Programa más de 50 actuaciones en barrios en un plan plurianual con cargo a un tercer crédito bancario, después de haber descartado la subida de impuestos. La propuesta sigue sin contar los votos necesarios después de que el PSOE haya reclamado fondos para vivienda y para combatir la pobreza infantil, y de que Compromís y Esquerra Unida Podem también hayan requerido medidas para fomentar la cohesión social y promover la sostenibilidad.
ALICANTE. Los costes de personal, el alza de precios de los consumos energéticos y la prestación de los servicios públicos municipales que se acaba de renovar con contratas actualizadas (limpieza viaria y recogida de basura y transporte público en autobús, fundamentalmente) llevan al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), a recurrir a la contratación de un nuevo préstamo bancario para poder financiar inversiones. Sobre todo, después de haber apostado por mantener su política de fiscalidad blanda para no promover el aumento de tributos de recaudación municipal (IBI, IAE, IVTM e ICIO) o la actualización de tasas como el recibo de la basura, por ejemplo, como sí están haciendo otros ayuntamientos de la provincia.
Ese nuevo préstamo será el tercero a concertar desde el pasado mandato, puesto que en junio de 2022 ya se concertó un primer crédito de 19,8 con Sabadell y Unicaja para financiar la ejecución de distintas actuaciones de renovación urbana (la reforma de la Plaza de San Blas, la peatonalización de la Avenida de la Constitución o la reforma de El Palmeral, entre otras), al que se sumó otro, suscrito el pasado septiembre con Eurocaja Rural, por otros 9,7 millones para cubrir de forma anticipada los proyectos de reurbanización cofinanciados por la Unión Europea.
En todo caso, esta tercera operación de financiación será todavía por un importe superior, de 45 millones, según confirmaron fuentes del equipo de gobierno consultadas por Alicante Plaza al término de la ronda de encuentros políticos con los representantes de los grupos que ejercen funciones de oposición, que se completó este miércoles, con tres citas por separado con representantes de Compromís, Esquerra Unida Podem (EU) y PSOE (por ese orden).
En concreto, ese nuevo préstamo debe servir para ejecutar actuaciones que requieran de plazos de ejecución prolongados, a desarrollar en varios años, con el fin de que no queden sujetos a la vigencia de un presupuesto anual. Se trata de un paquete de más de 50 proyectos que se extenderían en todos los barrios de la ciudad, según las mismas fuentes, entre las que figurarían algunas de las intervenciones ya anunciadas por el PP, como la primera fase del parque deportivo proyectado entre los PAU 4 y 5 de Playa de San Juan, el nuevo pabellón de Tómbola, o la segunda fase de la avenida de Niza, por ejemplo.
De este modo, en el proyecto de presupuestos planteado por el PP solo se dará cabida en el capítulo de inversiones a actuaciones de corto recorrido que puedan ejecutarse en cuestión de meses y no requieran de grandes desembolsos, según las mismas fuentes. Sobre todo, porque solo los capítulos de personal y de gastos corrientes ya consumen 284 millones de los 361 a los que ascenderá el importe global del presupuesto, según precisaron fuentes de la oposición.
En cuanto a los ingresos, se prevé disponer de 102 millones en transferencias de otras administraciones, 18 en cesión de impuestos estatales, 128 en concepto de recaudación de impuestos municipales y 45 por tasas. De ahí que se haya optado por buscar una vía de financiación externa para cubrir el coste de proyectos que el PP considera necesarios para transformar y modernizar la ciudad, al considerar que se dispone de un amplio margen para el endeudamiento, después de que, en 2019, se acordase la cancelación anticipada de todos los créditos contratados con anterioridad. De hecho, ese fue uno de los argumentos esgrimidos por el edil de Hacienda, Toni Gallego, en los encuentros mantenidos con los grupos de la oposición, este miércoles, al apuntar que el nivel de deuda de Alicante se sitúa en el 10% mientras que la mayoría de ayuntamientos se encuentran entre el 40 y el 50%.
En todo caso, entre los nuevos proyectos a desplegar con cargo al presupuesto ordinario no figurará financiación expresa para la construcción de los nuevos centros pendientes para el CEIP La Cañada y para el CEE El Somni, que sí quedaron incorporados en la propuesta presupuestaria de 2023 (que no llegó a debatirse en pleno por falta de apoyos para que pudiese quedar aprobada). Se trata de dos actuaciones que debían quedar financiadas con cargo al Plan Edificant (de tramitación municipal, pero con fondos transferidos por la Generalitat) a la espera de que los nuevos responsables de la Conselleria de Educación puedan confirmar su desarrollo en ese mismo programa. Por el momento, además, los proyectos constructivos de ambos centros están en fase de revisión para actualizar sus importes, como consecuencia del incremento de precios de los materiales registrado desde que se produjo su redacción.
Sí se contemplan, no obstante, el resto de actuaciones previstas en los centros del CEIP Juan Bautista Llorca, en el CEIP La Florida y en el CEE Santo Ángel de la Guarda -ahora en fase de contratación de obra-, que también se incluyeron en el Plan Edificant, así como la reforma de las instalaciones del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá como nueva sede provisional de la escuela infantil municipal Siete Enanitos, además de la partida necesaria para el inicio de la construcción de su nuevo centro.
En todo caso, la propuesta presupuestaria promovida por el equipo de gobierno sigue sin contar con respaldos garantizados entre los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. Las reuniones mantenidas este miércoles con concejales de PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem concluyeron con el mismo resultado que el encuentro celebrado el martes con Vox, a pesar de que este último partido sí vio con buenos ojos el hecho de que no se incluyesen partidas específicas para las áreas de igualdad, cooperación internacional y políticas LGTBI (en realidad, porque han quedado agrupadas bajo el paraguas de una misma concejalía, la de Bienestar Social, según matizaron fuentes del equipo de gobierno).
En cualquier caso, si los representantes del partido que preside Santiago Abascal dejaron su posición de voto en el aire, a la espera de conocer las cifras definitivas, el posible reflejo de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el balance de admisión de sus enmiendas, los tres grupos políticos que conforman el eje progresista fueron incluso un paso más allá y no escatimaron en críticas respecto a las previsiones que se les había trasladado.
En primer término, el PSOE reclamó al gobierno municipal fondos específicos para facilitar el acceso a la vivienda, combatir la pobreza infantil, desarrollar el plan integral en la Zona Norte, y el elevar al 10% el presupuesto destinado a que los representantes de los distritos puedan elegir a qué actuaciones concretas prioritarias en cada barrio debería derivarse ese importe presupuestario.
En esta línea, su portavoz municipal, Ana Barceló, planteó "que el presupuesto de Alicante para 2024 incluya un plan para que la ciudadanía vea atendidas sus necesidades más básicas". A la espera de poder conocer las partidas pormenorizadas de las cuentas, Barceló consideró necesario "que se incluyan dotaciones económicas para facilitar el acceso a la vivienda, atender y atajar la pobreza infantil", además de "un plan para atender las necesidades de los mayores, asistiendo así a quienes sufren la soledad no deseada".
"El gobierno de Barcala todavía no nos ha presentado todas las cifras concretas para poder analizar el presupuesto. Por tanto, no vemos una voluntad política real para llegar a ningún acuerdo. Si fuera así, se pondrían ya las cuentas sobre la mesa para dar a conocer partida a partida. No obstante, el PSOE tiene muy claras cuáles van a ser sus líneas rojas en materia presupuestaria, y van en la línea de atajar las principales problemáticas que afectan a las alicantinas y alicantinos", apuntó, tras la reunión mantenida con el concejal de Hacienda, en la que también participó la concejala socialista Silvia Castell.
Para Barceló, "el presupuesto no ataca los factores que generan desequilibrio social y reduce las oportunidades de la clase media y trabajadora, con necesidades que quedan sin atender". Y añadió que su partido no aceptaría "los recortes contemplados en sanidad, educación, cultura, emergencia social, mayores y familia, integración social o igualdad, entre otras". Así, destacó que "el gobierno municipal no ha presentado el plan de inversiones para 2024. Por el momento, solo se conoce que se recurrirá a un préstamo de 45 millones para concluir las inversiones que ya están en marcha".
En esa línea, consideró que los presupuestos "no dibujan un proyecto de ciudad y que la gestión económica del PP ha desembocado en una reducción de los ingresos disponibles y, por tanto, de la capacidad inversora". De este modo, a falta de conocer la distribución de las partidas económicas diseñadas por el PP, la líder del principal grupo de la oposición desgranó sus líneas rojas respecto al presupuesto, a través de un comunicado:
➡ Acceso a vivienda. "Los socialistas reclamamos un plan para destinar fondos a paliar las dificultades de acceso a la vivienda, reservando fondos para ayudas directas a inquilinos y arrendatarios, así como para construir vivienda pública y adquirir vivienda vacía, como se está haciendo en otros municipios que han aprovechado subvenciones europeas para esta cuestión", apunta la nota pública.
➡ Fondo contra la pobreza infantil. "Es inaceptable que el índice de pobreza infantil alcance el 38,3% en la ciudad, trece puntos por encima de la media provincial (25,3%). El presupuesto de Alicante para 2024 debe incluir un fondo específico para combatir esta realidad. No podemos podemos permitir que haya niños y niñas que corran el riesgo de no tener cubiertas sus necesidades básicas", recalca el comunicado.
➡ Presupuesto específico Zona Norte. "La puesta en marcha de una comisión para abordar actuaciones dirigidas a superar los desequilibrios y desigualdades territoriales en este área de la ciudad no es suficiente. Reclamamos que la segunda fase del Plan Integral de Barrios de la Zona Norte disponga de fondos suficientes para poder alcanzar los objetivos. Cabe recordar que Alicante, según el último estudio del INE, es la capital provincial con menor renta anual por habitante de toda la península, sólo por detrás de Ceuta y Melilla en el conjunto del país", añade el PSOE.
➡ Inversión por barrios. "El presupuesto para 2024 debe duplicar los fondos reservados para que los vecinos y vecinas puedan decidir a qué se destinan las inversiones, es decir, cuáles son las actuaciones que consideran prioritarias. Reservar sólo el 5% de las inversiones, que es el mínimo que recoge el reglamento de distritos, nos parece insuficiente y se debe incrementar al 10%. Todo mientras los vecinos y vecinas están hartos de reclamar mejoras al Ayuntamiento", prosigue el PSOE.
➡ Soledad no deseada. "Nuestros mayores, la generación que trabajó por construir el estado del bienestar, tiene que sentirse acompañada y ver atendidas sus necesidades básicas. El presupuesto municipal para 2024 debe incluir fondos para poner en marcha un plan para combatir la soledad no deseada", concluye la nota pública.
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, expresó su preocupación respecto a los datos facilitados por los representantes del PP sobre las previsiones contempladas en los presupuestos al señalar que no se incluyen las actuaciones que resultan necesarias para reforzar la cohesión social, propiciar la generación de empleo o atender la emergencia climática.
Al tiempo lamentó que todavía no se haya precisado cuál serán las aportaciones definitivas de la Generalitat para el desarrollo de proyectos en Alicante, así como el retraso en el traslado de la información sobre el borrador del presupuesto "cuando casi la mitad de los 361 millones que se contemplan, hasta 158, corresponden a contratas que están externalizadas en manos de empresas privadas". "No entendemos por qué hace falta tanto tiempo para cuadrar el resto", insistió. De igual modo, expresó su preocupación "ante los recortes que vemos en ayudas de emergencia, en plan de inclusión, en centros de mayores".
Así, señaló que "no contemplan inversiones en vivienda, en centros comunitarios, en bibliotecas, en ayudas al comercio afectados por las obras...". "Son unos presupuestos que no arriesgan y que no aportan nada más; después de dos años y medio esperábamos algo más", señaló, aunque no cerró la puerta a "seguir negociando" en el supuesto de que se tuviesen en cuenta medidas enfocadas en la cohesión social, en la generación de empleo basado en la innovación y en la ecoinnovación y en el desarrollo de medidas frente al cambio climático.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, recalcó la falta de precisión respecto a las cuentas al sostener que la información que se les había trasladado había sido muy genérica, "sin documentación y sin saber inversiones reales. Así es difícil abordar nada con rigor, ya que sin saber inversiones reales es muy difícil valorar si lo que estamos solicitando está o no incluido en el borrador".
Al tiempo, señaló que "si no hay partidas suficientes en cooperación internacional, vivienda y vivienda social, servicios sociales, educación y medidas concretas de sostenibilidad no contarán con nuestro voto a favor". Y en tercer lugar, apuntó que sin que se contemple un mínimo de "dos millones por año para la carrera profesional no votaremos a favor". "No es posible continuar negándoles a los trabajadores el pan y la sal", subrayó.
En todo caso, avanzó que su grupo presentaría enmiendas a las cuentas, "pero una vez que conozcamos el detalle de las propuestas de gastos. No se puede despachar un diálogo sereno y con la suficiente profundidad en poco más de media hora y si conocer la letra pequeña de cada uno de los capítulos. La estimación de ingresos es de 310,7 millones y el gasto previsto de 361 millones, por lo que habrá que acudir a inversiones financiadas. Todo, cuando se están disminuyendo los ingresos por tributos municipales que dejan con menos recursos a las arcas municipales", concluyó.
Tras la ronda de contactos políticos, el equipo de gobierno prevé que la propuesta de planificación económica pueda quedar aprobada en cada uno de los organismos autónomos (Patronato de Vivienda, Patronato de Turismo, Agencia Local de Desarrollo y Patronato Municipal de Escuelas Infantiles) entre finales de esta semana y mediados de la próxima, lo que permitirá elevar a fiscalización del departamento de Intervención la propuesta de presupuesto global en el margen de unos diez días.