ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, ahora compuesto por el Partido Popular (PP) en solitario tras los comicios del 28 de mayo, toma posiciones respecto al procesamiento de los exconcejales de Partidas Rurales y de Infraestructuras durante el pasado mandato, Manolo Jiménez y José Ramón González, por las supuestas anomalías registradas en la tramitación de cuatro actuaciones desarrolladas en la plaza de la partida de La Alcoraya en el conocido como caso contratos.
El vicealcalde y portavoz de los populares, Manuel Villar, se ha limitado este martes, en la comparecencia semanal en la que se informa sobre los acuerdos aprobados en Junta Local, a expresar el respeto del equipo de gobierno "a todas las decisiones judiciales aunque no se compartan" y, al tiempo, ha demandado que se dé la celeridad necesaria "para que todos los trámites de este tema se resuelvan cuanto antes", ha apuntado.
Como informó este diario, la titular del Juzgado de Instrucción Número 9 dictó este lunes un auto por el que se resuelve la transformación en procedimiento abreviado de las diligencias incoadas sobre las presuntas anomalías registradas en esos contratos al apreciar indicios de la comisión de un delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento. En concreto, la jueza concluyó que, de la prueba practicada, podía colegirse que los exconcejales dieron impulso a esas contrataciones por separado, cuando se debía haber promovido un único concurso global en el que se agrupasen todas las actuaciones que se acabaron desarrollando.
En concreto, la instructora se refiere al encargo para la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en la plaza Manuel Giménez Pastor de la partida de La Alcoraya, que sí salió a concurso; a la reparación del escenario de la misma plaza, que se encargó tras la petición de tres presupuestos; y a la instalación de una pérgola en ese espacio público, también concertado a través de esa fórmula prevista para los contratos menores, que no permite la pública concurrencia.
La decisión aboca a los dos exconcejales del PP a la celebración de juicio, salvo que sus respectivas defensas registren los correspondientes recursos y sean estimados por la Audiencia Provincial.
Por lo pronto, la Audiencia sí ha estimado un recurso de apelación relacionado con otro asunto que también atañe al funcionamiento municipal, en lo que respecta a la organización del cuerpo de Policía Local. En concreto, se trata del recurso presentado por al menos un agente adscrito al Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) sobre el que se ordenó su traslado a otra unidad, junto al de otros tres agentes, a través de una orden de servicio interna que los cuatro afectados consideraron como una sanción encubierta.
Los afectados denunciaron los hechos al considerar que podían ser constitutivos de un delito de prevaricación, pero el Juzgado de Instrucción Número 9 acordó el archivo y sobreseimiento libre de la denuncia, el pasado mes de marzo, sin citar a declarar al jefe del cuerpo, José María Conesa. No obstante, esa resolución fue recurrida y ahora, en un auto fechado el 24 de julio, un tribunal de la Sección Décima de la Audiencia conmina a reabrir la causa y a que se tome declaración a los denunciantes y al querellado, en alusión a Conesa.
Por su parte, el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, también se ha manifestado este martes respecto a esa resolución para reiterar la posición de respeto respecto a las decisiones judiciales, tras apuntar que no tenía conocimiento de los pormenores del auto. Al tiempo, ha añadido, respecto a una hipotética reorganización de la Policía Local, que se trata de un aspecto que podría estar en estudio bajo competencia del nuevo edil de Seguridad, Julio Calero.