPV-PSOE, Vox, Compromís y Unides per Alacant) puedan facilitar que las cuentas de 2024 prosperen por mayoría absoluta o por mayoría simple (lo que implicaría la abstención de al menos otro grupo político). Se trata de la misma circunstancia que ha concurrido en el mandato 2019-2023, cuando PP y Cs han venido sumando 14 concejales: los mismos obtenidos ahora por el PP en solitario, a un representante de la mayoría absoluta.
Por lo pronto, en tres de los ejercicios precedentes (2020, 2021 y 2022), Barcala ha podido contar de forma permanente con el respaldo expreso o tácito (abstención) de los dos representantes de Vox (al margen del apoyo que el PSOE también prestó en 2021). No sucedió lo mismo en el proyecto económico trazado para este 2023, en el que Vox supeditó su apoyo a la retirada del proyecto de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Está por ver lo que pueda suceder a partir de ahora, después de que el PP haya rechazado la oferta de pacto formulada por Vox para formar un equipo de gobierno conjunto con 18 concejales (14 del PP y 4 de Vox) y de que se siga manteniendo el desarrollo de esa ZBE, en cumplimiento de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. A priori, todo podría depender de cuál pueda ser la relación que pueda fraguarse entre los dos partidos en el ámbito autonómico -donde el PP va a acabar dependiendo necesariamente de los votos de Vox para presidir la Generalitat- y en el ámbito nacional, tras la celebración de las elecciones generales del 23 de julio.
Por su parte, las tres formaciones del eje progresista (PSPV-PSOE, Compromís y Unides per Alacant) también avanzaron este martes que su objetivo es respaldar las iniciativas que sean beneficiosas para la ciudad, que no siempre tendrán por qué ser coincidentes con los planteamientos que puedan formular el equipo de gobierno del PP, como apuntó la lideresa socialista, Ana Barceló.
